La Silla Vacía

    Los globos de Néstor Humberto

    Los globos de Néstor Humberto


    Esta mañana la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia de Néstor Humberto Martínez como Fiscal General y le pidió la terna al Presidente Iván Duque para decidir sobre su reemplazo.   En tres años de administración,...

    Esta mañana la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia de Néstor Humberto Martínez como Fiscal General y le pidió la terna al Presidente Iván Duque para decidir sobre su reemplazo.  

    En tres años de administración, Martínez enfrentó más de una polémica por sus relaciones con los poderosos, comenzando por su excliente Luis Carlos Sarmiento, principal socio de la corrupta multinacional Odebrecht, investigación sobre la cual se declaró impedido casi dos años después de que se lo exigieran públicamente; y por haber nombrado como fiscal anticorrupción al corrupto Luis Gustavo Moreno.

    Más allá de eso, sobre las investigaciones puntuales que lideró, el saliente Fiscal hizo varios anuncios que terminaron en globos, pues, o no existían, o no eran tan fuertes como él anunciaba en medios. 

    Encontramos estos:

    1 Metió a Santrich con el caso de corrupción del fiscal Bermeo y luego dijo que no tenía pruebas

    En marzo pasado, la Fiscalía lanzó una bomba en Twitter anunciando la captura del entonces fiscal de la JEP, Carlos Julián Bermeo, del exsenador condenado por parapolítica, Luis Alberto ‘el Tuerto’ Gil, y de otras tres personas más por “incidir en trámite extradición de Zeuxis Hernández”, que es el verdadero nombre de Jesús Santrich.

    Aunque normalmente lo que hace la Fiscalía cuando da noticias de ese tipo es convocar a ruedas de prensa para que el mismo Fiscal o en su defecto alguno de sus delegados entregue detalles del caso, salvo por ese trino, que hicieron un viernes en la tarde, no se volvieron a emitir pronunciamientos ni ese día, ni durante el fin de semana luego de esa bomba noticiosa.

    Solo fue hasta cuatro días después que, en la audiencia de imputación, la Fiscalía reveló una serie de videos y audios que, además de mostrar a Bermeo diciendo que podía interferir en la extradición de Santrich, revelaron un presunto intento de tráfico de drogas de ellos dos hacia Roma.

    Como contó La Silla en ese momento, todo lo que pasó en la audiencia generó más dudas que respuestas, porque en ninguna de las pruebas que presentó la Fiscalía se estableció que Santrich estuviera involucrado o tuviera nexos con Bermeo, Gil o alguno de los otros capturados.

    Además, porque tampoco quedó claro si Bermeo tenía real injerencia en la JEP o cómplices internos (dijo que fue el que demoró la carta que envió esa justicia a Washington para pedir pruebas sobre el caso y decidir sobre la extradición), o si estaba cañando diciendo que podía hacerlo.

    Algo que era clave porque como fiscal de la JEP él no tenía incidencia en ese proceso ni línea directa con los magistrados.

    Seis días después de esa imputación, Néstor Humberto Martínez salió a decir en medios que, pese a que su entidad anunció el caso de presunta corrupción amarrado a Santrich, no tenía pruebas de que el exguerrillero estuviera involucrado.

    Algo que generó más dudas aún sobre la actuación de la Fiscalía, porque una de las preguntas que quedó abierta desde que se empezó a hablar del caso estuvo en si el agente infiltrado fue un provocador del delito, debido a que hasta donde se sabe él fue el que buscó a Bermeo y a Gil y les preguntó si podían intervenir en el caso Santrich.

    Así que al final quedó la sensación de que, si bien el exfiscal Bermeo de la JEP estuvo incolucrado en presunta corrupción, se usó el gancho de Santrich para magnificar el anuncio.

      2 No estremeció con sus anuncios sobre el fraude electoral

    En mayo del año pasado, a cuatro días de la primera vuelta presidencial, Néstor Humberto Martínez dijo en una rueda de prensa que había una corrupción “nauseabunda en las elecciones”, pero que las pruebas las entregaría después de la segunda vuelta electoral, o sea casi un mes después.

    Aunque la referencia la hizo explícitamente sobre el caso de la entonces representante conservadora del Atlántico Aída Merlano, a quien el día de las legislativas la Policía le encontró en su sede de campaña 268 millones de pesos en efectivo, cuatro armas y documentos, que en palabras del procurador Fernando Carrillo, evidencian “una organización criminal al servicio del fraude electoral”, generó expectativa porque, además, el Fiscal anunció que ese no era el único caso que la Fiscalía tenía en la mira.

    “El país va a quedar escandalizado cuando se conozca y no lo haré sino hasta los resultados de la segunda vuelta, para que no digan que estoy participando en política”, dijo en ese entonces.

    Como hizo el anuncio justo cuando había una gran denuncia ciudadana de supuesto fraude en la primera vuelta contra Gustavo Petro y a dos semanas de la segunda vuelta, varios sectores interpretaron que las declaraciones tenían que ver con las presidenciales.

    Por esa razón fue que en ese entonces tanto Petro como el ahora presidente Iván Duque le pidieron que revelara lo que sabía.

    Eso no sucedió, y solo fue hasta 20 días después que Martínez salió a medios a detallar los casos que estaba investigando.

    Al final el anuncio quedó desinflado porque, como contamos en su momento, todos los hechos eran aislados entre sí, ya se conocían -aunque con menos detalles- por denuncias de prensa o en redes, y no tocaban a ningún pez gordo.

    Por ejemplo, Martínez anunció un caso de corrupción al sufragante en el que ofrecían viajes y electrodomésticos en Antioquia, amenazas a funcionarios públicos y contratistas para que votaran por un candidato específico en Antioquia y Bogotá, manipulación de tarjetones en López de Micay en el Pacífico, y contratación de transporte para mover votantes en Atlántico y Magdalena.

    Todos esos casos tienen símiles en buena parte de las regiones del país, tal y como lo contó La Silla, y como lo explicamos en el libro “El dulce poder”, por lo que al final Martínez no reveló nada nuevo o “estremecedor”, como anunció con bombo.

      3 Habló de coimas en Hidroituango y luego ya no

    Hace un año Martínez anunció que la Fiscalía estaba investigando posibles pagos de coimas en la entrega de contratos para la puesta en funcionamiento de la hidroeléctrica Hidroituango, en crisis desde esa época.

    En ese momento dijo que “habría habido pagos en el proceso de contratación de la represa”, basado en una información que, dijo un año después, le llegó sobre un posible soborno en contratación. Pero hasta ahora no ha revelado que tenga más indicios ni que eso se esté investigando.

    Lo anterior porque, al anunciar medidas, ninguna tiene que ver con eso en concreto.

    Martínez anunció en marzo que llamaría a imputación de cargos a dos exgerentes de EPM (la empresa que está haciendo el proyecto) y a la Sociedad Hidroituango (dueña del proyecto), por el contrato que firmaron en 2010 para que la empresa hiciera la obra, algo que Martínez llamó “el pecado original de Hidroituango”.

    Pero no lo hizo por recibir pagos o coimas, sino porque, como contamos en su momento, la Fiscalía considera que el convenio entre la Sociedad Hidroituango y EPM es ilegal porque fue entregado a dedo en 2010, a pesar de que la Sociedad arrancó una subasta internacional, las dos entidades son públicas, y quienes firmaron ese contrato son según él responsables de celebración de contratos sin cumplir todos requisitos legales. 

      4 Su tesis de la infiltración de las disidencias en universidades salió coja

    Justo cuando el expresidente y senador Álvaro Uribe aseguró que a los estudiantes, los profesores “les retuercen el cerebro”, el fiscal Néstor Humberto Martínez denunció que tenía pruebas de que disidencias armadas de las Farc comandadas por Gentil Duarte e Iván Mordisco estaban infiltrando 10 universidades públicas.

    La tesis de la Fiscalía, que dijo tener amplio material probatorio, está cimentada principalmente en las capturas en el Meta de dos hombres, alias ‘Alejandro’ (que fue compañero en las Farc de 'Rodrigo Cadete', otrora hombre fuerte de Duarte que murió este año en un operativo de la Fuerza Pública) y ‘Lenin’, quienes estarían haciendo ese trabajo.

    Ese día Martínez también dijo que las disidencias y el ELN tendrían vínculos con el grupo conocido como JM-19, que últimamente ha protagonizado actos violentos en protestas estudiantiles.

    Sin embargo, tras hablar con 52 fuentes en terreno, no encontramos a nadie -ni directivos, ni rectores, ni estudiantes, ni profesores, ni autoridades locales- que hablara de que grupos clandestinos que se identifican con Farc o el JM-19, tengan necesariamente conexión con las disidencias armadas.

    Lo que sí nos dijeron fue que no era clara su postura ideológica, que eran violentos, y  que tampoco se sabe con certeza quiénes lo integran, y que así como hay posibilidad de que sean disidentes de células de las Farc, no es claro que estén necesariamente alineadas con Duarte y Mordisco.

    Encima, una fuente de la Fiscalía que conoce de cerca las investigaciones, nos precisó que la información que tienen es que las personas encargadas de las infiltraciones (las que le responderían a Gentil Duarte o a Mordisco) “entran a la universidad, dan charlas sobre la filosofía fariana y la lucha contra el Estado”, pero que aunque saben que el grupo base por universidad es de entre tres y cuatro personas de las disidencias, no tienen clara la magnitud de la infiltración.

    Es decir, no está claro más o menos cuántos estudiantes por cada universidad pertenecen a estos grupos, pese a que en su comunicado el Fiscal no matizó cuando afirmó que se trataba de una "estrategia criminal" en las principales universidades públicas del país.

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    Fiscal General de la Nación

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    Semana tenía la investigación del New York Times

    Semana tenía la investigación del New York Times


    A fines de abril el saliente secretario general de Presidencia, Jorge Mario Eastman, visitó las oficinas de Revista Semana. Allí habló con el director, Alejandro Santos, y con Ricardo Calderón, curtido periodista investigativo, sobre denuncias...

    A fines de abril el saliente secretario general de Presidencia, Jorge Mario Eastman, visitó las oficinas de Revista Semana. Allí habló con el director, Alejandro Santos, y con Ricardo Calderón, curtido periodista investigativo, sobre denuncias idénticas a las que reveló el New York Times este sábado.

    La investigación que lideraba Calderón nunca salió publicada, a pesar de que en el consejo de redacción de la revista se habló de ella varias veces y se dijo que daba para portada.

    La pregunta es por qué no salió, cuando habría sido un éxito del periodismo investigativo como los que ha tenido Semana.

    En pos de la chiva perdida

    Según seis fuentes que conocieron los hechos, Calderón tenía la investigación lista hace varias semanas, hacia Semana Santa. Sus fuentes eran las mismas a las del New York Times; los documentos también. Pero algo pasó.

    Hay varias versiones sobre lo ocurrido después de eso, que coinciden en todo caso en lo esencial.

    Una versión, de fuentes indirectas, dice que en una comida en Palacio entre el presidente Iván Duque y los dueños de Semana -Gabriel Gilinski, y María y Felipe López- alguien del lado de Semana habló de la investigación. Según esa versión, el Presidente respondió que creía importante contrastar bien el tema, lo que llevó a que en Semana decidieran esperar un contraste con fuentes oficiales.

    Las otras versiones dicen que en ese encuentro no se habló de la investigación.

     

    Dos fuentes que lo saben de primera mano le contaron a La Silla que en esa comida Duque habló del cubrimiento de Semana, pero de otro tema: se quejó especialmente de la debatida portada “Seguridad, alerta roja”, del 14 de abril.

    La segunda versión parte de esa queja y dice que eso tensó la relación con Duque y que Alejandro Santos decidió aplazar la publicación y contarle al Gobierno de ella, para así evitar un choque político más fuerte.

    Santos le dijo a La Silla que eso no fue así, pero coincide con las fuentes de esa versión en que después de la comida se dio la visita de Eastman a Semana, en la que el funcionario supo de la investigación.

    Para una de las fuentes, en ese encuentro Eastman “termina convenciéndolos de no publicar”. Es decir, que gracias a un alto funcionario de Palacio, Semana engavetó la investigación.

    Eastman le confirmó a La Silla Vacía que sabía que Semana tenía la información “desde hace dos o tres semanas”, pero que “era una investigación periodística que estaba en proceso”, no una terminada, y que todavía faltaba para pensar en una engavetada.

    Santos le explicó a La Silla que Eastman fue por su experiencia en asuntos de seguridad y defensa (fue viceministro de defensa de Uribe dos veces), y que después de la reunión no la engavetó sino que faltaba tiempo por el proceso de hacer las verificaciones y contrastes pertinentes. Además, que las semanas siguientes tuvo un viaje fuera del país y fue el festivo del primero de mayo, lo que demoró el proceso.

    Esa es la tercera versión.

    Las tres versiones coinciden en su relato a partir de ahí: mientras Santos esperaba datos y argumentos del Gobierno, las fuentes de Calderón se empezaron a poner nerviosas dado lo grave de la denuncia, y terminaron buscando a Nick Casey, el periodista del New York Times.

    Casey verificó lo que le llevaron las fuentes, redactó la nota e hizo reportería adicional, como cuando estuvo en la rueda de prensa del ministro de Defensa, Guillermo Botero, el viernes.

    Ese trabajo fue el que alertó al grueso del Gobierno de la nota que se venía pierna arriba, como demostró la prioridad que le dio a ese tema el viernes, en medio de los rumores de conmoción interior y la tensión por la finalmente fallida libertad de alias Jesús Santrich.

    El periodista del Times también impulsó la nota en su medio y respondió a las preguntas de los verificadores de Nueva York, con tanto éxito que los editores la vieron tan relevante que decidieron sacarla en primera página del impreso un domingo y en inglés, y no solo en web y en la edición en español.

    Allí estalló el escándalo ya conocido, y que va en que el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, decidió retirar el documento que muestra que estaba pidiendo muertes entre los resultados operativos de sus subordinados, que fue el germen de los homicidios de civiles conocidos como “falsos positivos”.

    Calderón nos respondió que el vocero es el director y Santos dice que Semana no publicó la chiva sencillamente porque el Times “nos chivió”.

    “Es la sana competencia entre los medios, que ayuda a que en una democracia haya contrapesos al poder.", explica. "Lo importante es que la información salió a la luz”.

    Pero no en el medio que en el pasado lideró investigaciones tan importantes como las chuzadas del DAS, la parapolítica o la reunión clandestina de 'Job' en Casa de Nariño.

    Gobierno DuqueMedios Silla Nacional Silla Nacional La conmoción de Duque es exterior, por un artículo del New York Times (actualizada) Silla Nacional Un documento muestra que sí volvió el germen de los falsos positivos semanafalsos positivosnew york timesPublicar en: Silla CaribeSilla SantandereanaSilla PacíficoSilla SurSilla PaisaInteractiva: 
    El uribismo le pone freno de mano al puesto de Duque para un liberal

    El uribismo le pone freno de mano al puesto de Duque para un liberal


    El nombramiento de la exrepresentante liberal por Bogotá Olga Lucía Velásquez como Superintendente de Vigilancia sigue en veremos después de mes y medio de que la Presidencia publicó su hoja de vida como aspirante a ese cargo, que suele ser un paso...

    El nombramiento de la exrepresentante liberal por Bogotá Olga Lucía Velásquez como Superintendente de Vigilancia sigue en veremos después de mes y medio de que la Presidencia publicó su hoja de vida como aspirante a ese cargo, que suele ser un paso previo a la posesión si nada extraordinario ocurre.

    El enredo, como contamos en La Silla Cachaca, parecía ser jurídico porque presuntamente estaba inhabilitada.

    Sin embargo, el nombramiento de Velásquez tiene la oposición de la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, una uribista purasangre muy cercana al expresidente y senador Álvaro Uribe, que es la encargada de firmarlo y ya dijo que no lo hará, a pesar de que esa era una movida del presidente Iván Duque, que es amigo de Velásquez.

    En medio de eso hay un grupo de liberales molesto y una confusa mención al corrupto exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, que paga condena por el cartel de la contratación.

      Sin el respaldo rojo

    La posible llegada de Velásquez a la Supervigilancia fue llamativa en un comienzo porque milita en el Partido Liberal y el presidente Iván Duque aún no ha abierto la puerta para que ese partido tenga participación en el alto Gobierno

    Sin embargo, de llegar al cargo, no sería a nombre del liberalismo.

    La Silla Cachaca supo por tres fuentes del liberalismo (incluido un representante a la Cámara y un senador de ese partido que nos pidió reserva) que a comienzos de este año el Gobierno les ofreció la Supervigilancia a los representantes a la Cámara rojos, y que enviaron tres hojas de vida diferentes a la de Velásquez. No logramos establecer los nombres, pero ambas fuentes coincidieron en que esos aspirantes comenzaron el proceso de selección y alcanzaron a presentar papeles.

    Ese dato es importante porque significaría la disposición del gobierno de Iván Duque a entregar mermelada, es decir: altos cargos a partidos diferentes al Centro Democrático, Conservador, el MIRA y otros cristianos, que lo acompañaron desde la primera vuelta y están representados en su gabinete. El liberalismo, en cambio, sólo lo apoyó en segunda vuelta, pero se declaró en independencia y no partido de gobierno.

    Los tres recomendados de los rojos fueron descartados por el gobierno por falta de méritos, y a comienzos de abril la Presidencia publicó la hoja de vida de Velásquez con la idea de nombrarla en la Supervigilancia.

    Es decir: ella no iba con el respaldo de la bancada liberal en la Cámara, a la que el Gobierno le había ofrecido el cargo, y los representantes, supo La Silla por dos de ellos y por otra fuente del partido, no estaban dispuestos a reconocerla como cuota roja.

    La recomendada de Duque que ahora dicen que es de Samuel Moreno

    La primera versión sobre la participación de Velásquez en el proceso de selección para la Supervigilancia es que se debe a la buena relación profesional que ella e Iván Duque forjaron cuando eran congresistas y coincidieron en las comisiones terceras (él en el Senado y ella en la Cámara), en el cuatrienio pasado (2014-2018).

    El 20 de marzo de este año se reunieron en Palacio y, según Velásquez, ese día el Presidente le pidió enviar la hoja de vida para el cargo, y posteriormente ella comenzó el papeleo.

    Esa versión casa con una que conocimos de parte de un representante a la Cámara, y es que ella dejó claro dentro del liberalismo que su nombramiento no era a nombre del partido sino a título personal por su buena relación con Duque.

    Después de eso fue que Presidencia publicó la hoja de vida para someterla a comentarios, y fue cuando a ella le salió el primer tropiezo: la posibilidad de que estuviera inhabilitada, como contamos en La Silla Cachaca.

    La discusión sobre la presunta inhabilidad La duda nació por cuenta del Estatuto de la Oposición, que impide que sean nombradas en altos cargos del Gobierno personas que militen en partidos que se hayan declarado en independencia (como el Liberal) y, durante el año anterior al nombramiento, hayan ocupado cargos directivos en esos partidos (Velásquez fue Presidenta del liberalismo en Bogotá hasta el primero de abril pasado). Sin embargo, una interpretación diferente, que habrían hecho en Palacio según conoció La Silla por una fuente cercana a ese proceso, le sirve a ella como escudo. Ésta indica que el Estatuto de Oposición diferencia los niveles de gobierno ante los cuales un partido se declara independiente: nacional, departamental y municipal. En este caso, el Partido Liberal se declaró independiente ante el Gobierno Nacional, pero el cargo directivo que ella ocupaba en el liberalismo era la Presidencia en Bogotá, por lo que la inhabilidad no le aplicaría. Cuando La Silla Cachaca publicó su primera historia sobre la posible inhabilidad, desde la Oficina de Prensa de Presidencia nos respondieron que el caso estaba en estudio de la Secretaría Jurídica. El viernes volvimos a preguntar, pero no obtuvimos respuesta.

    Sin embargo, todo indica que el lío jurídico no está pesando en este momento.

    Hace dos semanas, varios periodistas le preguntaron a la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, por las razones para la falta de definición de ese nombramiento. El encargado del nombramiento es el Ministro de Defensa, Guillermo Botero, pero desde el año pasado se declaró impedido para hacerlo porque tiene relación con empresas de seguridad, así que el presidente Iván Duque nombró a Arango Ministra de Defensa ad hoc para este caso. Tanto Botero como Arango pertenecen al ala uribista más dura de este Gobierno.

    La respuesta de ella a los periodistas, visiblemente molesta, fue: “me tienen hasta aquí con la preguntica, pero te digo una cosa: hay que buscar lo mejor; y mientras que yo sea Ministra de Defensa ad hoc para la Supervigilancia, busco lo mejor”.

    Con eso dio a entender que el problema no era jurídico, sino de falta de méritos de Velásquez, una ingeniera industrial que a pesar de haber sido Secretaria de Gobierno, no es experta en seguridad.

    Velásquez, además, tiene un perfil difícil de digerir para el grueso del uribismo, pues respaldó el Proceso de paz y fue vocera de la campaña presidencial del exjefe negociador en La Habana, Humberto de la Calle, y eso pesa más si va a estar al frente de la vigilancia de un sector relacionado con la principal bandera del Centro Democrático, que es la seguridad.

    El viernes pasado, la ministra Arango le dijo a La Silla Cachaca que seguían estudiando el tema. No mencionó la presunta inhabilidad de Velásquez, y en cambio sí se refirió a algo más político. Nos dijo que la hoja de vida de Velásquez le llegó “por parte de Samuel Moreno”, el exalcalde de Bogotá condenado por el cartel de la contratación. Y precisó: “él envió una hoja de vida con una persona. Él envió directamente la hoja de vida” de Velásquez.

    Hay que recordar que Velásquez trabajó en la Alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá entre 2008 y 2011, en la que ocupó cargos altos, primero como subsecretaria de Integración Social y luego como Secretaria de Gobierno. Desde entonces es común que una parte del mundo político la relacione con él a pesar de que ella insiste en que creció políticamente a pulso.

    La Silla Cachaca le preguntó a la Ministra por qué le dio trámite a una hoja de vida recomendada por un corrupto como Moreno, pero al cierre de esta historia no había respondido.

    Lo que nos dijo Velásquez fue que envió su hoja de vida directamente, “por correo electrónico, a María Rocío Vargas, asistente de María Paula Correa (Secretaria Privada de Duque), tal y como quedé con el Presidente en una reunión que tuve con él el 20 de marzo”. No quiso hablar más del tema.

    En medio de ese tire y afloje y de la oposición de la ministra Arango, la que iba a ser una Superintendencia liberal, fuera para Velásquez o para algún recomendado de ese partido, ya comenzó teñirse de uribismo.

    A cambio de liberales, en la Súper ya hay un tinte uribista

    Mientras el nombramiento de un nuevo Superintendente sigue estancado, en ese cargo se mantiene Fernando Martínez Bravo, que viene del gobierno Santos y es cuota del exsenador de La U Ángel Custodio Cabrera, confirmó La Silla con un político de ese partido y uno liberal que está al tanto de este caso.

    El Superintendente tiene dos delegados (el equivalente a los viceministros para los ministros) que nombra directamente, y recientemente nombró a Érika Uribe Restrepo como delegada para la operación, y en Presidencia está colgada la hoja de vida del ingeniero Óscar Javier Pérez Ruiz para ser nombrado como delegado para el control.

    De entrada es llamativo que esos nombramientos no los haya hecho un nuevo superintendente, sino el que supuestamente va a salir, que es cuota además de un político de La U como Cabrera que se movió en campaña por Iván Duque.

    Por lo menos el perfil de Pérez Ruiz da muestra de que el uribismo ya tiene un espacio más ganado que los liberales en la Superintendencia, pues es un político y contratista de Boyacá que fue alcalde del municipio de San Mateo (2008-2011) por el Partido Conservador y el año pasado trabajó en la campaña de Iván Duque a la Presidencia y le ayudó a conseguir votos al senador uribista de ese departamento Ciro Ramírez, nos confirmó el propio Ramírez.

    Uribe Restrepo tiene un perfil más técnico. Es una abogada de Medellín con maestría en derecho público militar, que viene de trabajar en la Dirección Jurídica del Ejército, fue directora comercial y jurídica de Emerging Technologies Corporation (un proveedor de tecnología y municiones de las Fuerzas Militares), profesora de la Escuela Superior de Guerra y asesora jurídica de la IV Brigada.

    Un representante liberal que ha estado pendiente de las movidas en la Superintendencia nos dijo que había escuchado que ella es cercana al Ministro de Defensa, Guillermo Botero, pero La Silla no logró confirmar eso con más fuentes. Otra fuente de ese partido también pendiente de lo que ocurre en la Súper nos dijo que es cercana al representante uribista Álvaro Hernán Prada, pero aunque le preguntamos a él, no nos había confirmado al cierre de esta historia.

    La ministra Alicia Arango nos dijo que como su función sólo es nombrar al nuevo superintendente, ella no incide en el nombramiento de los delegados.

    El caso es que si en un momento el gobierno pensó en darle la Súper a un liberal, el nuevo superintendente se encontrará con dos fichas claves en su despacho más afines al uribismo.

    Pero lo primero que habrá que definir es si efectivamente habrá superintendente rojo, pues aunque todo indica que Duque tuvo la intención de que así fuera con el llamado a los liberales de la Cámara y a Velásquez, la decisión hoy está en manos de su Ministra de Trabajo.

    Gobierno Duque Silla Cachaca Silla Cachaca El Estatuto de Oposición puede enredar el nuevo puesto de Duque para un político liberal Silla Cachaca Olga Lucía Velásquez, una baronesa en ciernes alicia arangoOlga Lucía Velásquezsuperintendencia de seguridadIvan Duque Alicia Arango Olmos

    Ministra de Trabajo

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    Rechazamos amedrentamiento a Laura Ardila

    Rechazamos amedrentamiento a Laura Ardila


    El viernes que pasó, 17 de mayo, a las 7:12 de la noche llegaron al celular de nuestra periodista Laura Ardila 10 mensajes de texto seguidos con códigos para resetear su contraseña de Twitter, como si alguien estuviera intentando acceder a su...

    El viernes que pasó, 17 de mayo, a las 7:12 de la noche llegaron al celular de nuestra periodista Laura Ardila 10 mensajes de texto seguidos con códigos para resetear su contraseña de Twitter, como si alguien estuviera intentando acceder a su cuenta.

    El sábado amaneció creada una cuenta fake con su nombre en Instagram, desde la que le enviaron por interno varios mensajes amenazantes cuando ella pidió cerrar la cuenta.

    Alguien tomó la foto de la cuenta personal de Laura en instagram (@lardila83), creó una nueva cuenta falsa con un nombre muy similar (@lardila82) y empezó a enviar invitaciones a varios de sus allegados para que la siguieran.

    Además de eso, publicó dos fotos de ella en ese perfil.

    Laura -y varias otras personas al percatarse- reportaron desde la mañana la suplantación en la aplicación de Instagram y, poco después del mediodía, la periodista escribió por mensaje interno al fake para reclamarle y notificarle que estaba siendo reportado.

     

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    Como se ve en los pantallazos, el fake le contestó diciéndole que eso era “solo el comienzo”, que le iba a demostrar que le va a dañar “el caminado” y que: “Ni sabes por donde te voy a joder”.

    Además de eso, estuvo por lo menos hasta medianoche activo desde la cuenta que creó dándole likes a las fotos de Laura.

    Por la mañana de ayer domingo, de Instagram le respondieron a la periodista dándole gracias por reportar la cuenta @lardila82 por suplantación, pero notificándole que ésta no infringe sus “normas comunitarias”. Eso es sorprendente dado que usaron su foto, su nombre, su oficio de periodista en la identificación de la cuenta y casi su nickname exacto.

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    Afortunadamente, cuando ya la cuenta tenía unos 100 seguidores, la eliminaron ayer por la tarde.

    Aunque confiamos en que no tenga nada que ver, en las recientes semanas Laura Ardila ha publicado -como durante todo este año- historias sobre las movidas de la campaña de las regionales de octubre.

    Las tres más recientes en las que ha escrito son:

    Un Detector de Mentiras a dos cadenas falsas y al contrato de la candidata Elsa Noguera en Barranquilla.

    El anuncio del lanzamiento confirmado de Yahir Acuña a la Gobernación en alianza con el charismo de Sucre.

    Y también escribimos en una sobre las preguntas que deja el caso Santrich.

    Sabemos que, por la polarización del país y siempre en época de elecciones, los ánimos se caldean en redes y desde muchas cuentas los comentarios a veces pasan de eso a ser insultos.

    Ese es un asunto que, aunque poco agradable, entendemos dentro de una triste normalidad. Incluso cuando se trata de cuentas que no dan la cara y que actúan como parte de bodegas para defender o atacar políticos.

    Lo que no podemos normalizar son hechos como un intento de suplantación en una red -cuya intención clara es hostigar- y, mucho menos, mensajes amenazantes del calibre de los aquí expuestos, cuyo origen pedimos a las autoridades investigar y pondremos a su disposición para que puedan llegar al autor.

    La Silla Vacía rechaza enérgicamente estos intentos de amedrentamiento en contra de la editora de La Silla Caribe y, por extensión, a La Silla Vacía.

    Tags: amenazas a periodistaslaura ardilaHilos temáticos: Elecciones 2019La Silla Vacía Opinión Publicar en: Silla Caribe
    Conversatorio 'Desarrollo y transiciones' del Instituto PENSAR

    Conversatorio 'Desarrollo y transiciones' del Instituto PENSAR


    Este jueves 23 de mayo, a las 6:00 p.m., se realizará el conversatorio 'Desarrollo y transiciones', con la ponencia 'Violencias socioeconómicas, continuidades y rupturas en clave feminista', a cargo de María Carolina Olarte. Contará con la...

    Este jueves 23 de mayo, a las 6:00 p.m., se realizará el conversatorio 'Desarrollo y transiciones', con la ponencia 'Violencias socioeconómicas, continuidades y rupturas en clave feminista', a cargo de María Carolina Olarte. Contará con la moderación de María Fernanda Sañudo, investigadora del Instituto PENSAR y organizadora del espacio, que hace parte de las jornadas Transiciones políticas en perspectiva crítica y feminista.

    #EntradaLibre.

    Acceda aquí a mayor información de las jornadas organizadas por el Instituto Pensar.

    Mayo 23, 2019Pontificia Universidad Javeriana. Edificio Pablo VI (No. 41). Aula 101. Carrera 7 No. 40 - 62.Pontificia Universidad JaverianaFecha fin evento: Jueves, Mayo 23, 2019 - 20:00
    Un documento muestra que sí volvió el germen de los falsos positivos

    Un documento muestra que sí volvió el germen de los falsos positivos


    El debate tras la publicación del artículo del New York Times que indica que hay un riesgo de volver a los homicidios de civiles por militares conocidos como “falsos positivos”, y que llevó incluso a que su autor saliera del país por seguridad,...

    El debate tras la publicación del artículo del New York Times que indica que hay un riesgo de volver a los homicidios de civiles por militares conocidos como “falsos positivos”, y que llevó incluso a que su autor saliera del país por seguridad, gira en buena medida alrededor de si sus pruebas son suficientes para hablar de ese regreso.

    Aunque muchas siguen sin conocerse, y probablemente nunca se revelen porque se trata de oficiales del Ejército que hablaron fuera de micrófonos para proteger su seguridad, los pocos documentos que se conocieron sí sustentan por lo menos la alarma de que puedan regresar, porque muestran la semilla que llevó a los “falsos positivos”: el llamado body count.

    La vieja política

    En sustancia, los miles de “falsos positivos” que se dieron entre 2002 y 2007 se debieron a que el Gobierno Uribe decidió evaluar a los comandantes militares a partir del número de muertos en combates, conocida como body count desde que los gringos la usaron -sin éxito- en Vietnam.

    Como explicó José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, en una entrada en La Silla Llena en noviembre, lo dejó muy claro un documento militar de abril de 2006 llamado “políticas del señor mayor general Mario Montoya”, que señala “los comandantes se evalúan por sus resultados”, y en el que el general aclara con franqueza brutal “las bajas no es lo más importante, es lo único.”

    Esa política aterrizó luego en ránkings de unidades a partir de sus bajas y, dentro de éstas, en premios a incentivos, desde dinero hasta permisos, para las unidades que arrojaran más bajas, como explica éste video que hizo La Silla Vacía a partir de la entrada de Vivanco:

    A propósito del artículo del @nytimes, el segundo capítulo de la serie de #falsospositivos que hicimos en alianza con @hrw_espanol basada en los artículos de @JMvivanco sobre los incentivos perversos de la Seguridad Democrática del Gobierno Uribe. pic.twitter.com/pZPWxV0f07

    — La Silla Vacía (@lasillavacia) May 18, 2019

    Es decir, los falsos positivos se dieron porque había una política de evaluación que priorizaba las bajas, los muertos.

    Eso fue tan claro que las decisiones que tomó el Gobierno Uribe en 2007 para frenar esos crímenes estaba, en primer lugar, la de cambiar el orden de prioridades para evaluar: primero desmovilizaciones, luego capturas y por último muertes, y en ese caso dándole mayor importancia a cabecillas (los “falsos positivos” solían presentar falsas muertes de supuestos guerrilleros rasos, no de cabecillas que son conocidos y reconocibles).

    Así lo determinó, por ejemplo, el primer punto de una directiva permanente del general Freddy Padilla de León, entonces comandante general de las Fuerzas Militares (y consuegro del Ministro de Defensa, Guillermo Botero):

    Directiva No. 300-28 Del 20 de Noviembre de 2007 by jlewin4645 on Scribd

    Aunque el Gobierno Uribe, en cabeza de Juan Manuel Santos como Ministro de Defensa, tomó otras medidas como crear un comité temporal de seguimiento a las denuncias de falsos positivos, establecer reglas de enfrentamiento que aclararan el nivel de uso de fuerza, ésta fue la pieza central para combatir el fenómeno. Y ésta es la que queda en duda.

    El regreso del fantasma

    El sábado en la noche, El Tiempo reveló uno de los documentos a los que hacía alusión la nota del New York Times: un formato que entregó el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en una reunión de comandantes en enero pasado, cuando estaba arrancando su período como comandante.

    Así lo cuenta la nota de Nick Casey:

    La reunión incluyó a los cincuenta principales generales y coroneles del país, quienes se reunieron en un hangar en las montañas afuera de Bogotá. Muchos estaban ansiosos por saber si habría cambios con el nuevo liderazgo.

    Después de un descanso, los comandantes regresaron a las mesas donde encontraron un formulario para cada uno de ellos, dijeron los oficiales. El documento tenía el título de Planteamiento de Objetivos 2019 en la parte superior y había un espacio para que cada comandante firmara en la parte inferior.

    El formulario les pedía a los comandantes que enumeraran en una columna la “suma aritmética de presentaciones voluntarias, capturas y muertes en desarrollo de operaciones militares” de varios grupos armados durante el año anterior, y luego debían establecer una meta para el año siguiente.

    En la nota de El Tiempo, que cuenta que obtuvo el documento por fuentes del Ministerio de Defensa, dice que esas fuentes “y altos oficiales consultados por este diario aseguran que el documento de Tolemaida constituye un ejercicio válido de proyección operacional y que en ningún momento se ordenó una política de 'Body count'“.

    Sin embargo, una nota en letra pequeña, que el diario presenta de paso, da cuenta de que sí aparece, ya que la evaluación del desempeño de los comandantes sí incluye las muertes, al mismo nivel de las desmovilizaciones y capturas.

    Acá aparece resaltada:

    objetivos_operacionales.jpg

    Eso significa que, según ese documento, la decisión de 2007 de darle más relevancia a las desmovilizaciones, luego a las capturas y por último a las muertes, dejó de tener vigencia en la práctica, y que ahora son equiparables. O por lo menos desde la visión del comandante del Ejército.

    ¿Directriz o visión?

    El Ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo este sábado "tenemos privilegiadas las desmovilizaciones sobre las capturas, y las capturas sobre los muertos en desarrollo de operaciones", lo mismo que le dijo a Blu el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro.

    En esa misma línea, una alta fuente del Ministerio de Defensa le explicó a La Silla que ese formato no se puede leer de manera aislada, sino que se debe entender en el contexto de otros dos documentos entregados en esa reunión y que El Tiempo cita.

    Uno son las nuevas reglas de enfrentamiento “relativas al uso de la fuerza en las operaciones militares que desarrolla el Ejército en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario” y unos nuevos lineamientos en Derechos Humanos y DIH.

    De hecho, el general Martínez había presentado públicamente esos lineamientos unos días antes, en un evento al que asistieron el Ministro Botero, el Procurador, Fernando Carrillo, y el entonces Fiscal General, Néstor Humberto Martínez.

    Aunque eso sea así, y las reglas de enfrentamiento y los lineamientos refuercen la protección a los derechos humanos, que la evaluación del desempeño de los comandantes del Ejército incluya muertes revive el body count, por lo menos en esa fuerza, que concentra el grueso de los casos de "falsos positivos".

    Ese cambio frente a la política de los últimos 12 años muestra un regreso a la semilla de los “falsos positivos”: si bien un comandante podría mejorar sus resultados operacionales sin muertes (ya que según el documento equivalen a capturas o desmovilizaciones), como le dijo Martínez al Times, otro podría buscar hacerlo a partir de ellas.

    Como le dijo a Blu el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, "nuestros comandantes tienen una autonomía, tienen toda la capacidad para tomar sus decisiones "

    Es decir, aunque es cierto, como dijo Botero, que no hay “directriz alguna que exija a las tropas el aumento de muertos en desarrollo de operaciones militares”, pues pueden no hacerlo, sí hay un incentivo para que lo hagan.

    Que exista esa posibilidad, en un país en el que ya hubo miles de asesinatos de civiles inocentes por ello y cuando además pone a los comandantes a pensar más en medios que en fines (en el documentos no se habla de lograr menores tasas de homicidios o extorsión, por ejemplo), prende naturalmente alarmas.

    En principio, eso puede reflejar una visión de Martínez, más que una directriz de más arriba.

    De entrada, el mismo General explicó en su respuesta al Times que el responsable es él: "Las autoridades del Gobierno Nacional no participan en la elaboración y difusión de estos documentos", explica.

    Además, los otros documentos que han aparecido dan cuenta más de una mirada del Ejército como una unidad más de choque que de análisis, desde su trino del sábado (que luego borró) en el que decía que se debe privilegiar la lealtad sobre la inteligencia hasta su orden de “no exigir la perfección para realizar operaciones” y lanzarlas “con un 60% - 70% de credibilidad y exactitud”, pasando por la prueba de Vivanco de que las brigadas y fuerzas de tarea deben reportar cuántos días llevan sin combatir, como presión para hacerlo.

    Sea visión de él o vaya más allá, el Gobierno lo eligió como comandante y lo ha mantenido estos días. Por eso la alarma es grande y por eso, seguramente, renacerá la moción de censura de los verdes contra Botero, lo que sumado a las denuncias por presuntos abusos militares que ya habíamos reportado en todas las regiones promete mantener al país hablando del tema.

    Ojalá como un debate sobre la visión y no a partir de muertes.

    Gobierno Duque Silla Nacional Silla Nacional La conmoción de Duque es exterior, por un artículo del New York Times (actualizada) falsos positivosbody countPublicar en: Silla CaribeInteractiva: 
    ¿Cómo y dónde debe crecer Bogotá?

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    https://lasillavacia.com/silla-llena/red-cachaca/como-y-donde-debe-crecer-bogota...Silla Cachaca Opinión Invitamos a nuestro podcast al secretario de Planeación de Peñalosa y al que fue de Petro para discutir sobre el proyecto de POT que presentó la actual Alcaldía de Bogotá.
    Los cinco dolores de cabeza de Duque (y del país) que crecieron esta semana

    Los cinco dolores de cabeza de Duque (y del país) que crecieron esta semana


    Foto: David Romo - Presidencia Esta semana, en apenas cuatro días, una sucesión de noticias sacudió a Colombia. A espera de que puedan seguir evolucionando hoy, por ahora dejaron cinco frentes de preocupación, que para el caso del presidente Iván...

    Foto: David Romo - Presidencia

    Esta semana, en apenas cuatro días, una sucesión de noticias sacudió a Colombia. A espera de que puedan seguir evolucionando hoy, por ahora dejaron cinco frentes de preocupación, que para el caso del presidente Iván Duque son cinco dolores de cabeza que nacieron o se agravaron esta semana (y se suman a otros líos como las difíciles relaciones con Estados Unidos o la migración venezolana).

    Acá están:

    1 Revive con fuerza el fantasma de los falsos positivos

    La revelación del New York Times de órdenes en el Ejército para que sus oficiales aumenten sus bajas por la que habría “comenzado a surgir un patrón de asesinatos sospechosos”, con detalles sobre reuniones y documentos, le dio nueva vida al fantasma de los asesinatos conocidos como “falsos positivos”, que cometieron militares para lograr metas entre 2002 y 2007, en el Gobierno Uribe.

    La nota retumbó ayer en todos los medios que, si bien le dieron enfoques diferentes, la tuvieron en sus titulares, y también fue el centro de un duro debate político, incluyendo acusaciones sin pruebas de la senadora María Fernanda Cabal al periodista del Times, Nick Casey, de haber cobrado por la nota.

    El Gobierno estaba tan al tanto de la bomba que, como explicamos antes de que saliera la nota, Duque y su ministro de Defensa, Guillermo Botero, el viernes en pleno enredo por la liberación de Santrich y los rumores de conmoción interior, hicieron una rueda de prensa para decir que el Gobierno no tolera que los militares violen los Derechos Humanos y anunciar que la Fiscalía va a investigar no solo al cabo que mató al exmiliciano de las Farc Dilmar Torres, sino a su comandante, un coronel.

    Además, había antecedentes, como nuestra revelación de que desde que llegó Duque hay más denuncias de presuntos abusos de la Fuerza Pública, incluidas ejecuciones extrajudiciales, o la nota de la Liga Contra el Silencio sobre el regreso del miedo a los “falsos positivos” en el sur de Bolívar.

    Aunque una nota de El Tiempo que revela uno de los documentos claves de la denuncia por filtración de fuentes de MinDefensa parece bajarle la caña, el crecimiento del fantasma es tan claro que junto con el caso Santrich ha centrado la atención de los medios y le da munición a la oposición para la moción de censura contra Botero que retiró el martes, a la espera de volverla a presentar tras la nota del New York Times.

    Todo eso puso al Gobierno a dar explicaciones y le copó la agenda, algo que es un dolor de cabeza para cualquier Presidente. Pero, sobre todo, es una preocupación en un país que vivió miles (las cifras son objeto de debate) de asesinatos de inocentes por militares que buscaban cumplir con sus metas u obtener beneficios.

      2 La justicia está en medio de una tormenta

    Aunque no hay choques de trenes entre las Altas Cortes o un paro largo en la Rama, como ha ocurrido en el pasado, la justicia entró esta semana en una situación difícil por la decisión de la JEP de no extraditar a alias Jesús Santrich y ordenar su liberación, la renuncia de Néstor Humberto Martínez a la Fiscalía General, la de Gloria María Borrero al Ministerio de Justicia, y luego la recaptura del ex jefe guerrillero en La Picota.

    Todos esos hechos tuvieron un cubrimiento amplio y cada uno tiene sus propias aristas, pero sumados dejan la sensación de una justicia enredada, con choques entre dos de sus organismos (la JEP y la Fiscalía) y de un Gobierno que ha mostrado poca capacidad para ayudar a resolver esas tensiones y para reformar la justicia, pues su proyecto de reforma se hundió en el Congreso.

    Las noticias se sumaron a las tensiones que ya venían por el retiro de la visa gringa a tres magistrados de Altas Cortes, que motivó mensajes de unidad y defensa de su autonomía de la Corte Suprema, la Constitucional, el Consejo de Estado y la JEP; por las objeciones de Duque a la ley estatutaria de la JEP que en realidad son a la sentencia de la Constitucional sobre ella; y por el avance de dos investigaciones penales contra el expresidente Álvaro Uribe en la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos.

    Por eso, queda una tormenta grande en la que reaparecieron los llamados a una constituyente para reformarla que ya estaban en el trasfondo de la tensión por las visas y que ganaron fuerza en los últimos días.

    Sobre todo cuando desde el miércoles varios uribistas visibles como Natalia Bedoya y Abelardo de la Espriella lideraron el hashtag #ConstituyenteYa, mientras Uribe leyó un comunicado oficial de su partido que dice que es la mayor crisis de la justicia en 60 años, lo que justificaría esa decisión.

    Para Duque, esta situación le crea un problema difícil de manejar pues poco depende de él (su declaración del miércoles, en la que reiteró que una de sus objeciones podría ser la salida, muestra su poco margen de acción), incluye el cambio de su ministra y lo enfrenta a la poca fuerza política de su Gobierno para sacar adelante cambios o ayudar a armar acuerdos entre organismos independientes en choque.

    Y al país lo enfrenta a la posibilidad de una implementación todavía más difícil de la justicia transicional pactada en La Habana, por la fragilidad de la JEP; a una interinidad en un organismo central para combatir la alta impunidad, como es la Fiscalía; y al fantasma de un proceso largo y enredado para un cambio constitucional con resultados imprevisibles.

      3 La economía no agarra velocidad

    Una noticia que pasó relativamente de agache este miércoles es que en el primer trimestre de este año el PIB creció el 2,8 por ciento, cuando las previsiones iban del 3 a 3,2 por ciento.

    Aunque la diferencia puede parecer menor, y sigue siendo el mejor primer trimestre desde 2014, analistas como el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, o los decanos de economía del Rosario, Carlos Sepúlveda, y del Externado, Julián Arévalo, coinciden en que es preocupante, más cuando se suma al aumento del desempleo y al freno en la reducción de la pobreza monetaria (y las fallas de su cifra de 2017), que le ponen más presión a la política social y económica del Gobierno.

    Ese otro dolor de cabeza que creció esta semana, incluye además las dudas por las demandas de la tributaria que estudia la Corte Constitucional; y por la devaluación del peso que con 3.321 pesos hoy, pasó la barrera de los 3.300 por primera vez este año, y está cerca a superar los 3.331 del 30 de diciembre, el récord en casi 3 años.

      4 El Gobierno sigue con poco respaldo

    El jueves pasado salió la más reciente encuesta Gallup Poll, en la que el nivel de aprobación de Duque volvió a caer (pasó de 42 por ciento en febrero a 32 por ciento en mayo) casi al mismo nivel de diciembre (29 por ciento), que es cuando más bajo lo ha tenido.

    Ese resultado, similar al de otras encuestadoras como Yanhaas o Cifras y Conceptos, muestra que la tendencia es a tener una aprobación de alrededor del 30 por ciento y que el impulso que tuvo en febrero por la respuesta a la bomba del ELN en la Escuela de Cadetes y por la coyuntura del apoyo a Juan Guaidó en Venezuela quedó atrás.

    Además de la obvia mala noticia para Duque, hace más difícil navegar la sensación de crisis y deja el interrogante de cómo podrá el Presidente liderar la salida de ella.

      5 El uribismo pide medidas extremas e incluso imposibles

    Este dolor de cabeza en principio es más fuerte para Duque que para el país: en el uribismo, por el que fue elegido, le han pedido convocar a una constituyente e incluso extraditar a alias Santrich, a pesar de que eso último requiere en cualquier caso y por lo menos el visto bueno de la Corte Suprema de Justicia.

    La primera exigencia, extrema aunque no imposible, viene desde hace meses de voces uribistas como la del presidente del Senado, Ernesto Macías, o el senador José Obdulio Gaviria. La propuesta pone a Duque a elegir entre embarcarse y embarcar al país en una aventura constituyente (que debe además tener el visto bueno de la Corte Constitucional) y perder más puntos con el ala más extrema del uribismo.

    La segunda tiene en Álvaro Uribe un vocero aún más influyente y poderoso, a pesar de sus evidente dificultades prácticas, más para un presidente tan institucional como Duque. Y eso le crea un dilema similar pero quizás más agudo, que parece haber bajado de intensidad por ahora, tras la decisión de la Fiscalía de finalmente abrir un proceso contra Santrich en Colombia (cosa que, como explicó ayer Héctor Riveros en su columna, pudo hacer Néstor Humberto Martínez pero no hizo) y de tramitar y lograr una orden de captura en su contra.

    Sin embargo, estas tensiones entre un presidente poco popular y su base política son un problema que se puede crecer, con estos u otros temas. Y puede llevar a que Duque tome decisiones menos respetuosas de las instituciones, a pesar de que no es su talante ni parece contar con el respaldo para ello, o a que se mantenga en su postura y pierda todavía más capital político.

    Cualquiera de las dos, un presidente con tres cuartas partes de su período pendiente y radicalizado o uno con los mismos tres años por delante pero con todavía menos popularidad, es un problema para el país.

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    Develada la trama

    Develada la trama


    El Fiscal, Néstor Humberto Martínez, en su obsesión por desprestigiar la Jurisdicción Especial de Paz, llevó la situación a un extremo tal que acabó con el artificio que les había servido a los opositores del acuerdo con las Farc para que a una...

    El Fiscal, Néstor Humberto Martínez, en su obsesión por desprestigiar la Jurisdicción Especial de Paz, llevó la situación a un extremo tal que acabó con el artificio que les había servido a los opositores del acuerdo con las Farc para que a una gran parte de la ciudadanía le parecieran injustas las condiciones pactadas.

    El caso Santrich era la prueba reina de que a esa guerrilla se le había concedido una patente de corso para delinquir y que todo estaba diseñado para garantizar su impunidad, cuando de pronto la propia Fiscalía renunció al libreto de la especie de inmunidad que impedía actuar contra los ex combatientes y asumió que tenía todos los instrumentos para perseguir penalmente a un ex combatiente que cometa delitos con posterioridad al acuerdo y llevarlo a la cárcel, como ocurriría con cualquier otra persona, si logra entregarle al juez de garantías las pruebas que sustenten una medida de aseguramiento.

    Llevamos años oyendo que a los ex Farc se les concedió total impunidad y en éste caso en particular, Martínez ha afirmado durante más de un año que, a pesar de tener pruebas “contundentes” que demuestran que Santrich cometió el delito de narcotráfico, la Fiscalía solo podía capturarlo con fines de extradición y no hacer lo que le corresponde hacer cuando alguien comete un delito en una casa del barrio Modelia de Bogotá, que es investigar y procurar su sanción judicial.

    Hasta ayer repitió el engaño en todos los medios de comunicación, que incluso han publicado las entrevistas después de que quedó en evidencia el truco. Anoche en el programa Pregunta Yamit, que había sido grabado previamente, repetía los argumentos que ya se había probado, un par de horas antes, que eran falsos.

    Ya se presagiaba que estábamos a punto de presenciar esa desconcertante escena, no muy usual, en la que, por algún error, el mago queda en evidencia en la parte más álgida de la prueba, cuando en las primeras entrevistas le preguntaron a Martínez si el video que entregaron desde la Fiscalía, un par de horas después del pronunciamiento de la JEP, estaba en el expediente que cursaba en esa jurisdicción y contestó que ¡no! ¡NO se le había entregado a la autoridad que tenía que certificar la fecha de la ocurrencia de este la prueba clave de la comisión de un delito por parte de Santrich!

    El ocultamiento de pruebas claves denotaba el propósito de llevar a la JEP a una situación extrema, que había sido anunciada por el propio Martínez desde hace meses cuando prometió que al día siguiente de que se pronunciaran los magistrados revelaría las pruebas, como en efecto lo hizo parcialmente.

    Martínez también tuvo dificultades para contestar la repetida pregunta de porqué si el delito se habría cometido en Colombia y él afirmaba tener las pruebas que lo demostraban no abría un proceso contra Santrich y pedía su detención preventiva. Hizo uso del histrionismo propio de los abogados penalistas, rebuscó términos, usó expresiones en latín con lo que pretendía ponerse en situación de superioridad frente al entrevistado y evadir la respuesta.

    La verdad es que la Fiscalía estaba omitiendo el cumplimiento de sus deberes como quedó probado ayer en la tarde, cuando el Fiscal encargado armó un caso, pidió las autorizaciones al juez de garantías, ejecutó la captura de Santrich y ahora tendrá que develar las pruebas ante un juez de garantía, en una audiencia que es pública, y los colombianos podremos saber si el ex Farc cometió el delito de narcotrafico como parece inferirse del video que no le entregaron a la JEP.

    Los propios magistrados, que habían concedido la garantía de no extradición ante la imposibilidad de certificar lo que debían constatar, habían indicado que la investigación y el juzgamiento en Colombia era lo que correspondía hacer. Cometieron el error de enviar el expediente a la Corte Suprema porque asumieron que Santrich tenía el fuero de congresista que no ostentaba por no haberse posesionado aún.

    El jefe negociador en nombre del Gobierno colombiano, Humberto De la Calle, insistía que en el acuerdo no concedía ninguna ventaja a los reincidentes y que por tanto se debía adelantar un proceso penal por las autoridades colombianas. Martínez mientras tanto se arropaba en un halo de indignación poco creíble y aparentaba exhibir la prueba de la impunidad acordada.

    Como ya se dijo, la actuación de la propia Fiscalía probó suficientemente bien que si un ex combatiente de las Farc infringe nuevamente las leyes está sometido al peso de la justicia, con el mismo rigor y con las mismas garantías con que debe afrontarlo cualquier ciudadano colombiano.

    Si en vez de tratar de desprestigiar a la JEP, Martínez hubiera tomado las pruebas y las hubiera llevado ante un juez hubiéramos evitado el enorme costo institucional que ha generado este caso y Santrich ya hubiera sido declarado inocente o culpable. La redacción ambigua del comunicado de la Fiscalía en el que insinúa que aparecieron de la nada nuevas evidencias, para disculpar a Martínez, no suena creíble.

    El truco que propuso el Fiscal resultó tan riesgoso que lo dejó en evidencia y de paso a todos los que pregonaban la impunidad para conseguir que la ciudadanía se indignara contra el acuerdo.

    El Presidente Duque, que ha sido miembro destacado de ese grupo, duró calculando cuatro horas las pocas palabras que pronunció anoche tarde y trató de aparentar que la captura de Santrich le daba razón, cuando en realidad le contradice sus afirmaciones de años: las Farc narcotraficaron en total impunidad durante décadas, mientras que cuando alguno de sus miembros lo intenta hacer ahora lo someten a la justicia rápidamente gracias al acuerdo.

    Martínez, Duque, Uribe y todos los demás deben tener la cara del mago descubierto y el público debería empezar a abandonar la sala decepcionado del espectáculo. Si ese fuera el resultado de este sainete bien habría valido la pena.

      Gobierno DuqueJusticia transicionalProceso con las FARC Opinión nestor humberto martinezfiscalJEP Néstor Humberto Martínez

    Fiscal General de la Nación

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    La conmoción de Duque es exterior, por un artículo del New York Times (actualizada)

    La conmoción de Duque es exterior, por un artículo del New York Times (actualizada)


    Foto portada: Presidencia de la República Mientras redes sociales y varios medios hablan de que el presidente Iván Duque va a declarar una conmoción interior para buscar la forma de extraditar al exguerrillero Jesús Santrich, el Presidente salió a...

    Foto portada: Presidencia de la República

    Mientras redes sociales y varios medios hablan de que el presidente Iván Duque va a declarar una conmoción interior para buscar la forma de extraditar al exguerrillero Jesús Santrich, el Presidente salió a hablar del caso de Dimar Torres, el exmiliciano asesinado por el Ejército en el Catatumbo, Norte de Santander. Lo que muestra esa reacción es que el Gobierno antes de meterse en la conmoción y Santrich, está pendiente de una noticia que va a sacar el New York Times.

    Los rumores de una noticia bomba

    Este martes, el día antes del debate de moción de censura que había citado la oposición contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, el congresista verde Inti Asprilla explicó que la pospusieron esperando que se revelara una “información espeluznante” sobre esa cartera.

     

    Agregó que esa información tenía que ver con las “poco afortunadas declaraciones” del ministro Botero.

    Tres fuentes diferentes, entre periodistas, políticos y altos funcionarios de Presidencia, nos dijeron que se trata de un artículo que va a publicar el New York Times este domingo y que supuestamente es sobre el regreso de la política de body count (conteo de cadáveres) como forma de evaluar los resultados en el Ejército.

    Eso es muy polémico porque esa política fue la que incentivó los homicidios de civiles conocidos como “falsos positivos”, uno de los mayores escándalos del Gobierno Uribe, y ese mismo gobierno la eliminó como forma de cortar con esos crímenes.

    Además, según dos de las fuentes, el artículo hablaría directamente de Botero, aunque no es claro qué diría de su vinculación con la decisión.

    El autor del artículo, según una fuente de Presidencia, sería Nicholas Casey, el director de la oficina del Times para los Andes.

    Casey es conocido en Colombia porque hace un año, dos días antes de la primera vuelta presidencial, sacó un duro artículo en el que revelaba documentos desclasificados de hace dos décadas que hablaban de la supuesta relación del expresidente Álvaro Uribe con la mafia.

    También fue uno de los autores de la investigación sobre los causantes del incendio de la ayuda humanitaria que intentó cruzar a Venezuela el 23 de febrero, y que dejó dudas sobre la versión oficial de que el culpable haya sido el gobierno de Nicolás Maduro.

    Con esas y otras noticias, Casey no cae en gracia en el uribismo, lo que probablemente haya ayudado a aumentar las alarmas.

    Hoy, dos días antes de conocer esa información, Botero y Duque hicieron la rueda de prensa para hablar de ese tema.

    La respuesta del Gobierno

    Botero convocó a una rueda de prensa en la mañana en Catam, con la cúpula militar, para hablar sobre el respeto de la Fuerza Pública a los derechos humanos y desmentir una noticia que todavía no ha salido.

    Un periodista, probablemente al tanto del rumor del artículo de Casey, le preguntó directamente si hay una directriz sobre muertos en combate. “Claro que no es cierto. Categóricamente lo afirmo. No es cierto, no existe ninguna instrucción en ese sentido”, contestó Botero.

    Otro periodista le preguntó que por qué “en una política de mando escrita este año hay una que dice que hay que doblar resultados” y  le preguntó qué quería decir eso.

    La pregunta la contestó el comandante del Ejército, Nicasio Martínez, quién dijo que “cada comandante se fija unas metas de acuerdo a sus objetivos” y que “no estamos hablando de muertos ni mucho menos, estamos hablando de ubicar laboratorios de coca, de armas, insumos, de otras actividades. Hay 32 variables y cada comandante se fija sus tareas”.

    En la rueda de prensa Botero también dijo que “hay una política clara sobre el total y absoluto respeto por los derechos humanos”.

    "Recibí la instrucción del Presidente de la República desde que llegué de cero tolerancia frente a cualquier circunstancia que implica vulnerar la ley y esa misma instrucción se la he impartido a todos los comandantes de Fuerza, quienes a su vez han replicado esta instrucción con sus comandantes regionales y a fe que se está cumpliendo”, agregó.

    Otro periodista le preguntó por un informe que publicó en febrero Human Rights Watch que dice que “el gobierno de Colombia ha nombrado en puestos clave del Ejército al menos a nueve generales contra los cuales existen evidencias creíbles que los implicarían en ejecuciones extrajudiciales”.

    Sobre eso, Botero respondió que “ninguno de los oficiales tiene abierta investigación alguna”.

    El general de la unidad asesina, sometido a la JEP por falso positivo Curiosamente, uno de ellos es el general Diego Luis Villegas, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, una de cuyas unidades asesinó a Dimar Torres. Según HRW, Villegas está siendo investigado por la ejecución de un agricultor que tenía una discapacidad mental en marzo de 2008, cuando era comandante del Batallón Pedro Nel Ospina. De hecho, por eso se dictó una orden de captura en su contra en diciembre de 2016 que, si bien se suspendió por el Acuerdo, en febrero se sometió por ello a la JEP. El general Villegas fue quien pidió perdón por ese asesinato apenas seis días después de ocurrido. Dijo que “lo mataron miembros de las Fuerzas Armadas, y por lo tanto, el comandante debería poner la cara”. Lo dijo cuando el Ministro seguía diciendo que había sido por un forcejeo. Y ahora, en la JEP, probablemente va a aceptar su responsabilidad por el asesinato de 2008 por soldados del batallón que comandaba.

    Después del ministro, cuando todos los medios estaban pendientes de la noticia de que Santrich estaba herido en La Picota y corrían como pólvora los rumores de que Duque iba a declarar la conmoción interior, el Presidente habló sobre el medio día, pero del caso de Dimar Torres en el Catatumbo.

    Dijo, rodeado de la cúpula militar, el ministro Botero y el Fiscal encargado, Fabio Espitia, que “el Gobierno ha sido cero tolerante con cualquier conducta de un miembro de la Fuerza Pública que deshonre el uniforme y que viole la Constitución o la ley”.

    Concretamente sobre Dimar Torres, Duque le cedió la palabra al Fiscal Espitia, quien dijo que con información legalmente obtenida “se puede determinar en vía de principio que el coronel Jorge Armando Pérez Amézquita tendría conocimiento de los hechos. Sin embargo, los negó a las autoridades judiciales y administrativas. Por esta razón, el alto oficial será vinculado a la investigación por el delito de favorecimiento por encubrimiento”.

    Pérez Amézquita era comandante del batallón al que pertenecía el cabo que asesinó a Dimar y desde el día que estalló el escándalo, tanto a él como al cabo que lo asesinó, los retiraron de sus cargos y los pusieron en labores administrativas.

    Que el Fiscal encargado anuncie esa decisión junto al Presidente, el Ministro y la cúpula militar, enviaba el mensaje más fuerte de toda la rueda de prensa: el Gobierno rechaza los asesinatos que cometan militares y más a desmovilizados.

    Esa imagen busca disipar el fantasma del regreso de los falsos positivos antes de que se conozca la nota del New York Times de Casey, pero no es seguro que tenga tanto impacto, porque mientras tanto siguen en el corazón de la agenda el futuro de Santrich y los rumores de conmoción interior, que estaban acaparando titulares como los de El Tiempo, Semana, RCN o Caracol Radio.

    Por eso, sin una palabra de Duque al respecto, esas dos noticias quedan pendientes.

    Santrich, entre la libertad y la conmoción

    La libertad de Santrich lleva 48 horas en pendiente, una situación que se hace cada vez más explosiva.

    Eso porque la Sección de Revisión fue muy tajante el miércoles, poco antes del mediodía, en su orden para que quedara libre de forma inmediata, pero nada que ocurre.

    La Sección fue tan clara que dio una orden directa a la Fiscalía para que iniciara ese trámite, una decisión tan insólita que motivó críticas de las dos magistradas que salvaron su voto.

    Tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez a ser Fiscal, y de su vicefiscal María Paulina Riveros, quedó encargado Fabio Espitia, y solo unas horas después firmó la boleta para que el Inpec soltara a Santrich.

    Ahí se empantanó el asunto, por razones desconocidas. Pero como el Inpec depende del Gobierno, los miembros de la Farc entendieron que la demora se debe a falta de voluntad política, lo que una vez más los puso contra el Gobierno Duque.

    De hecho, varios simpatizantes que fueron hasta la cárcel de La Picota el miércoles para recibirlo, terminaron enfrentados con la Policía en la madrugada de hoy viernes. Luego se supo que el Inpec ha ingresado por lo menos dos veces a su celda, que Santrich está herido (aparentemente por decisión propia) y hubo puja por la demora en que llegara atención médica.

    Mientras tanto, su defensa interpuso un habeas corpus ante el Tribunal Superior de Bogotá, que este falló a su favor hacia el mediodía.

    En el trasfondo de la tensión no solo estaba la demora sino el rumor de que Duque podría decretar una conmoción interior que, según varias cabezas de la izquierda, buscaría evitar que Santrich quedara libre y, en su lugar, extraditarlo.

    La fuente de ese rumor, aparentemente, son dos pronunciamientos de Uribe -padrino político de Duque y que muchos críticos de izquierda entienden que manda al Presidente- de las últimas 24 horas.

    Uno, como explicó esta mañana Caracol Radio, es que ayer dijo públicamente que hay “una crisis de orden público (que) demuestra una profunda crisis institucional, quizás sin antecedentes en los últimos 60 años. Crisis de destrucción institucional que debe resolverse de fondo”.

    Son palabras casi calcadas de la definición de la Constitución sobre la conmoción interior, pues dice que el Presidente la puede convocar con apoyo de todos los ministros “En caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana”

    Además, hoy dijo en Cúcuta que Duque va a buscar caminos para extraditar a Santrich (algo similar a lo que ya trinó ayer), lo que motivó aplausos de los asistentes a la reunión de aspirantes uribistas para las elecciones de octubre en Cúcuta, donde estaba.

    La reforma a la Justicia empieza con la extradición de Santrich. pic.twitter.com/TEKCo1Xap4

    — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 17, 2019

    De la mezcla de los dos pronunciamientos, varias figuras de izquierda empezaron a hablar de la posibilidad de que Duque fuera a anunciar en Catam la declaratoria de conmoción con el fin de extraditar a Santrich

    Advierten que el presidente @IvanDuque, por presiones de Álvaro Uribe -que se vienen ejerciendo desde el anuncio de la decisión de la JEP- declararía estado de conmoción interior para extraditar administrativamente a Jesús Santrich. Ruptura dictatorial del orden constitucional

    — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 17, 2019

    Vienen rumores desde la Picota graves. ¿Duque va a dar su golpecillo de Estado con tal de dañar el proceso de Paz? Con conmocion interior quieren pasarse por la faja la justicia?

    Es cierto que Santrich esta herido?

    — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2019

    Se presume un golpe de Estado en este momento. Pdte @IvanDuque quiere declarar conmoción y extraditar, porque sí, a nuestro compañero Jesús Santrich. Es necesario que todos los que trabajamos por la paz y confiamos en el Proceso nos pronunciemos. Se avecina la dictadura.

    — Benedicto González (@BenedictoFARC) May 17, 2019

    Sin embargo, no solo Duque no habló de conmoción interior hoy, y varias fuentes de Presidencia le dijeron a La Silla que no la van a decretar, como han dicho otras fuentes

    Acabo de colgar con la secretaria jurídica de Palacio, Clara María González. Ella me dice QUE NO HABRÁ DECRETO DE CONMOCIÓN!!! En forma enérgica me lo ratificó!!!

    — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 17, 2019

    Aunque eso no quiere decir que no la pueda terminar decretando Duque, hacerlo no solo sería crear un nuevo frente de debate y batalla cuando ya está en el aire quién va a ser el nuevo fiscal (o temas más de fondo como que el PIB creció el primer trimestre un 2.8 por ciento cuando se esperaba entre el 3 y el 3,2 por ciento; la deforestación o la migración venezolana ), sino que no serviría como teme la izquierda.

    Por un lado, la conmoción interior no permite sacar a los jueces de los trámites de extradición. Hoy las solicitudes siempre deben pasar por la Corte Suprema de Justicia para que ésta determine y revise si cumple con los requisitos, como que se vaya a extraditar a la persona correcta, que haya un tratado que cobije la solicitud o que el hecho sea delito en Colombia.

    Además, como el Consejo Nacional Electoral declaró a Santrich como congresista electo, el juez penal de Santrich es esa misma Corte.

    Es decir, cualquier movida para extraditar a Santrich tendría que pasar por la misma Corte a la que Duque le debe presentar su terna para Fiscal General justo cuando ésta tiene tensiones con el uribismo por cuenta de que en ella avanzan dos procesos contra Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos.

    Por otro lado, vía conmoción interior, Duque sí podría demorar más la libertad de Santrich, pues el Presidente puede decretar “la aprehensión preventiva de personas de quienes se tenga indicio sobre su participación o sobre sus planes de participar en la comisión de delitos, relacionados con las causas de la perturbación del orden público”.

    Sin embargo, tendría que obtener una orden judicial que acepte que hay indicios de que Santrich participó en delitos. 

    Por último, abriría otro frente con la Corte Constitucional, que revisa las declaratorias de los estados de excepción como la conmoción y los decretos que los desarrollan, que en el pasado ha tumbado algunos porque encontró que no eran hechos imprevisibles, como la de la salud de fines del Gobierno Uribe, y que no está en luna de miel con Duque.

    Eso porque ya están en el aire su solicitud de permitir asperjar con glifosato y sobre todo su insistencia en unas objeciones contra la ley estatutaria de la JEP que realmente va contra la sentencia de esa Corte sobre esa ley.

    Por eso, no es obvio que efectivamente venga una conmoción, ni que el Gobierno tenga caminos para extraditar fácilmente a Santrich. Aunque la nota del domingo puede cambiar ese panorama.

    Gobierno Duque Silla Nacional Silla Nacional Las preguntas que quedan del caso Santrich (y sus respuestas) Silla Nacional Con Santrich libre, se acaban excusas de Márquez y el Paisa para no volver Silla Nacional Néstor Humberto aprovecha el papayazo pero mete al país en otro lío (actualizada) jvelezejercitoFalsos positivos judicialesPublicar en: Silla CaribeSilla SantandereanaSilla PacíficoSilla CachacaSilla SurSilla PaisaInteractiva: 
    La verdad que se debe sobre la violencia sexual

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    https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-las-mujeres/la-verdad-se-debe-sobre-... Opinión #ViernesEnLaSilla | Hoy hablamos con Marta Ruíz, Comisionada en La Comisión de La Verdad; Mariana Ardila, Abogada, Dirección Legal Women's Link World Wide, y Salomé Gómez Corrales, Coordinadora de Grupo de Trabajo de Género de la Comisión de la Verdad
    Las preguntas que quedan del caso Santrich (y sus respuestas)

    Las preguntas que quedan del caso Santrich (y sus respuestas)


    La decisión de la Sección de Revisión de la JEP de no avalar la extradición de ‘Jesús Santrich’, que acaparó la agenda mediática de esta semana especialmente porque llevó a la renuncia del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y los...

    La decisión de la Sección de Revisión de la JEP de no avalar la extradición de ‘Jesús Santrich’, que acaparó la agenda mediática de esta semana especialmente porque llevó a la renuncia del Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, y los hechos posteriores sobre el caso Santrich, dejaron abiertas varias preguntas.

    Éstas son las más importantes, junto con lo que se puede aclarar sobre ellas.

    1 ¿Qué revela el video nuevo que se filtró justo la noche de la decisión y la renuncia?

    El video de 7 minutos 11 segundos que, según Martínez él no filtró a los medios ayer (aunque fue muy funcional al momento de su renuncia y La Silla supo de dos medios que les llegó de la oficina de prensa de la Fiscalía), muestra la imagen y el audio de una reunión entre Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez y hoy preso en Estados Unidos dentro de este caso; Santrich; y dos personajes más sin identificar, uno de ellos de acento mexicano; supuestamente para negociar un cargamento de droga.

    Del encuentro ya se conocían imágenes desde abril de 2018, cuando fue capturado Santrich, pero hasta ahora no había sido publicado completo el audio.

    Una cosa que parece quedar clara es que, independientemente de la justicia determina si ahí se cometió o no un delito, la reunión sí fue después de diciembre de 2016, cuando entró en vigencia el Acuerdo de Paz.

    Esa fecha es clave porque, si se confirma que Santrich delinquió, mostraría la reincidencia. 

    La evidencia de la fecha la da que en el minuto 5:25 del audio el interlocutor de acento mexicano le ofrece apoyo a Santrich con recursos para  campaña “aparte del negocio que vamos a hacer”.

    “Yo sé que usted está ocupado, una cosa es el negocio que estamos haciendo, pero mi familia está interesada en si podemos apoyarlos en alguna cuestión de la campaña o algo con recursos”.

    A lo que Santrich responde: “Sí, pues…” e inmediatamente es interrumpido por el otro interlocutor sin identificar, quien afirma: “Pero eso ya sería con cuentas y ya sería la empresa empresa porque eso no se puede en efectivo por seguridad”.

    Al final, uno de los NN se despide: “Nos vamos antes que nos cojan las elecciones”.

    Dado que la única campaña política en la que ha estado Santrich es la que hizo a la Cámara por el Atlántico el año pasado, se puede inferir que el encuentro ocurrió en algún momento cercano y anterior a las legislativas y puntualmente a abril de 2018, que es cuando la Fiscalía captura a Santrich y da a conocer el video.

    En el audio nunca mencionan las palabras narcotráfico, cocaína, droga o cargamento, pero sí se escuchan unos diálogos al menos llamativos.

    Por ejemplo, uno de los interlocutores dice que ya habló con Marlon y tiene 15 millones “listos arriba” para entregar y, minutos después, le entrega a Santrich una combinación de caja fuerte para que “se la pase al camarada Vicente”.

    Luego, a los 2:48, ese mismo interlocutor (que se nota lleva el micrófono porque su voz es la que se oye más clara) pregunta: “¿En qué tiempo, ya que ustedes tengan la feria en sus manos, nos comienzan a entregar el producto?”.

    A lo que Marín responde que pueden entregar siete mil hectáreas en un mes y otras tres mil hectáreas en mes y medio.

    Más adelante, (minuto 4:39) el interlocutor del micrófono advierte, bajando la voz: “Lo que sí nos recomendaron mucho es que toda la mercancía sea de la misma de los cinco, obvio no va a ser de la misma, pero que sea de la misma calidad para no tener inconvenientes, y quedemos claros en eso señores”.

    Y le pide a Santrich: “¿Nos da la bendición?, pa’ echarle ganas a esto”.

    A lo que Santrich responde: “Bueno, está bien, muchacho”.

    También, en tres ocasiones, los dos interlocutores y Marín hablan de un supuesto viaje a Surinam a ver a su presidente (se trata de Desiré 'Desi" Bouterse, condenado en ausencia por narcotráfico en Holanda en 2000).

    El contenido de la conversación del video concuerda con parte del expediente gringo del caso, que fue publicado a fines del año pasado por El Espectador.

    El informe detalla la declaración del agente encubierto de la DEA, Brian Witek (mencionado en el auto de la JEP sobre Santrich), según la cual se reunió en varias ocasiones, entre otros, con Marín para cuadrar vueltas de narcotráfico, incluyendo un encuentro en julio de 2017 en el que éste se comprometió a entregar cinco kilos como muestra.

    Según la declaración del agente citada por el periódico, quienes se hacían pasar por narcotraficantes aseguraron que pertenecían al cartel de Sinaloa y necesitaban “la bendición del exjefe guerrillero Jesús Santrich”.

    Santrich se habría reunido con los agentes encubiertos el 2 de noviembre de 2017. Y luego el 9 de febrero de 2018. En este último encuentro, según la declaración del agente, los infiltrados le dijeron a Santrich que estaban preparados para pagar 15 millones de dólares por 10 mil kilogramos de cocaína.

    A eso -prosigue el relato del infiltrado de la DEA-, Marín respondió que “los primeros siete mil kilogramos (siete mil hectáreas) de cocaína serían entregados a los CW en un mes, y que los tres mil kilogramos (tres mil hectáreas) restantes se entregarían en los siguientes 30 días”.

    En la declaración, CW se refiere a los agentes encubiertos.

    En respuesta, el abogado de Santrich, Gustavo Gallardo, dijo ayer en medios que el video no prueba nada, que fue grabado ilegalmente y que Santrich siempre ha dicho que él ha tenido varias reuniones con organizaciones, incluso internacionales, para hablar sobre proyectos productivos para los excombatientes.

      2 ¿Ese video puede ser prueba en Colombia?

    Es incierto si servirá como prueba en la apelación que anunció la Procuraduría, aunque el presidente de la Sección de Revisión, Jesús Ángel Bobadilla aseguró que sí puede servir y la Procuraduría pedirá que sea valorado.

    Gustavo Gallardo, abogado de Santrich, dice que no porque fue tomado ilegalmente y que, en cambio, quienes lo grabaron y filtraron son los que deberían ser judicializados. Más allá, Gallardo asegura que éste no prueba la comisión de ningún delito y menos la fecha del mismo.

    Esa argumentación coincide con la del auto de la Sección de Revisión de ayer sobre otras pruebas similares que aportó la Fiscalía. En esencia, la Sección dice que los audios que recibió no fueron recogidos de forma lícita, no hay cadena de custodia que asegure que no fueron editados o manipulados y, en suma, que no valen como prueba.

    Hasta ahora nadie ha dicho que lo sean, y como además la apelación seguramente girará alrededor de interpretaciones legales más que de pruebas, no es claro que sea prueba allí.

    En todo caso, en la apelación los magistrados pueden decretar pruebas de oficio “evitar que se tomen decisiones absurdas o groseramente contrarias a la verdad”, como dijo en una decisión de octubre su sección de mayor rango, la de apelación, y dada la importancia del video no es improbable que lo estudien - aunque falta ver si encuentran que es una prueba lícita o no.

    Es posible que allí o en otros escenarios en los que Santrich pueda terminar procesado por la justicia colombiana, aparezcan los elementos que faltan para que ahí sí valga como prueba.

      3 ¿Quién grabó el video y por qué?

    Ayer, varios medios aseguraron que lo grabó la DEA.

    Sin embargo, en su decisión sobre Santrich, la Sección de Revisión de la JEP detalla que sobre los registros videográficos de las reuniones que ellos le pidieron a Estados Unidos y a la Fiscalía, ésta última les aseguró en una comunicación que “la grabación y/o filmación” de las reuniones habría sido realizada por particulares que, de hecho y según la Fiscalía, no necesitaban autorización judicial.

    Aunque, de todas maneras, no es claro que la Fiscalía se refiera ahí específicamente al video dado a conocer antes de ayer.

    En cualquier caso, el auto de la JEP deja claro que informantes de la DEA participaron como infiltrados en varias de las reuniones de Santrich que fueron grabadas.

      4 ¿Por qué para la JEP los audios de la Fiscalía y la declaración de Santrich no son prueba de que delinquió en 2017?

    En el auto del miércoles, la Sección de Revisión aclaró que no tuvo en cuenta lo que dijo Santrich porque no fue una declaración o testimonio, sino un alegato de conclusión de Santrich, y técnicamente los alegatos no son testimonios o declaraciones.

    Sin embargo, en su salvamento de voto la magistrada Claudia López alega que sí lo debieron tener en cuenta: dice que “corrobora las fechas del indictment y la existencia de reuniones con los demás coacusados, señores (...) Estas afirmaciones debieron ser valoradas por la mayoría de la Sección, toda vez que provienen del solicitante de la garantía y eran suficientes para constatar el elemento temporal de la conducta, función constitucional que correspondía a la Sección.”

    Los audios tienen dos problemas.

    El primero es similar al del video: para la JEP no son pruebas lícitas pues, aunque entiende que son interceptaciones legales de la Fiscalía, le llegaron sin certeza de que no estuvieran manipulados, por falta de cadena de custodia y de elementos de identificación.

    El segundo es que Santrich solo aparece hablando en dos de los 12 audios, los más recientes, con Marín, y refiriéndose no a “hectáreas” como en el video, sino directamente a proyectos productivos.

    “Ellos me dicen que solamente, que piden solamente cinco minuticos para usted para decirle que ya vamos a empezar con los proyectos para desembolsarme la cuestión de los proyectos (...) no vamos a hablar de nada más, solamente que él nos diga que sí, que ya todo está listo pa’ comenzar los proyectos productivos que tenemos en cuenta ahí para comenzar a trabajar, solamente están necesitando eso” le dice Marín a Santrich en la primera, pidiéndole que se encuentre con otras personas (que serían los informantes de la DEA que aparecen en el video).

    En la segunda, una tercera persona llama a Marín para decirle que Santrich ya se va de un lugar, Marín dice que se lo pase porque si eso ocurre  no se alcanza a reunir con las personas (aparentemente los informantes), y logra cuadrar la cita. Santrich lo acepta con esta frase “Pero si tú estás aquí también, yo solo no me reúno con nadie”.

    Para la Sección, eso muestra que “ninguno de los audios se corresponde con la conducta por la que se le requiere, pues no evidencian expresamente acuerdos ilegales para el envío de droga a otro país y ni siquiera se puede inferir que refieran a una similar”.

      5 ¿Cuáles son los otros debates grandes para la apelación?

    Quizás el principal debate que debe zanjar la apelación es exactamente hasta dónde llega la obligación de la JEP de evaluar la conducta sobre la que se pide la extradición, una obligación que quedó en la Constitución a través del Acto Legislativo 01 de 2017.

    La norma dice que la Sección de Revisión “evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización y decidir el procedimiento apropiado” y hay un debate jurídico sobre qué debe evaluar y cómo lo debe hacer.

    Aunque todos están de acuerdo con que la JEP puede pedir más pruebas, la discusión es  si realmente tiene que hacerlo para cerciorarse de lo que indica el indictment, como hace cuando estudia los audios y concluye “las probanzas remitidas por la Fiscalía General de la Nación, no revelan la conducta por la cual el solicitante de la garantía es requerido en extradición, tornando entonces nugatoria la posibilidad de evaluarla y determinar la fecha precisa de su realización”.

    Pero otras voces, como las de Néstor Humberto Martínez, la Procuraduría o las magistradas que salvaron el voto -Claudia López Díaz y Gloria Amparo Rodríguez-,dicen que los elementos básicos del indictment son suficientes para conocer la fecha y que no era necesario revisar si los audios “revelan la conducta”, sino solo su fecha.

    Por otro, si la Sección pudo pedir otras pruebas y no solo las del expediente americano o las que le envió la Fiscalía para cerciorarse de la fecha si encontraba que éstas eran insuficientes o imposibles de obtener, como argumenta en su salvamento de voto la magistrada Rodríguez.  

    Así que probablemente esos dos sean los principales debates jurídicos de la segunda instancia.

      6 ¿Quién y cuándo resuelve la apelación?

    Dentro del Tribunal de la JEP, la Sección de Apelaciones es la segunda instancia para todas las sentencias y las resoluciones de las secciones, como la del miércoles. Se trata de la sección con más magistrados y de mayor rango, que funciona como órgano superior y de cierre del Tribunal.

    En esa sección está la presidenta de la JEP, Patricia Linares, y varios de los magistrados de más peso y trayectoria: Eduardo Cifuentes, exmagistrado de la Corte Constitucional y presidente de la sección; Rodolfo Arango, reconocido magistrado auxiliar de Cifuentes y de Manuel José Cepeda en la Constitucional y profesor de Los Andes; Sandra Gamboa, que duró 20 años trabajando en organizaciones de derechos humanos como las Brigadas de Paz y la Comisión Colombiana de Juristas; y Danilo Rojas, ex consejero de Estado y uno de los fundadores de Dejusticia.

    Según los tiempos de la ley de procedimiento de la JEP, el trámite se puede tardar hasta 40 días hábiles, lo que significa que si nada raro ocurre, hacia mediados de julio habrá decisión.

      7 ¿Santrich será congresista?

    Probablemente sí. Por el Acuerdo de La Habana, la Farc tenía derecho a cinco senadores y cinco representantes siempre y cuando armara la lista e hiciera campaña, como hizo. Santrich iba a ser uno de esos congresistas (concretamente, representante por Atlántico) pero no se pudo posesionar por estar en la cárcel.

    Aunque Benedicto González ocupó la curul en su lugar, probablemente Santrich se posesione pues desapareció el motivo para no hacerlo y su abogado dijo que es su deseo, y González deje de ser congresista.

    La duda es si eso es jurídicamente posible, como suele pasar en Colombia. Eso porque González no se posesionó como reemplazo temporal (como ocurrió, por ejemplo, cuando Faruk Urrutia reemplazó a la senadora uribista Paloma Valencia durante su licencia de maternidad).

      8 ¿La Fiscalía lo puede volver a capturar?

    La respuesta es “depende”, pues ocurriría en tres escenarios por ahora hipotéticos.

    Podría pasar, primero, si así lo decide la Sección de Apelaciones en una decisión que sería una bomba.

    También podría ocurrir, si la Sección de Reconocimiento -a la que le envió el expediente la de Revisión- decide que si bien no se extradita a Santrich, la JEP tiene competencia sobre el caso porque tiene elementos para entender que sí hubo delito y se inició antes del 1 de diciembre de 2016. Eso pinta improbable pues no hay indicios de ello hasta ahora, pues el indictment hablaba de reuniones desde julio de 2017.

    La tercera posibilidad es que la Corte Suprema, que es el juez de Santrich como congresista con fuero, avance un caso contra él que termine en una captura, lo que seguramente sería una bomba política de marca mayor.

    Justicia transicional Silla Nacional Laura Ardila Arrietacaso santrich Jesús Santrich

    Candidato a la Cámara del Atlántico por la Farc

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    Respaldar la JEP o legitimar la paz

    Respaldar la JEP o legitimar la paz


    https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/respaldar-la-jep-o-legitimar-... Opinión Esta crisis, que no necesariamente compromete la legalidad de los actos de los instrumentos e instituciones que hacen parte del Sistema Integral de Verdad,...

    https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-paz/respaldar-la-jep-o-legitimar-... Opinión Esta crisis, que no necesariamente compromete la legalidad de los actos de los instrumentos e instituciones que hacen parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, es especialmente aguda en el caso de la JEP y puede tener efectos en la agenda de paz de largo plazo.
    Con Santrich libre, se acaban excusas de Márquez y el Paisa para no volver

    Con Santrich libre, se acaban excusas de Márquez y el Paisa para no volver


    Justo el día después de que mataran a Wilson Saavedra, el primer excomandante asesinado desde que dejaron las armas, el partido Farc recibió un tanque de oxígeno, que viene esperando hace más de un año, con la noticia de que la Jurisdicción...

    Justo el día después de que mataran a Wilson Saavedra, el primer excomandante asesinado desde que dejaron las armas, el partido Farc recibió un tanque de oxígeno, que viene esperando hace más de un año, con la noticia de que la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, le mantuvo la garantía de no extradición a su dirigente Jesús Santrich.

    Esa bomba, más la renuncia del fiscal Néstor Humberto Martínez, duro crítico del Acuerdo de Paz, tienen a los excombatientes rasos animados, como era de esperarse. Aunque también están a la expectativa de que el reemplazo de Martínez puede ser peor para ellos, porque lo pondrá el uribismo - algo que de todas maneras iba a suceder en un año, cuando terminaba su período Néstor Humberto.

    Más allá de eso, con la libertad de Santrich llegó la hora cero para que exjefes clave como Iván Márquez (quien pidió aplazar su versión libre ante la JEP y la Sala de Reconocimiento está por definir si le abre un incidente de incumplimiento) o ‘El Paisa’ (que ya tiene orden de captura) definan si van a aparecer o si lo de Santrich era una excusa para esconderse definitivamente.

    La hora cero

    La captura de Santrich, en abril del año pasado, fue la razón por la que ‘El Paisa’, Márquez y otros mandos medios como ‘Romaña’ se escondieron. Por eso, aunque ayer Santrich le agradeció a todo el partido apenas se enteró de la noticia,  dijo que tenía “especial gratitud” con ellos. 

    Si lo que esos ex jefes estaban esperando era que lo dejaran libre, como varias veces dijo Márquez, ya no habría razones para que no le den la cara al país.

    El abogado de oficio de ‘El Paisa’, William Acosta, estaba en la JEP ayer, en la continuación de su audiencia, y se quedó para oír la decisión de Santrich. “Ojalá aparezca, pero a mi Óscar (El Paisa) no me ha buscado”, nos dijo.

    Márquez sí apareció ayer, pero en su Twitter.

    Tras la decisión sobre Santrich, además de decir que “el verdadero mafioso es Néstor Humberto Martínez”, puso esto en la mañana de hoy:

    La orden de libertad proferida por la JEP en beneficio de Santrich corrige la injusticia de un montaje judicial asqueroso y sin fundamento construido por el ex fiscal y el embajador de EU. El decoro debe gritar que se vaya también Whitaker.

    — Iván Márquez (@IvanMarquezFARC) 16 de mayo de 2019

    Pero más que trinos, Márquez tiene pendiente su versión libre ante la JEP y un primer gesto podría ser que por fin se presente ante la Sala de Reconocimiento.

    Dos miembros del partido en el sur, la zona de retaguardia de la exguerrilla y donde lo vieron por última vez, coincidieron en decirnos que le haría bien al partido que ellos aparezcan y que con Santrich libre, ya no hay razones para mantenerse al margen del trabajo político.  

    Además de esa expectativa, hay asuntos que pueden capitalizar y otros que les preocupan a las bases farianas, con las que conversamos en terreno, luego de saberse lo de Santrich.

    Lo que les sirve

    Desde que el fiscal Néstor Humberto Martínez reveló el escándalo de Santrich en abril del año pasado, la Farc usó el discurso de que todo era un “montaje” en el que también participó la justicia gringa, para torpedear el proceso de paz.

    A pesar de que la JEP no avaló la versión de que el caso de Santrich era un montaje, sino que dijo que no tenía elementos suficientes para establecer la fecha de la conducta, la decisión le ha dado munición a los farianos para reforzar la idea de que el tribunal tde la justicia transicional derrumbó "el montaje". Al punto de que el comunicado oficial del partido que sacaron ayer arranca con la frase “el montaje contra nuestro camarada Jesús Santrich ha sido derrumbado”.

    Esa misma idea fue la que usó el propio Santrich apenas se enteró de la noticia en un audio que mandó desde la cárcel La Picota. “Esta ha sido la estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje. Es un pequeño pero significativo avance para alcanzar la reconciliación nacional”, dijo.

    También la han replicado otros miembros del partido como Benedicto González, quien reemplazó a Santrich en la Cámara.

    Nos enseñó que es la dignidad revolucionaria, destruyó el montaje que el principal enemigo de la paz, el Fiscal Néstor Humberto Martínez, impuso contra él. Siempre creímos en ti y en tu inocencia.

    Ya no hay ninguna excusa @FiscaliaCol liberenlo YA.#SantrichLibreYA

    — Benedicto González (@BenedictoFARC) 15 de mayo de 2019

    Mover la idea de que se desarmó un montaje le sirve a la Farc para contener a los miembros del partido que han venido perdiendo la confianza en la implementación del Acuerdo de Paz y le inyecta gasolina a sus apuestas electorales regionales.

    O al menos eso sienten ellos, en medio de cierto pesimismo simultáneo. 

    “Esto nos puede ayudar un poco, pero nosotros seguimos siendo inviables políticamente. Somos inviables hasta que no haya reforma política”, nos dijo un dirigente caribe del partido.

    “Aunque la preocupación más grande es que no podemos competir económicamente con los otros partidos en una campaña política, esto sí da ánimo al interior del partido (...) seguimos siendo una minoría con muchas dificultades pero por lo menos reconocida y eso da moral”, nos dijo otro miembro de Farc en Norte de Santander que nos pidió no citarlo.

    La decisión también le pega directamente a la preocupación de los desmovilizados de que la extradición es una amenaza permanente, tanto por el antecedente de los jefes paramilitares como por las presiones del uribismo, los gringos y el Gobierno Duque (a través de una de sus objeciones a la estatutaria de la JEP) para facilitar ese trámite.

    Al no solo negar la extradición sino ordenar la libertad de Santrich y subrayar que debe ser inmediata, la JEP puede ayudar a disipar ese miedo entre los excombatientes.

    “Al menos ya sabemos que hay una JEP que nos defiende de la extradición”, nos dijo otro miembro del partido en Caquetá.

     

    Eso por ahora, porque de todos modos la decisión de la JEP fue de primera instancia y la apelará la procuradora Mónica Cifuentes, principal asesora jurídica del equipo negociador del Acuerdo.

    Además,  la Corte Suprema, que ayer recibió las copias del caso por la JEP bajo la tesis de que Santrich es aforado porque fue elegido representante a la Cámara, podrá seguir la investigación y acusarlo en Colombia, lo que podría devolver a Santrich a la cárcel.

    Incluso, aunque no es claro aún si el video revelado ayer por Noticias RCN entre al caso como nueva prueba, está generando una presión mediática para esa segunda instancia.

    En todo caso, en la Farc no contaban con que el Fiscal renunciaría a raíz de lo de Santrich y aunque, para todos los excombatientes que consultamos, Martínez salió del cargo para victimizarse, esa salida les adelanta un temor.

    Lo que les preocupa

    Aunque como el Fiscal Martínez ya era un gran crítico del Acuerdo y compartía con el uribismo buena parte de sus reparos como quedó claro con las objeciones presidenciales a la estatutaria de la JEP, que retomaban puntos del Fiscal, su renuncia hace que el presidente Iván Duque tenga que mandarle la terna a la Corte Suprema un año antes de lo previsto.

    Eso le anticipa a la Farc el temor de que el uribismo va a poner Fiscal, y les preocupa que sea incluso peor para ellos que Martínez e incluso que los afecte electoralmente.

    “Habría que mirar el reemplazo. Si va a ser de la misma talla, nos va a afectar bastante en las locales, porque van a buscar cualquier partecita de la ley para obstaculizar cualquier avance de nuestro partido”, nos dijo Joverman Sánchez, ‘Rubén el manteco’, exjefe del frente 58 que vive en el espacio territorial de La Fortuna, en Urabá.

    “No esperamos que la terna que nombre el señor Presidente vaya a ser amiga de la paz. Seguirán los palos en la rueda”, nos dijo un dirigente del partido en Arauca, que pidió no ser citado.

    Algo muy parecido nos dijo Ramiro Cortés, excomandante del Frente 29, del Cauca. “Igual ahora han de poner a un Pinzón (Juan Carlos Pinzón) o a un Lafaurie (José Félix Lafaurie), no van a cambiar mucho las cosas porque es un Gobierno contra la paz. Van a poner a un fiscal que también moleste a la paz así como Néstor. De pronto no van a escoger a alguien con ese mismo rabo de paja, pero sí de su mismo estilo”.

    Gobierno DuqueProceso con las FARC Silla Nacional Silla Sur Con Santrich y Márquez entre ojos, la Farc está aún más rota Silla Sur Los excombatientes se sienten tan presos como Santrich Silla Nacional Con su decisión sobre Santrich, la JEP deja más frágil la justicia transicional #ConflictoArmado #ProcesodePaz; Víctimas; JEP; SantrichPublicar en: Silla CaribeSilla PacíficoSilla CachacaSilla SurSilla PaisaInteractiva: 
    Néstor Humberto aprovecha el papayazo pero mete al país en otro lío (actualizada)

    Néstor Humberto aprovecha el papayazo pero mete al país en otro lío (actualizada)


    Menos de media hora después de que el magistrado Jesús Ángel Bobadilla, de la JEP, leyera el comunicado de prensa anunciando la decisión de no extraditar a alias Jesús Santrich y ordenar su libertad, Néstor Humberto Martínez renunció a ser Fiscal...

    Menos de media hora después de que el magistrado Jesús Ángel Bobadilla, de la JEP, leyera el comunicado de prensa anunciando la decisión de no extraditar a alias Jesús Santrich y ordenar su libertad, Néstor Humberto Martínez renunció a ser Fiscal General alegando que no puede refrendar la decisión.

    Con eso, Martínez termina aprovechando un papayazo para salir ganando cuando estaba en una situación difícil, y dándole otro papayazo al presidente Iván Duque y al uribismo. Mientras tanto, pierden los colombianos.

    En su breve comunicado, Martínez dice que con la decisión de la JEP “se consolida en Colombia un estado de cosas antijurídico que conjura contra el estado de derecho y expone a la sociedad frente al crimen, en medio de las advertencias de la Fiscalía General de la Nación”, que es un “desafío al orden jurídico” y, tras renunciar, invitó “a la ciudadanía a movilizarse con determinación por el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz”.

    Martínez llevaba varios meses en puja con esa justicia transicional por varios temas, como el manejo de bienes que entregaron las Farc o la posibilidad de pedir pruebas en solicitudes de extradición de desmovilizados, como Santrich. Su renuncia, que para dos altas fuentes de la Fiscalía fue inesperada, da a entender que siente que perdió esa pelea y que éticamente no puede ejecutar aquello a lo que se opone, por ser a su juicio contrario al derecho.

    Pero como el tema de la justicia transicional es una pequeña fracción de todo lo que implica su cargo, que abandone la responsabilidad que le fue asignada por no estar de acuerdo con esa decisión de la JEP, siembra dudas sobre si no es más que una excusa que está aprovechando para salir de una situación que se le tornaba cada vez más negativa.

    Sobre todo porque en la práctica dejar la Fiscalía en interinidad tiene impacto en muchos otros frentes, incluyendo mantener sus políticas para luchar contra la criminalidad.

    Del fiscal del poder al fiscal sin poder (hacer)

    Cuando la Corte Suprema eligió a Martínez de una terna que compartía con Mónica Cifuentes y Yesid Reyes, en La Silla Vacía dijimos que llegaba el Fiscal del poder. Eso por sus relaciones con poderosos de todo tipo, desde empresarios encabezados por Luis Carlos Sarmiento Angulo, hasta políticos como Andrés Pastrana, Juan Manuel Santos o Germán Vargas.

    Pero en los casi tres años en el cargo (su período de cuatro años vence el 1 de agosto de 2020), su margen de acción se fue desvaneciendo, a pesar de que ser Fiscal General es ser una de las personas más poderosas del Estado y de todo el país.

    Los golpes arrancaron a inicios de 2017, cuando Martínez cumplía un semestre en su cargo con la bandera de ser un gran fiscal anticorrupción, y estalló el escándalo de Odebrecht.

    Aunque arrancó con varias capturas, de entrada tenía el lío de que su ex principal cliente, Sarmiento Angulo, fue el principal socio de la corrupta multinacional en Colombia, y rápidamente el senador polista Jorge Robledo lo puso contra las cuerdas con una denuncia disciplinaria por no haberse declarado impedido en esa investigación.

    A ese escándalo se sumó el de su delegado anticorrupción, Gustavo Moreno, quien luego de su captura aceptó que había participado en la compra y venta de fallos de la Corte Suprema, es decir, que había sido corrupto.

    Como Martínez había nombrado a Moreno en ese cargo clave a pesar de que tenía pocos méritos para ocuparlo más allá de la recomendación de magistrados claves en su elección como Fiscal, pusieron un primer manto de duda sobre el verdadero compromiso de Néstor Humberto con su principal bandera.

    Más cuando el de Odebrecht tuvo un nuevo capítulo, que afectó directamente a Martínez.

    La  muerte de Jorge Enrique Pizano y su hijo Alejandro, a fines de 2018, lo pusieron en una situación todavía más difícil, incluyendo un duro debate en el Senado, porque, antes de ser Fiscal, Jorge Enrique le contó de sus sospechas de irregularidades de Odebrecht, como reveló una grabación de Noticias Uno, y la respuesta de Martínez registrada en el audio está llena de cinismo. Además, mostraba que sabía mucho más sobre la vinculación de Corficolombia (empresa de Sarmiento) en el escándalo de lo que había admitido públicamente.

    Eso puso a Martínez a dar explicaciones y a defenderse en un debate de control político.  

    En la opinión pública, su imagen se fue deteriorando hasta el punto de que no solo se convirtió para muchos en un símbolo de mucho de lo que la gente odia del Establecimiento sino que comenzó a ser asociado por humoristas y tuiteros con la idea del cianuro ingerido accidentalmente por el hijo de Pizano y deliberadamente por otro testigo marginal en el caso de Odebrecht. Todo esto hizo casi imposible que pudiera salir de la Fiscalía con la imagen de fiscal exitoso contra la corrupción.

    Más porque varios de sus anuncios más sonados terminaron con más ruido que nueces (como los casos de corrupción electoral que iban a estremecer al país o su “pecado original” de Hidroituango); porque tras casi dos años de tire y afloje se declaró impedido en las investigaciones sobre Odebrecht; y porque empezó a perder peleas políticas, como el del tratamiento del narcotráfico en la ley estatutaria de la JEP.

    A pesar de eso y de las marchas pidiendo su renuncia, seguía en su cargo y nada parecía indicar que iba a salir de él.

    Hasta hoy.

    El papayazo

    La decisión de la JEP en el caso Santrich fue una derrota para Martínez, pero una derrota esperable, pues las decisiones previas de ese tribunal en ese caso, y otros, mostraban que tenía una posición contraria a la del Fiscal.

    Un texto duro para Martínez

    Al auto de la JEP incluye dos decisiones nuevas que iban contra Martínez, además de varios pronunciamientos críticos de él.

    Una fue la decisión de la Sección de Revisión de darle una orden, la de liberar a Santrich de forma inmediata, sin siquiera esperar a que la decisión quede en firme. La lógica de hacerlo, según la decisión, es que Santrich estaba detenido con fines de extradición, y al no haber extradición debe quedar libre.

    Además, que como esa libertad debe ser inmediata, el Fiscal tiene la orden de ejecutarla.

    La magistrada Gloria Amparo Rodríguez, una de las dos que salvó el voto, argumentó que esa orden invade las competencias de la Fiscalía, que es quien define ese tipo de libertades. Recordó que la Corte Constitucional ha dicho que la Fiscalía es quien determina las capturas y libertades para extradición, y que esa misma Sección había dicho que no podía resolver un habeas corpus de Santrich, porque quien disponía de su libertad era la Fiscalía.

    Más allá de la discusión jurídica que plantea la magistrada, la orden de la JEP a uno de sus grandes críticos no tenía precedentes.

    Tampoco tenía la compulsa de copias a funcionarios de la Fiscalía.

    La JEP dijo que la prueba que recaude un agente extranjero en Colombia solo es legal en Colombia cuando tiene la autorización del Estado Colombiano, y que el que las personas que se reunieron con Santrich actuaran como particulares, como cuenta que le argumentó la Fiscalía, no es suficiente para saltarse esa obligación.

    Como la Fiscalía permitió esa actuación, a juicio de la JEP irregular, le compulsó copias a la judicatura y a control interno de la Fiscalía para que investigue a los responsables - que para Martínez no han cometido ninguna irregularidad y más bien le ayudaron a conseguir pruebas contra Santrich.

    Además, el auto dice que el Fiscal “pudo desatender los lineamientos previstos en los artículos 123 y 209 de la Constitución”, por sus pronunciamientos públicos contra Santrich y “se torna deseable que en lo sucesivo ajuste su comportamiento a los postulados constitucionales y legales.

    Como explicó La Silla, la decisión a favor de Santrich tiene la fragilidad de no haber sido unánime y de que será apelada por la procuradora Mónica Cifuentes, la principal asesora jurídica del equipo negociador del Acuerdo. Además, es impopular por lo que representa el exguerrillero que contestó “quizás, quizás, quizás” cuando le preguntaron si las Farc repararía a sus víctimas.

    Por eso, la decisión en favor de Santrich era un papayazo para Martínez, que además ya hizo en la Fiscalía la mayoría de las reformas que buscaba hacer, como fortalecer las fiscalías locales sin aumentar el presupuesto, empezar a designar casos de forma automática o usar big data para asociarlos y consolidar la política de priorización de casos.

    Ese papayazo se nota en que Martínez anunció su renuncia después de que la Procuraduría anunció su apelación; en lugar de respaldarla como hizo el presidente Duque o el uribismo, y de esperar su resultado para renunciar, optó por hacerlo de forma inmediata, cuando la noticia (y la indignación por ella) estaba fresca.

    La renuncia, de un lado, le permite salir de la Fiscalía con la cabeza en alto, argumentando la defensa de la legalidad.

    De otro, justamente esos argumentos le permiten salir con el aplauso de la derecha: ya uribistas como las senadoras Paola Holguín y María del Rosario Guerra o sus colegas Santiago Valencia o José Obdulio Gaviria salieron a felicitarlo por su decisión, y el Partido Conservador lamentó su retiro.

    El Centro Democrático dijo en su comunicado, esta noche, que "presentó renuncia con entereza admirable, decisión que debería reconsiderar para continuar su valerosa tarea contra el narco terrorismo".

    Aunque eso ha alimentado las especulaciones de que Martínez podría terminar siendo candidato presidencial uribista en el 2022, eso es poco probable. Lo es porque una cosa es que haya aprovechado el papayazo para salir con un relato de defensor de la legalidad que le permita retomar su oficio como prestigioso abogado, y otra es que eso le de margen suficiente para volver a la política.

    Sobre todo porque Martínez no pondrá su reemplazo y el martes, cuando la Corte Suprema tendrá sala plena y seguramente aceptará su renuncia, dejará de tener el poder enorme que ha gozado en estos últimos tres años.

    Lo que se viene

    La consecuencia más inmediata de la renuncia es que abre un período de interinidad en la Fiscalía: como renunció también la vicefiscal, queda encargado el coordinador de fiscales delegados ante la Corte Suprema, Fabio Espitia Garzón.

    Se trata de un penalista del Externado, con doctorado en Bari (Italia), vicefiscal encargado, conjuez de la Corte y algo muy importante para la relación con Estados Unidos: ha sido capacitador del Departamento de Justicia para la Fiscalía, una señal de que tiene buenas relaciones con las autoridades gringas que son cercanas a la Fiscalía.

    Espitia tiene una larga trayectoria en la Fiscalía y es un encargado que asegura la continuidad hacia adentro, más que uno con conexiones políticas como las que tenía Guillermo Mendoza Diago, quien manejó la entidad entre agosto de 2009 y enero de 2011, cuando la Corte Suprema rechazó la terna de Álvaro Uribe, en medio del choque entre esos dos poderes.

    Eso significa que, por lo menos en el corto plazo, se puede crear una dificultad en la entidad encargada de manejar los cientos de miles de denuncias de delitos que hay en el país cada año, o de hacer el trabajo para desmontar bandas criminales.

    Como pasa en cualquier entidad, cuando hay un encargado es más difícil tomar decisiones drásticas o hacer cambios de envergadura, por necesarios que sean.

    La segunda consecuencia es que crea un papayazo para que el uribismo tenga un Fiscal uribista. Si bien Néstor Humberto ideológicamente puede estar cerca del uribismo, que estuviera en la Fiscalía era una especie de seguro para Juan Manuel Santos y no respondía directamente a los intereses o visiones uribistas así se alineara con algunas de ellas.

    Aunque Duque iba poder armar su terna para Fiscal, con esa misma consecuencia, la renuncia le permite hacerlo más de un año antes, lo que puede tener repercusiones políticas de todo tipo.

    La escogencia de ese fiscal no será fácil. Se puede revivir el antecedente de choque de trenes  por cuenta de la tensa relación entre la Corte Suprema, y especialmente su Sala Penal (cuyo presidente, además, es uno de los que se quedaron sin visa de Estados Unidos), y Álvaro Uribe Vélez.

    La decisión de esta semana de la Sala de Instrucción de la Corte de separar a la magistrada Cristina Lombana de los dos procesos contra Uribe por falsos testigos, por ser militante activa, revivieron la fuerte tensión creada por la decisión de esa Corte de negar una denuncia de Uribe contra Iván Cepeda y, en su lugar, abrir una contra el Expresidente.

    Ese es el caso que llevó incluso a que el Expresidente haya amagado con renunciar al Senado entre julio y agosto del año pasado.

    Como Uribe ha rechazado todo el proceso en su contra, por el que está llamado a indagatoria, no es fácil que una terna uribista tenga buen recibo, por lo menos en la Sala Penal, que suele tener la voz cantante en las elecciones de Fiscal por su experticia.

    Eso deja en manos del presidente Duque el reto de armar una terna que sea viable en la Corte y a la vez deje tranquilo a su jefe político.

    En todo caso, eso tiene otro efecto negativo: la JEP, una pieza clave para que la ya golpeada implementación del Acuerdo sea exitosa, probablemente se enfrente a un Fiscal por lo menos tan opuesto como Martínez dada la sensibilidad de este tema para el uribismo. Por eso no es tan sencillo que haya un Fiscal pronto.

    La terna para el fiscal adhoc para Odebrecht muestra un pequeño antecedente: Duque inicialmente armó una terna más conservadora que experta, la Corte la devolvió y aunque finalmente eligió de la que rearmó el Presidente, el impasse demoró la decisión una semana.

    Falta ver cómo arma Duque la terna (su declaración de esta noche a duras penas rozó el tema y se concentró en la decisión de la JEP y sus objeciones), si abre algún proceso de postulación, y cómo están las cargas en la Corte.

    Es decir, si el Presidente logra aprovechar rápido el papayazo como el Fiscal aprovechó el suyo, o si la elección del nuevo fiscal se convierte en una novela de varias entregas en un semestre electoral.

    Si eso pasa, se va a tragar parte de la agenda pública y de la energía de los actores políticos, que se concentrarán en quién es el nuevo Fiscal, cómo avanza su elección o incluso aventuras como una Constituyente para reformar la justicia o un referendo para derogar la JEP.

    Mientras tanto, temas de fondo, desde la implementación hasta la atención a los migrantes venezolanos, pasando por la deforestación o el futuro de la infraestructura, quedarán en un segundo plano.

    Nota del editor: actualizamos la historia a las 10 de la noche, después de la declaración del Presidente

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    Fiscal General de la Nación

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    Resurgence of Vaccine-Preventable Diseases in Venezuela as a Regional Public Health Threat in the Americas

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    Venezuela’s tumbling economy and authoritarian rule have precipitated an unprecedented humanitarian crisis. Hyperinflation rates now exceed 45,000%, and Venezuela’s health system is in free fall. The country is experiencing a massive exodus of...

    Venezuela’s tumbling economy and authoritarian rule have precipitated an unprecedented humanitarian crisis. Hyperinflation rates now exceed 45,000%, and Venezuela’s health system is in free fall. The country is experiencing a massive exodus of biomedical scientists and qualified healthcare professionals. Reemergence of arthropod-borne and vaccine-preventable diseases has sparked serious epidemics that also affect neighboring countries. In this article, we discuss the ongoing epidemics of measles and diphtheria in Venezuela and their disproportionate impact on indigenous populations.

    Por: Juan David RamírezImagen ó Cover de la publicación: Hilos temáticos: VenezuelaSaludTags: venezuelasarampiónpolioenfermedadesvacunasinmunizaciónPrecio: $0.00Páginas: 8Entidades: Universidad del Rosario Descargar Tipo de publicación: PapersMiércoles, Abril 10, 2019 - 10:00 Silla Académica
    Venezuela's humanitarian crisis, resurgence of vector-borne diseases, and implications for spillover in the region

    Venezuela's humanitarian crisis, resurgence of vector-borne diseases, and implications for spillover in the region


    In the past 5–10 years, Venezuela has faced a severe economic crisis, precipitated by political instability and declining oil revenue. Public health provision has been affected particularly. In this Review, we assess the impact of Venezuela's...

    In the past 5–10 years, Venezuela has faced a severe economic crisis, precipitated by political instability and declining oil revenue. Public health provision has been affected particularly. In this Review, we assess the impact of Venezuela's health-care crisis on vector-borne diseases, and the spillover into neighbouring countries. Between 2000 and 2015, Venezuela witnessed a 359% increase in malaria cases, followed by a 71% increase in 2017 (411 586 cases) compared with 2016 (240 613).

    Por: Juan David RamírezImagen ó Cover de la publicación: Hilos temáticos: VenezuelaSaludTags: venezuelachikungunyadenguesalud publicaPrecio: $0.00Páginas: 1Entidades: Universidad del Rosario Descargar Tipo de publicación: PapersViernes, Mayo 10, 2019 - 00:00 Silla Académica
    Con su decisión sobre Santrich, la JEP deja más frágil la justicia transicional

    Con su decisión sobre Santrich, la JEP deja más frágil la justicia transicional


    La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, de mantener la garantía de no extradición de Jesús Santrich y ordenarle a la Fiscalía que tramite su libertad inmediata, es un maremoto que ya va en que el Fiscal General, Néstor Humberto...

    La decisión de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, de mantener la garantía de no extradición de Jesús Santrich y ordenarle a la Fiscalía que tramite su libertad inmediata, es un maremoto que ya va en que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, anunció públicamente su renuncia. Al final, la decisión de Martínez refuerza una consecuencia central de la decisión: la justicia transicional queda más frágil.

    Esto porque no solo, como era predecible, es un tanque de gasolina para los gringos que critican el manejo de la extradición y para los enemigos del acuerdo de Paz. Sino también porque no fue una decisión unánime de la sala de la JEP que tomó la decisión por una mayoría estrecha y porque entre sus críticos están amigos claves del Acuerdo como la Procuraduría, que anunció que apelará la medida, secundada por la representante a la Cámara Juanita Goebertus, una de las asesoras jurídicas clave del negociador principal en La Habana, Sergio Jaramillo.

    Por las razones que he expuesto, comparto plenamente la decisión de la Procuraduría de apelar el fallo de la JEP. https://t.co/QJLOPZtiZb

    — Juanita Goebertus (@JuanitaGoe) 15 de mayo de 2019

    Lo anterior sin mencionar la torpeza de la JEP durante la rueda de prensa, cuando los otros magistrados abandonaron el recinto después de explicar su decisión y le dejaron el micrófono a la magistrada que salvó el voto con lo que fue precisamente la que se oponía quien tuvo la última palabra frente al público en el polémico caso.

    Por eso, y porque la decisión envía dos mensajes contra la Fiscalía y los Estados Unidos, no solo galvaniza al uribismo y golpea fuertemente las relaciones bilaterales con Estados Unidos (que pasan por una crisis por cuenta del narcotráfico y la extradición, los dos temas centrales del caso Santrich, y en un ambiente enrarecido por la presión de las visas), sino que pone a la JEP en una posición más difícil.

    Una decisión fundamental

    Aunque ayer hubo rumores de que la Sección de Revisión iba a anunciar una decisión sobre Santrich, finalmente el anuncio se postergó y la JEP dio el anuncio, vía Twitter, a las 10:42 de la mañana.

    Salió esta mañana justo después de que a las 9.35 de la mañana otra sala, la de Reconocimiento, refrendara la decisión que tomó hace tres semanas de pedir la captura de El Paisa por haber incumplido con algunas de sus obligaciones con la JEP.

    Según una fuente de adentro de la JEP, decidieron aplazar el anuncio de la extradición con la idea de que la decisión sobre El Paisa ayudara a matizar el impacto de la de Santrich, y quedara claro que también estaban dispuestos a usar el garrote.  Pero a juzgar por las reacciones públicas y en las redes, parece no haber tenido ese efecto. Quizás porque si bien El Paisa es conocido por ser uno de los jefes farianos más violentos, el caso Santrich ha ocupado un lugar central en la agenda política desde que el Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, reveló el escándalo en abril de 2018. Eso por varios motivos:

    Santrich era una figura simbólica de las Farc. Aunque no era tan conocido como otros jefes guerrilleros antes de las negociaciones, se hizo famoso a lo largo de la negociación porque fue el negociador más radical de las Farc.

    Eso tanto en la mesa con temas como la amnistía para los presos o que los guerrilleros pudieran participar en los Pdets (al final el Gobierno dijo que no); como fuera de ella, especialmente con su respuesta de  ‘quizás, quizás, quizás’ cuando le preguntaron si le responderían a sus víctimas en la instalación oficial de las negociaciones en Noruega.

    Además, la Farc lo eligió para ser uno de sus representantes a la Cámara, por lo que al momento de su captura era un congresista en ciernes, simbólico del paso de las armas a la política.

    El caso alimentaba la visión de las Farc como banda narcotraficante. Que el escándalo sea porque Santrich presuntamente armó un negocio para exportar cocaína deslegitima el Acuerdo.

    Su detención ya fue un golpe duro a la implementación. Cuando la Fiscalía capturó a Santrich, el 9 de abril de 2018, disparó la desconfianza de varios líderes de la Farc con el cumplimiento del Acuerdo desde el otro lado.

    Aunque Timochenko mantuvo el apoyo al proceso (con críticas) y sus congresistas se posesionaron, fue en reacción a ella que ‘El Paisa’ se fue del espacio de capacitación de Miravalle y que Iván Márquez se fue a ese espacio y luego se escondió.

    La importancia es tal que Márquez dijo que el elemento clave para que se la juegue por la JEP es la decisión de Santrich.  "No es que seamos desconfiados, es que estamos esperando hechos. Él (El Paisa) está esperando un hecho y es la excarcelación de Santrich”, dijo en abril de 2018.

    Por todo eso, la decisión de la JEP iba a definir en buena medida su imagen y su futuro. Y por eso la importancia no sólo de lo que decidió sino de las razones para hacerlo.

    La decisión

    Poco después del mediodía, y con una tardanza de más de media hora frente a la convocatoria inicial (mientras los magistrados pulían detalles del texto), el magistrado ponente Jesús Ángel Bobadilla tomó la palabra para leer un comunicado de prensa.

    Rodeado de la presidente de la JEP, Patricia Linares, y de la magistrada Caterina Heyck, de la misma Sección de Revisión explicó que la decisión fue dividida: dos de los cinco magistrados de la Sección, Gloria Amparo Rodríguez y Catalina López Díaz, se apartaron de la decisión mayoritaria tomada por Bobadilla, Hecyk y Adolfo Murillo.

    Según el comunicado, el argumento central de la mayoría para no conceder la solicitud de extradición de Santrich es que no obtuvieron pruebas suficientes para saber cuándo ocurrieron los hechos por los que la justicia gringa investiga a Santrich.

    “El Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América no remitió las evidencias solicitadas y a que en las interceptaciones telefónicas de otro caso enviadas a la JEP por la Fiscalía no se reveló la conducta atribuida a Hernández Solarte en la solicitud de extradición”, dijo.

    Es decir, no dijo que Santrich no haya cometido los delitos, sino que la decisión de la justicia gringa de no enviar más pruebas impidió que pudieran evaluar la solicitud de extradición, para saber si los hechos fueron antes del 1 de diciembre de 2016, con lo que serían de su competencia, o después.

    Como no dijo (ni era su función) que no hubo delitos, explicó que el caso contra Santrich seguirá avanzando, pero en Colombia. La Sección lo enviará a la sala de instrucción de la Corte Suprema, que investiga en primera instancia a los congresistas, y a la Sala de Reconocimiento de la JEP, para que definan si son competentes para adelantar la investigación.

    Más allá de eso, mandó dos mensajes muy duros.

    Uno, el más visible, contra la Fiscalía: compulsa copias ante la Judicatura y Control Interno de la Fiscalía “a raíz de las irregularidades que se presentaron en el trámite de solicitud de asistencia judicial para recaudar pruebas en Colombia“.

    Argumentó que una de las pruebas clave era la declaración de un agente de la DEA que actuó en Colombia, pero que la Fiscalía no demostró que lo hiciera cobijado por una solicitud de asistencia judicial. En cambio, la Fiscalía les respondió que el agente actuó como un particular, lo que a su juicio puede violar la soberanía colombiana y los derechos de los ciudadanos.

    Otro, menos visible, dura para los gringos: dijo que con el Acuerdo “varió la tradición jurídica en materia de extradición”, lo que golpea el corazón de los argumentos del Departamento de Justicia de por qué no estaban obligados a enviar pruebas y la JEP debía dar luz verde a la extradición.

    "Debemos rechazar esta solicitud dado que es contraria a la costumbre que hemos seguido al aplicar el tratado y solicita evidencia innecesaria para decidir sobre esta solicitud de extradición" (we must decline this request, since it is both contrary to our treaty practice, and asks for evidence unnecessary to rule on this extradition request.) "Es importante que sigamos la costumbre en todos los casos" (It is important that we follow that practice in all cases.), dijo el Departamento de Justicia gringo en la respuesta oficial a la solicitud de la JEP de enviar pruebas.

    Como un articulo constitucional para el aterrizaje del Acuerdo exige que la JEP "evaluará la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización", la decisión sobre Santrich marca el precedente de una evaluación mucho más estricta que la usual para conceder la extradición.

    Durante la lectura de Bobadilla, la magistrada Claudia López había estado presente, del lado de los periodistas, y en por lo menos dos momentos hizo gestos que llevaron al magistrado a interrumpir la lectura.

    Luego, tras la salida de Linares, Heyck y Bobadilla de la sala, López mostró sus duras críticas contra la decisión que explican su salvamento de voto.

    Dijo que el "indictment" de Estados Unidos era prueba suficiente para autorizar la extradición. Además, que la Sala pudo haber pedido más pruebas para poder verificar cuándo se cometieron los hechos (un argumento que coincide con el de la otra magistrada que salvó el voto); que no hay víctimas acreditadas en este caso; o que no se aprovechó para comprometer a Santrich con la verdad y la no repetición a pesar de mantenerle el beneficio de no extradición.

    Con eso, la rueda de prensa terminó recordando que la decisión, a pesar de lo fuerte, no es de consenso. Y eso, sumada a la posición de la Procuraduría, puede llevar a que sea más un nuevo motivo de presión a la JEP que uno de alivio, a pesar de que tenga de las dos cosas.

    Más presión que alivio

    La decisión puede producir, de entrada, dos grandes efectos positivos para la implementación.

    Uno, es que llega directamente a la preocupación de los desmovilizados que sienten que la extradición es una amenaza permanente, tanto por el antecedente de los jefes paramilitares que pactaron con el gobierno de Uribe en Ralito como por la presión del uribismo, los gringos y el gobierno Duque (a través de una de sus objeciones) para facilitar ese trámite.

    Al no solo negar la extradición sino ordenar la libertad de Santrich y subrayar que debe ser inmediata, la JEP puede ayudar a disipar ese fantasma.

    Otro, relacionado, es el de las víctimas de que una extradición golpee su derecho a la verdad. De hecho, Bobadilla dijo “el juzgamiento del compareciente en Colombia es la manera más efectiva de garantizar la consolidación de una paz estable y duradera, y el goce de los derechos del solicitante de la garantía de no extradición, en cuanto a su seguridad jurídica, y también los derechos de las víctimas a la Verdad, la Justicia, la Reparación y la No Repetición.”.

    Sin embargo, esos logros de la justicia transicional pueden ser menores que el efecto negativo.

    Por un lado, la renuncia de Néstor Humberto aumenta la presión, pues envía el mensaje -con el cubrimiento triple A que merece una noticia de esa índole- de que fue una decisión atrabiliaria, y por una persona que si bien ha sido crítico del Acuerdo, también estuvo en el Gobierno Santos.

    Por otro, porque muestra fragilidad dentro de la JEP. No solo porque la decisión no haya sido unánime, sino por la dureza de las críticas de López y por la forma de presentarlas, en la misma rueda de prensa y con el mismo despliegue del comunicado de prensa, pero como la última palabra del evento.

    Y, por uno más, porque el que la Procuraduría se muestre en contra, cuando la delegada para el tema es la exgerente jurídica del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Mónica Cifuentes, y que además sea secundada por una de las personas que más conoce el Acuerdo de Paz como Goebertus, debilita el apoyo a la decisión y por lo tanto a la JEP.

    Todo eso cuando las objeciones de Duque a la ley estatutaria están empezando su trámite en la Corte Constitucional, incluyendo la que tiene que ver con la extradición, y cuando el fantasma de la ‘descertificación’ gringa está muy vivo en el gobierno Duque. 

    Encima, cuando esa decisión va a aparecer como la responsable del nuevo problema político del país: quedarse sin Fiscal General y con el chicharrón de elegir uno nuevo en un año electoral, con un Gobierno alejado de las Cortes (y perteneciente a un partido que ha propuesto en el pasado una Asamblea Constituyente para reformar a la justicia) y cuando la terna para elegir la arma el Presidente, y define la Corte Suprema.

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    ¡La Silla Sur cumple dos años!

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    El equipo de La Silla Sur Hoy, hace dos años, La Silla Vacía llegó al sur convencida de que este país es, sobre todo, sus regiones y de que para poder contarlas hay que recorrerlas y entenderlas bien. Nacimos como la quinta hermana de las patas...

    El equipo de La Silla Sur

    Hoy, hace dos años, La Silla Vacía llegó al sur convencida de que este país es, sobre todo, sus regiones y de que para poder contarlas hay que recorrerlas y entenderlas bien.

    Nacimos como la quinta hermana de las patas regionales. Primero fue la mayor, La Silla Caribe, luego La Silla Santandereana, después La Silla Pacífico, luego La Silla Cachaca y en mayo de 2017, nosotros, La Silla Sur.

    Con los mismos criterios de independencia, relación horizontal con las audiencias y nuestra máxima de contar todo lo que sabemos y saber todo lo que contamos, abrimos La Silla Sur con mucha felicidad en Neiva, para cubrir las movidas de poder en Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas.

    Dos años después, aquí estamos y aquí nos quedamos. Gracias a los usuarios y amigos que nos han acogido, logramos abrir una oficina en la Universidad Corhuila a los siete meses de llegar a Neiva y hoy seguimos ahí.

    Para celebrar, les traemos este top que resume lo que han sido estos dos maravillosos años para nosotros:

     

    1 El mayor desafío

    Cuando creamos La Sur, en mayo de 2017, apenas cinco meses después de la firma del Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno Santos, nuestra lógica fue concentrarnos en las historias que contaran cómo se vivía el posconflicto en la retaguardia histórica de las Farc.

    Eso ha sido un gran desafío no sólo por lo difícil que ha sido ganar confianza con fuentes de la ex guerrilla, sino por la dificultad de viajar, algunas veces, por problemas de seguridad.

    La historia con la que lanzamos esta pata fue ‘El regreso de Iván Márquez al sur’, en la que contamos en detalle las primeras movidas del ex jefe negociador del Acuerdo y de Jesús Santrich, para abonar terreno electoral con concejales, periodistas y sus bases en Huila y Caquetá.

    Esa mirada nos ha permitido contar en detalle cómo han ido aterrizando varios puntos del Acuerdo de Paz en lo local: desde la política de sustitución de coca, o el perdón que ha prometido la Farc y que no concretan, hasta la llegada de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, al Huila -uno de los departamentos más golpeados por los falsos positivos y el secuestro político-, los retos de la Comisión de la Verdad, y también cómo ha sido para miles de exguerrilleros pasar del fusil a la vida civil en los espacios de capacitación en Caquetá y Putumayo.

    Tristemente, también hemos escrito muchas historias sobre el auge de las disidencias. Desde cómo se multiplicaron las vacunas en sitios de presencia histórica de las Farc, como San Vicente del Caguán, hasta el auge, los planes de coordinación y los golpes a la disidencia que lidera Gentil Duarte en Guaviare, Meta y Caquetá y que es la más grande del país.

    Un caso que revela muy bien el desafío que ha sido cubrir este tema es que no pudimos viajar al Guaviare hace un mes para una historia sobre una carretera que Duarte está abriendo cada vez más -pasando por el Parque Chiribiquete y un resguardo indígena- para el negocio del narcotráfico. Las fuentes en terreno que consultamos, nos dijeron que “estábamos locos” si pretendíamos ir hasta la carretera. Aún así, la sacamos (aquí la pueden ver) aunque nos dio lástima porque una historia nunca es igual cuando uno ve todo con sus propios ojos que a través de los de otros.

      2 Las historias que nos dan más orgullo

    Hay cinco historias que nos dan mucha felicidad. La primera es una investigación que sacamos este año titulada ‘Los secuestrados del Huila muestran el límite de la JEP con los terceros’, en la que revelamos en detalle las dudas de varios secuestrados del Huila sobre la participación de terceros en sus secuestros, cómo funcionaba esa política tácita de “referir secuestrados” y el desafío que eso significa para la JEP.

    También cuando sacamos ‘La Farc, casi en ceros para 2019’, en la que contamos municipio por municipio cómo le fue al naciente partido en sus primeras elecciones a Congreso.

    Otras tres historias, más de política menuda, son ‘Macías, el agradecido’, en la que contamos como el hoy presidente del Senado financió su campaña con contribuciones del Centro Democrático y de empresas que salieron beneficiadas de apoyarlo para el Congreso; el seriado de historias sobre los contratistas de la fallida remodelación del Estadio de Neiva (que para nuestra sorpresa fueron muy taquilleras); también cuando el famoso ‘Kapax’ estaba sonando para ser candidato del uribismo al Congreso en Leticia y en esa misma línea, nuestro cubrimiento a la contratación en Amazonas, un departamento olvidado por los medios nacionales.

      3 La mayor satisfacción

    Nuestra mayor alegría es que hemos podido contar movidas de poder que los medios locales, quizás por temor, no estaban contando, como qué políticos son los dueños de entidades públicas y cómo las usan en elecciones.

    También nos enorgullece que hemos mantenido el mismo equipo desde que nacimos, con Jerson Ortiz y yo, y que a pesar de que nuestros departamentos están entre los menos poblados del país, estamos creciendo como comunidad al punto que el año pasado nos enteramos que en el Panel de Opinión de Cifras & Conceptos, que mide año a año a los medios, La Silla Vacía es el tercer portal web más leído en Huila después de El Tiempo y Semana y el único de los tres que se enfoca exclusivamente en esta zona del país con La Silla Sur.

     

      4 La mayor lección

    El enfoque en el posconflicto nos ha permitido contar muchas movidas de poder interesantes sobre el cambio de las Farc de las armas a las urnas, pero también nos ha dejado un mea culpa y es que, por un lado, hay que cubrir a la región más allá de las Farc y por otro, aunque hemos intentado contar más historias sobre medio ambiente, todavía nos falta mucho.

    Eso es clave porque hoy la Amazonía es el foco de la deforestación y creemos que a pesar de que sí hemos cubierto el tema, necesitamos hacerlo mucho más.

    También creemos que nos toca meterle más fuerza a La Red Sur, nuestra red de expertos de estos cuatro departamentos, que nació en el primer semestre de 2018, y aunque tiene 46 miembros que pueden escribir cuando quieran, en realidad solo lo hacen cinco, a quienes agradecemos mucho su compromiso, sobre todo a Alejandra Ciro, Alirio Calderón y Gonzalo Agudelo.

    Lo triste es que casi nadie de nuestros miembros de La Red está escribiendo. Así que ahí tenemos una gran reto, que es hacerle entender a nuestros miembros lo increíble que es tener un espacio en el que desde sus propias voces puedan contar la región y no solo quedarse en temas como el conflicto o el medio ambiente, sino en temas más locales.

      5 La mayor sorpresa

    En el más reciente análisis que hacemos cada dos meses con ‘Google Analytics’, nos dimos cuenta de varios datos relevantes que nos sorprendieron y nos sirven para entender mejor nuestra audiencia.

    El primero es que aunque de las elecciones presidenciales para acá los usuarios de La Silla han caído, no ocurre lo mismo en La Silla Sur ni en La Silla Pacífico, donde nuestros usuarios se han mantenido. Ahí el reto es crecer el tráfico en las elecciones regionales que se vienen y que serán las primeras que cubriremos en La Sur con un equipo en terreno.

    También nos sorprendió que las personas que nos leen y viven en el sur casi se han duplicado en porcentaje, aunque sigue siendo bajito. En 2018 sólo el 9 por ciento de nuestros lectores vivían en Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas, pero en marzo de 2019 pasó a ser el 19 por ciento. Aunque ese crecimiento nos motiva, también es un enorme reto seguir interesando a cada vez más personas de la región en leernos, porque La Sur se piensa como un medio local.

      6 El apoyo clave

    Aunque el equipo base de esta pata somos Jerson Ortíz, a quien le agradezco todo su trabajo y que ha demostrado ser un excelente periodista, y yo, La Sur nació por idea de nuestra directora, Juanita León, que lleva años cubriendo el conflicto armado en Colombia y fue el faro para ver esta región de otra forma.

    También queremos agradecerle a nuestro editor general, Juan Esteban Lewin, que además de darnos ideas increíbles y enfoques novedosos para cubrir los procesos que cubrimos, es nuestra mano derecha y el que nos ha orientado para mejorar todos los días.

    La Sur se debe también a las editoras de todas las regionales, comenzando por Laura Ardila, de La Silla Caribe, que nos ha editado y pillado errores más de una vez; Jineth Prieto, de La Silla Santandereana, que nos leyó nuestro primer confidencial porque teníamos nervios de publicarlo; Tatiana Duque, de La Silla Pacífico, que vive orgullosa de nuestras historias de Amazonas; Sara Ruiz, de La Paisa, que nos manda contactos o temas que le parecen interesantes y el único hombre editor, además de Juanes, dentro del matriarcado, Carlos Hernández, que ha sido una gran fuente para varios de nuestros títulos.

    A Eduardo Briceño también le agradecemos su inmenso apoyo en hacer que La Red Sur funcione y crezca; a Jorge Morelo y Adelaida Ávila, por su paciencia con las historias gráficas; y a Natalia Arenas, que fue la primera editora de La Silla Pacífico, y con quien viví y desahogue todas mis angustias de montar una silla de ceros. A la Universidad Corhuila también le agradecemos que nos presta una de sus oficinas para trabajar.

    A todo el equipo de La Silla, gracias porque nos han ayudado a crecer y a ver nuestros errores.

      7 Ñapa: La promesa

    Las elecciones regionales de octubre serán las primeras que cubre La Silla Sur y queremos que sean una prueba más de que vale la pena apostarle a crear un medio en esta región. Por eso nuestra promesa para ustedes, nuestros usuarios, es meterle toda la ficha a estas elecciones y contarles todo lo que sabemos sobre las movidas de los políticos en Caquetá, Huila, Putumayo y Amazonas, con el mismo rigor e independencia de siempre.

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    Al aval de Uribe en Medellín le sigue faltando 'Fico'

    Al aval de Uribe en Medellín le sigue faltando 'Fico'


    Este jueves se sabrá quién va a ser el candidato oficial del Centro Democrático para la Alcaldía de Medellín, la capital del principal bastión uribista. Pero eso no quiere decir que quien quede vaya hasta el final. Es un momento clave en la...

    Este jueves se sabrá quién va a ser el candidato oficial del Centro Democrático para la Alcaldía de Medellín, la capital del principal bastión uribista. Pero eso no quiere decir que quien quede vaya hasta el final.

    Es un momento clave en la carrera electoral para octubre porque empezará a marcar la ruta que tomará Álvaro Uribe en su casa: la de intentar poner alcalde de su partido o seguir el camino que Federico ‘Fico’ Gutiérrez empezó a abrir: el de la derecha independiente, joven, de volantes y camiseta, y con varios políticos detrás.

    Sea quien sea el candidato oficial, hasta ahora el uribismo está más cerca de seguir el segundo camino.

    Aspirantes purasangre con pinta de ‘Fico’

    Hay tres cosas que tienen en común los aspirantes a candidato oficial uribista.

    La primera es que pertenecen a casas políticas tradicionales del partido:

    Alfredo Ramos tiene el espaldarazo y el mismo nombre de su papá, un peso pesado del viejo conservatismo paisa y cabeza de uno de los matices del uribismo: el exgobernador Luis Alfredo Ramos. Lo apoyan de frente los representantes Óscar Darío Pérez y Margarita Restrepo.

    Ana Cristina Moreno, diputada del Centro Democrático, llegó a la política por el lado de las juventudes uribistas y luego se metió bajo el ala ramista: fue directora de Planeación durante la administración de Ramos. La respaldan el grupo del senador Nicolás Pérez (el sobrino del gobernador Luis Pérez), el grupo de la concejal Nataly Vélez, y otros bajo cuerda.

    Jaime Mejía, concejal de Medellín con pasado conservador. Es el candidato del exministro Fabio Valencia Cossio, dueño de una de las casas políticas tradicionales y poderosas del departamento y hace parte del directorio nacional del Centro Democrático. Tiene senador, representante a la Cámara, diputado y concejal. Lo apoyan el senador Santiago Valencia y John Jairo Berrío, que hacen parte de ese grupo.

    La segunda cosa en común entre los tres es que rondan los 40 años y no tienen trayectoria de más de un periodo en cargos de elección popular:

    Alfredo Ramos aterrizó en la política electoral en 2014, en la lista cerrada del Centro Democrático a Senado. Fue congresista hasta el 2018.

    Ana Cristina Moreno fue la diputada más votada del partido en el 2015, con 41 mil votos. Sigue en el cargo.

    Jaime Mejía está en medio de su cuarto año en el Concejo.

    El tercer elemento, que marcó la carrera por el aval, fue la forma de hacer campaña.

    Más que mostrar su vínculo con Uribe, como suelen hacerlo los candidatos uribistas, hicieron lo que le funcionó al alcalde ‘Fico’ Gutiérrez hace cuatro años: salir a la calle con veinteañeros, vender una imagen refrescante y meterle la ficha a las redes sociales.

    La campaña, además, se caracterizó por los elogios al Alcalde.

    Felicitaciones Alcalde @FicoGutierrez, liderando un proceso de cambio de mentalidad.
    Medellín debe ser reconocida por sus valores, por su capacidad de sobreponerse a todos los retos, y no por el recuerdo de unos cuantos delincuentes https://t.co/e3KcyixYuV

    — Alfredo Ramos (@AlfredoRamosM) 22 de febrero de 2019

    Esfuerzos por la sostenibilidad de Medellín que vale la pena fortalecer y replicar.
    Felicitaciones @AlcaldiadeMed @FicoGutierrez https://t.co/9O00fvoL5K

    — Ana Cristina Moreno (@AnimorenoP) 6 de mayo de 2019

    #MedellínEsDeTodos |
    Vivimos en una ciudad de compromiso con la seguridad. Muestra de ello, las constantes capturas a cabecillas de grupos delincuenciales.
    Seguimos avanzando por brindarles una Medellín libre de temor y crimen. https://t.co/T64udKmvE8

    — Jaime Mejía (@jaimemejia) 26 de abril de 2019

    Los tres han dejado claro que quieren seguir los pasos de Gutiérrez, o al menos en buena parte.

    Eso marca una diferencia grande con las elecciones de 2015, cuando el candidato uribista fue el exsenador Juan Carlos Vélez, un político curtido que venía del conservatismo, con más de 50 años de edad, y su principal emblema era ser “el de Uribe”.

    Además, quien se gane el aval no tiene garantizado ser la ficha definitiva del uribismo.

    El uribismo cree que no gana solo

    Las once fuentes con las que hablamos (los tres precandidatos, dos congresistas, un diputado, dos dirigentes y tres militantes del Centro Democrático) coincidieron en que el partido quiere contar con ‘Fico’ para llegar a la Alcaldía por su popularidad y su visión de ciudad, que comparten.

    Como hemos contado, la idea de Álvaro Uribe es buscarle el lado al grupo del alcalde por la admiración que le tiene, aunque hasta ahora no se sabe cómo.

    El único paso en firme que han dado es dejar la puerta abierta para medirse con otras fuerzas políticas, como también contamos. Algo que puede implicar que el candidato no tenga la marca Uribe.

    “El Partido tomó la decisión de irse con ‘Fico’ y de pronto con otros partidos o movimientos. Vamos a ver qué fuerzas participan”, nos dijo el representante a la Cámara César Eugenio Martínez.

    En eso coincidieron el representante Óscar Darío Pérez y Fabio Valencia Cossio, el padrino de Jaime Mejía, y que también es cercano a Ana Cristina Moreno.

    “Lo que está planteado es que hay que hacer una coalición que permita definir entre el candidato nuestro, el de ‘Fico’ o el conservador, si va a haber. Algo que garantice el triunfo en Medellín”, nos dijo el exministro Valencia.

    Justo en ese punto es que salen a relucir las diferencias entre la casa Valencia y el ramismo, que tienen una pelea de vieja data. Una pelea que recordaron los roces públicos entre los precandidatos Ramos y Mejía durante la puja por el aval.

    Aunque coinciden en que no ganan solos, el primero no tiene problema en no tener caballo propio con tal de hacer alianza con ‘Fico’. El segundo cree que la marca del Centro Democrático es lo suficientemente fuerte para ganar.

    Jaime Mejía estaría abierto a no estar en el tarjetón el 27 de octubre: “Si soy yo el candidato, no tengo problema en sentarme con Santiago Gómez (el exsecretario de Gobierno de Gutiérrez y quien se proclama su ficha) y mirar mecanismos de consenso, una encuesta, algo así”.

    En cambio, Alfredo Ramos cree que hay que contar con ‘Fico’ y hacer alianzas con grupos ciudadanos y políticos, pero bajo la sombrilla del uribismo.

    Ramos nos dijo que “el Centro Democrático tiene la capacidad e iniciativa de liderar una coalición. No significa que vamos a imponer condiciones”.

    Esa postura nos la resaltó por aparte, aunque con más contundencia, un dirigente purasangre que respalda a Ramos: “No puedo pensar en entregarle el partido más importante a ‘Fico’. No podemos correr el riesgo de no tener candidato del Centro Democrático”.

    A eso se suma el malestar de algunos purasangre porque no les gusta el aspirante por firmas Santiago Gómez, como contamos, por su cercanía con La U y por su pasado fajardista.

    Por eso, de lo que anuncien mañana dependerá qué lado coge más fuerza: el de sumar bajo el ala de Uribe, que representa Ramos; o el de poner de primera la alianza con ‘Fico’, que representa el concejal Mejía.

    No es claro cuál de esos dos lados jalaría más si gana Ana Cristina Moreno.

    La diputada nos dijo que “podemos hacer alianzas con el Centro Democrático como protagonista”, no descarta que pueda ser otro el candidato; pero cuatro fuentes por aparte -una ramista y tres que apoyan a Moreno- coincidieron en que el equipo de la senadora Paola Holguín, la apoya bajo cuerda. Justamente ese el grupo más fiquista dentro del Centro Democrático.

    A juzgar por las encuestas, lo más probable es que el candidato oficial sea Alfredo Ramos, o Ana Cristina Moreno.

    Pero pase lo que pase mañana, Uribe medirá la temperatura de su candidato sea para jugársela por su partido, como lo hizo hace cuatro años; o para sumarse a la nueva generación de derecha independiente que representa ‘Fico’.

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    Ex gobernador de Antioquia

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    Una Concordia sin partido pero hacia la derecha

    Una Concordia sin partido pero hacia la derecha


    Anoche, en un salón del hotel Gran Hyatt de Bogotá, cerró el primer día de la tercera Asamblea Concordia Américas. Pero no de cualquier forma: era un auditorio lleno con unas 700 personas y con una mesa en la que estaban sentados el expresidente...

    Anoche, en un salón del hotel Gran Hyatt de Bogotá, cerró el primer día de la tercera Asamblea Concordia Américas. Pero no de cualquier forma: era un auditorio lleno con unas 700 personas y con una mesa en la que estaban sentados el expresidente Álvaro Uribe, el embajador de Juan Guaidó para Colombia y el Grupo de Lima, Julio Borges, y el director ejecutivo de la fundación para el Progreso (un centro de pensamiento chileno pro mercado) Axel Kaiser.

    Este panel, al que conectaron por videoconferencia a la líder opositora venezolana María Corina Machado, fue el cierre de una ajetreada jornada en la que desfilaron por pasillos y salones del hotel medio gabinete de Colombia, dos secretarios y un subsecretario de estado de Estados Unidos, empresarios y presidentes de fundaciones y congresistas colombianos y norteamericanos.

    Lograr un encuentro de ese nivel no es sencillo, y la historia de lo que se habla y quién lo impulsa es una muestra de la fuerza de una visión pro mercado con la que se identifican políticos colombianos tan visibles como el expresidente Andrés Pastrana, el presidente Iván Duque o Uribe.

    Justamente él lo recordó, cuando inició su intervención con estas palabras: “El presidente Bush y yo tuvimos el honor de inaugurar un foro en 2011, ellos eran muy niños, quiero hacerles un homenaje y de corazón agradecerles que hayan hecho el esfuerzo de traer Concordia a Colombia”.

    Los “niños” a los que hacía referencia eran Matthew Swift y Nick Logothetis que, en 2011 y con menos de 25 años, crearon Concordia con la idea de poner a conversar empresarios y funcionarios de Estados Unidos.

    El primer foro tuvo algo así como 100 asistentes, nos contó Swift, con la idea de conectar a los empresarios con el gobierno para discutir temas de desarrollo económico y social, y ser facilitador de alianzas público-privadas, en un principio para "combatir el extremismo", pero se ha ido ampliando a temas económicos.

    Por eso, además de las conferencias y paneles como el de anoche -que se hicieron ayer y hoy de 9 de la mañana a 7 de la noche en el Gran Salón- hay otros encuentros menos visibles en paralelo, que son parte de la metodología de las cumbres de Concordia.

    Los encuentros

    En la Cumbre se hicieron públicos encuentros entre los gobiernos Duque y Trump.

    Por ejemplo, después de la inauguración que lideró el presidente Iván Duque, él y el presidente de Usaid, Mark Green, renovaron un convenio por 160 millones de dólares para atender la migración venezolana. La Ministra de Energía, María Fernanda Suárez, también se encontró con su homólogo de Estados Unidos, Rick Perry, y firmó con él un memorando de entendimiento para cooperación en temas de energía.

    Duque también se reunió con el senador republicano Rick Scott para hablar de erradicación de cultivos ilícitos, un tema que marca la agenda bilateral.

    En un salón más pequeño, delegados de las Naciones Unidas, la WWF y la empresa Mutual Empathy lanzaron ante no más de 20 personas de alto perfil, como directivos de las fundaciones del Grupo Bolívar, una iniciativa para impulsar y focalizar la financiación que hacen las empresas para conservación ambiental.

    Y es que, más allá de las alianzas formales, en la Cumbre se promovieron diálogos privados y públicos entre empresarios y sector público. De hecho la de WWF fue una alianza que se empezó a cocinar en la Cumbre Mundial de Concordia en Nueva York el año pasado.

    Al lado de la gran sala de conferencias, abierta a todos los que se inscriban, hay un salón más pequeño para hacer mesas de discusión de entre nueve y trece personas. Este salón también es abierto.

    También hay cuatro salones más pequeños, en este caso en el segundo piso del hotel, donde empresarios, académicos y funcionarios conversaban por 20 minutos con empresarios. En estas mesas privadas estuvieron ayer, entre otros, la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, el directivo de Continental Gold, Leon Teicher, y el Director del BID, Luis Alberto Moreno.

    Uno de los organizadores nos comentó que con eso intentan conectar empresarios con conferencistas e invitados. Por ejemplo, si un empresario o el representante de una fundación les pide una reunión con el Canciller (que estaba ayer en el segundo piso), tratan de ponerlos en contacto, o con alguien de su equipo, y de encontrar un espacio para que se reúnan.

    Por eso, ayer cerca de 60 personas de logística -entre el equipo de Concordia y el de Fenalco, uno de los aliados de la Cumbre en Colombia-, estaban moviendo estas agendas.

    Detrás de toda esta logística está una noción de desarrollo basada en la creación y crecimiento de las empresas, justamente la visión con la que Álvaro Uribe presentó un proyecto de ley hoy, y que explica su importancia para Concordia, que en parte decidió enfocar su expansión en América Latina por él.

    El padrino

    Después de la primera Cumbre de Concordia en Nueva York, el expresidente Uribe invitó a Swift y a Logothetis Colombia. “Nos encantó el país”, nos dijo Swift, que además cuenta que les dio curiosidad porque trabajaban con varios colombianos.

    De hecho, en 2013 Swift se llevó como segunda al mando a María Paula Correa (hoy Secretaria Privada de Duque) como Directora Senior de Compromiso Estratégico de la Fundación. Correa venía de ser cónsul en Nueva York nombrada por Uribe, como parte del kínder de la poderosa secretaria de Uribe, Alicia Arango (hoy Ministra de Trabajo).

    Uribe hace parte del consejo de líderes de la fundación, en el que también participa el expresidente Pastrana. Swift dice que estar en ese consejo equivale a ser asesor, y nos dijo que Uribe suele sugerir temas para tratar en las asambleas y conferencias.

    Pese a la cercanía que viene desde 2011, la llegada a Colombia se tardó unos años. Hicieron una primera Asamblea Concordia de Las Américas (las anteriores fueron mundiales) en Miami en 2017, para hablar de temas económicos de la región, pero también puntuales de Venezuela y Cuba.

    Ese año se empezaron expandir por fuera de Estados Unidos. Hicieron en junio una Asamblea Europea en Atenas, donde Uribe fue invitado de honor y tuvo una participación muy sonada en la que se fue lanza en ristre contra el Gobierno de Juan Manuel Santos, con una cascada de críticas que chequeamos.

    A Bogotá se trajeron la segunda Asamblea de las Américas el año pasado en alianza con el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, Fenalco, Noticias RCN y NTN24, todos caracterizados por sus posturas pro empresariales.

    También son cercanos a Duque, al punto que en su más reciente viaje a Washington, en marzo, la fundación hizo una cena en su honor. En ella hablaron Swift, Logothetis y Morgan Ortagus, analista en seguridad y comentarista de Fox News a quien Mike Pompeo nombró en abril como vocera del Departamento de Estado.

    En la cena, para presentar a Duque publicaron un comunicado en el que resaltaban que en seis meses bajo su mandato Colombia “está bien encaminado para entrar a un periodo de transformación, avance y oportunidad”.

    Los temas de la Asamblea de Bogotá también están alineados con la agenda de Duque, pues hay páneles sobre economía naranja, infraestructura, energía, alianzas públicas privadas y Venezuela, que como registraron varios medios fue el punto central del lunes.

    Hacia la derecha

    Ayer en el foro preguntamos a seis asistentes si identificaban a Concordia con un punto en el espectro político, y todos nos dijeron lo ven como un centro de pensamiento alineado con la derecha y con vínculos con el partido republicano.

    “Es como un Clinton Initiative (una fundación similar liderado por la demócrata familia Clinton) pero hacia la derecha”, nos dijo uno de los asistentes.

    Para Swift la fundación trabaja con los Gobiernos en ejercicio, por lo que cuando hay presidentes de derecha trabajan con ellos, por lo que entiende que algunos puedan ver a la fundación inclinada a este lado.

    No solo trabajan con ellos: para la Asamblea de Europa de 2017 trabajaron con el Primer Ministro de Grecia, Alexis Tsipras, que es de izquierda; en la Cumbre de Bogotá tenían entre los panelistas las representantes verdes Catalina Ortiz y Juanita Goebertus, o la senadora Demócrata Debbie Wasserman; y el año pasado uno de los oradores principales fue el exvicepresidente demócrata, John Biden.

    De hecho, Concordia dice que no es partidista y recuerda que entre sus socios hay organizaciones de tendencia demócrata como Open Society (que ha financiado a La Silla Vacía) y la Clinton Foundation, cuyo programa de diálogos para América Latina absorbió Concordia en 2017.

    Swift dice que, de hecho, el crecimiento de Concordia en los últimos dos años se explica por no ser partidista. “¿Dónde más puedes ver una conferencia de Open Society sobre migración, seguida de una charla de Ivanka Trump, en un mismo escenario?”, argumenta.

    Quizás la percepción se debe a su agenda, que se enfoca en oportunidades de desarrollo económico, usualmente a partir del mercado. Algo semejante a la visión de Duque, que él mismo explicó en su discurso de ayer en la asamblea:

    “El emprendimiento, desde el pequeño famiempresario, que empieza un negocio, para subsistir, hasta el que se ha consolidado como una gran empresa, es el mejor vehículo para la generación de prosperidad en una sociedad”, dijo. “Poner el emprendimiento en el centro de la discusión del desarrollo es fundamental porque solamente los países que tienen cultura emprendedora son capaces de derrotar la pobreza.”

    Justamente con Duque en la Presidencia, Concordia dobló su apuesta en Colombia. En febrero abrieron su oficina en Bogotá con tres personas a cargo de Juliana Márquez, que fue asesora de la Agencia Nacional de Infraestructura en el Gobierno Santos, y fue edil de Chapinero (Bogotá) por Cambio Radical entre 2012 y 2014.

    Swift nos dijo que a Colombia hay que prestarle atención y por eso quieren seguir creciendo acá orgánicamente, no solo con Asambleas sino con un equipo que le haga seguimiento a los acuerdos público-privados que se hagan en ellas, y promoviendo diálogos entre personas de distintos espectros políticos.

    Pero además de los diálogos y las alianzas, Concordia termina poniendo en el centro de la agenda nacional los temas económicos y empresariales claves de Estados Unidos para Colombia.

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    Las amenazas a líderes llegan hasta donde no hay guerra

    Las amenazas a líderes llegan hasta donde no hay guerra


    En las últimas semanas, indígenas Embera Chamí del municipio de Pueblo Rico, al occidente de Risaralda, vienen denunciando amenazas de muerte e intimidación a miembros de su comunidad a través de panfletos, llamadas y presencia de encapuchados con...

    En las últimas semanas, indígenas Embera Chamí del municipio de Pueblo Rico, al occidente de Risaralda, vienen denunciando amenazas de muerte e intimidación a miembros de su comunidad a través de panfletos, llamadas y presencia de encapuchados con armas. Entre ellos, a su candidato a la Alcaldía de ese municipio. 

    Pero son amenazas, hasta ahora, invisibles. Las autoridades y los habitantes niegan la presencia de grupos armados, según 18 fuentes entre comunidad, autoridades locales y departamentales. 

    Todo justo al inicio de la campaña para las elecciones de octubre y en medio de un clima nacional en el que los líderes se sienten estigmatizados y amenazados.

    Las amenazas

    A Leonardo Fabio Siágama, el único candidato indígena a la Alcaldía de Pueblo Rico, lo han amenazado de muerte tres veces este año. 

    Él es uno de los 19 líderes indígenas que han denunciado casos parecidos en el occidente de Risaralda, una zona limítrofe con el Chocó y clave en las rutas de la coca que actualmente se disputan el ELN y el Clan del Golfo. 

    Siágama es del resguardo unificado Embera Chamí, uno de los dos constituidos en Pueblo Rico. Nos contó que recibió la primera amenaza en febrero, cuando lo llamó un hombre para decirle, entre insultos, que desistiera de su candidatura.

    Al mes siguiente le llegó un panfleto firmado por el Bloque Occidente Águilas Negras insistiéndole que renunciara. Y el 28 de abril recibió un mensaje de texto en el que le escribieron que por “sapo” y no acatar el llamado de retirarse de su campaña, harán efectiva la orden de asesinarlo. 

    Este caso es importante porque Pueblo Rico es uno de los tres municipios que tienen resguardos legalizados, el que tiene más población en estos, con casi doce mil entre el Embera Chamí y el Gito Dokabu, y es el único con candidato indígena a la Alcaldía.

    Según la Defensora del Pueblo de Risaralda, Elsa Gladys Cifuentes, casi todos los casos de indígenas amenazados vienen de Pueblo Rico, y en su mayoría son líderes políticos y docentes, una labor de respeto en los resguardos. 

    Estos docentes, según nos explicó William Nayasá, consejero mayor del Consejo Regional Indígena de Risaralda, Crir, también hacen trabajo político en sus comunidades.

    Pero no es claro quién los está amenazando ni por qué. 

    La última Alerta Temprana de la Defensoría en Pueblo Rico, en mayo del 2018, advirtió que había riesgo por posibles enfrentamientos entre el Frente de Guerra Occidental del ELN y grupos residuales de los paramilitares que se vienen expandiendo desde la desmovilización de las Farc. 

    Según esta alerta, la disputa es por el control del corredor entre las áreas de cultivos ilícitos del medio San Juan chocoano y el centro del país, que pasa por Risaralda y Antioquia, más el reclutamiento forzado y el control de las comunidades para impedir las denuncias. 

    Cifuentes le dijo a La Silla Paisa que por la riqueza de los bosques del Chocó también se da la tala extensiva y la explotación minera irregular, posibles motivos de conflicto. 

    Contrario a esas advertencias de la Defensoría, la secretaria de Gobierno de Risaralda, Caterine Arcieri, le dijo a La Silla Paisa que en ninguna parte del departamento hay presencia del ELN, el Clan del Golfo o disidencias de las Farc. 

    En eso coincidieron el alcalde de Pueblo Rico, Rubén Darío Ruiz, y el personero Danilo Mejía, quienes le dijeron a La Silla Paisa que no saben a qué se deben las amenazas. 

    Incluso, el coronel César Augusto Rojas, comandante del batallón San Mateo que opera en ese sector, nos dijo que “la situación de orden público es de tranquilidad, en lo corrido del año no se ha presentado ningún homicidio, por el contrario, se han tenido retornos de las comunidades indígenas”. 

    El coronel Rojas asegura que los únicos enfrentamientos entre grupos armados se dan dentro del territorio chocoano “debido a nuestra presencia permanente y al debido control militar del área”. 

    Que en Risaralda no haya presencia de grupos armados, como dicen las autoridades, no es algo que deje tranquilas a las comunidades indígenas. 

    El consejero mayor del Crir, Nayasá, nos confirmó que es cierta la versión del Gobierno de que allí no hay ELN ni disidencias ni Clan del Golfo, porque hace años no tienen problemas con esos grupos ni homicidios de sus líderes. 

    Siágama, por su parte, nos dijo que él tampoco cree que la amenaza en su contra venga del ELN, que es la guerrilla con más presencia en el territorio chocoano cercano. “Si fuera así, se vería gente camuflada, pero esto parece más sicariato”.

    Las águilas que nadie ve

    La secretaria Arcieri y el coronel Rojas nos dijeron por aparte que los conflictos en el municipio se deben más que todo a enfrentamientos entre las mismas comunidades indígenas y las comunidades negras, que también habitan ahí. 

    Pero esa versión la desmintieron los indígenas y los afros con los que hablamos. 

    El representante legal del consejo comunitario de la comunidad negra Piedras Bachichi, Nilo Maturana, y el presidente de la comunidad negra de Santa Cecilia, Alexander Mena, nos contaron por aparte que hace más de dos años tienen una relación de armonía entre las diferentes etnias. 

    Tanto así que buena parte de esas comunidades están apoyando la candidatura de Siágama, junto a líderes campesinos mestizos.

    Sumado a eso, los líderes afros nos dijeron que ningún miembro de sus comunidades está amenazado. “Yo no me siento en peligro, ningún grupo armado ha entrado a nuestro territorio a intimidarnos y puedo asegurarte que me siento tranquilo”, nos dijo Mena. 

    Lo mismo nos dijo un campesino que nos pidió no nombrarlo porque es funcionario. “Yo camino a cualquier hora por la zona rural del municipio, entro y salgo cuando quiero, y nunca he visto a nadie raro ni me han amenazado”. Él también está apoyando la campaña de Siágama.

    A esa rara situación, se suma que los panfletos no los firman los potenciales sospechosos, que serían los elenos o el Clan del Golfo.

    Lo hacen las Águilas Negras, un nombre que la Fuerza Pública deslegitima porque lo suele usar cualquiera para amenazas de todo tipo, según un miembro de la fuerza pública que habló off the record por no estar autorizado para hablarle a medios. 

    De hecho, en el último consejo de seguridad departamental la Fiscalía descartó que se trate realmente de Águilas Negras y dijo que cree que es delincuencia común, según la secretaria Arcieri. 

    Para entender de dónde vienen las amenazas, Gobernación, Defensoría, Policía y Ejército se reúnen todos los viernes y, a través del Plan Padrino, la Policía está acompañando a 27 indígenas, comunicándose con ellos permanente por celular. 

    La Jefe Seccional de Fiscalía, Adriana Estrada, le dijo a La Silla que investiga 15 casos de amenazas a líderes indígenas, pero que ha sido difícil avanzar porque “las presuntas víctimas manifiestan que desconocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se materializó la amenaza y por lo tanto no aportan información pertinente”.

    Aunque es incierto de dónde vienen, esas amenazas tienen asustados a los indígenas de Pueblo Rico.

    La zozobra que resuena

    El consejero mayor Nayasá no entiende por qué, justo cuando empieza la campaña para las elecciones de octubre, aumentaron las amenazas. 

    “Nos da mucho más miedo cuando se trata de delincuencia común porque es mucho más peligroso que cualquier grupo armado ilegal, porque ellos matan por plata”, nos dijo.

    Según él, la única razón “viene de los contrarios políticos, porque ellos quieren gobernar y ahora sienten que el Mais va a tener la posibilidad. Los politiqueros son más peligrosos que cualquier armado”.

    Pero Raúl Gusiruma, gobernador del resguardo unificado Embera Chamí -al que pertenecen Siágama y cinco docentes amenazados en las últimas semanas-, nos dijo que las amenazas también pueden venir por los consejos que les dan a sus jóvenes de que no apoyen a los grupos armados de la zona. 

    También nos mencionó que ellos están en medio del corredor de los ilegales, “nosotros nos oponemos a eso y no compartimos la filosofía de guerra, y eso nos ha traído consecuencias”. 

    Aunque la institucionalidad esté dando respuestas, “las autoridades, los tomadores de decisiones, se resisten a reconocer el problema. A nosotros nos denuncian en terreno que ven hombres encapuchados, que hay grupos armados, y en los consejos de seguridad se invisibiliza esa situación”, nos dijo la defensora Cifuentes.

    Todo eso genera un ambiente de intranquilidad en una comunidad que le está metiendo la ficha a la política para las próximas elecciones locales. Y que se siente estigmatizada. 

    “Cuando ya el pueblo indígena empieza a trabajar, a hacer paros, a movilizarse, a hacer trabajo político como líderes, y nos pronunciamos y reclamamos, ahí llegan los panfletos”, nos dijo Marco Guasarabe, otro vocero del Crir. 

    Aunque estas amenazas no son tan nuevas, porque hay registro en medios de otras parecidas desde 2006, tanto los gobernadores indígenas como las autoridades coinciden en que en los últimos meses se dispararon. 

    “Antes nos amenazaban, pero desde que comenzó este Gobierno ha sido seguido, nos dejaron solos”, dijo Guasarabe.

    “El Gobierno, ni siquiera con la Unidad Nacional de Protección, se está responsabilizando de garantizar la vida. Se ha denunciado toda la situación de amenaza, pero hace caso omiso. Hay mucho miedo, desplazamiento y estigmatización en nuestras comunidades”, le dijo a La Silla el secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, Higinio Obispo.

    Con esto, aunque las autoridades no han logrado establecer quiénes están detrás de las intimidaciones que están recibiendo los indígenas en el occidente de Risaralda, las denuncias alimentan el ambiente de miedo de los líderes sociales en el país; esta vez en una zona en la que, aparentemente, no hay guerra. 

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    Matusalén es la nueva inspiración de Luis Pérez

    Matusalén es la nueva inspiración de Luis Pérez


    El lunes, el gobernador de Antioquia Luis Pérez presentó ante la Asamblea un proyecto para que la gente viva más tiempo. Lo llamativo es que el primer argumento del proyecto son las edades bíblicas de Noé, Adán y...

    El lunes, el gobernador de Antioquia Luis Pérez presentó ante la Asamblea un proyecto para que la gente viva más tiempo. Lo llamativo es que el primer argumento del proyecto son las edades bíblicas de Noé, Adán y Matusalén:

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    La idea de Pérez es meterle la ficha a la alimentación saludable, la actividad física y la prevención de la contaminación del medio ambiente para aumentar la expectativa de vida en la población. Eso, a través de estrategias de comunicación, de educación y enfoque diferencial por regiones; y bajo la coordinación de la secretaría de Planeación Departamental. 

    Entre las consideraciones iniciales del proyecto, el gobernador Pérez también expone que Google ha invertido 3 mil millones de dólares en una empresa que busca alargar la vida humana a través de tecnología, y que Japón está apostándole a que su población viva 30 años más que la del resto del mundo fortaleciendo su sistema de salud. 

    A finales de este mes, cuando la Asamblea debata ese y otros proyectos, se sabrá si el Departamento asume formalmente la edad de Matusalén como un motivo para definir su política pública.

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    El lío de las visas revive los fantasmas tras Duque y las cortes

    El lío de las visas revive los fantasmas tras Duque y las cortes


    El revuelo por la cancelación de las visas gringas de tres magistrados, que llevó a un pronunciamiento ayer del canciller, Carlos Holmes Trujillo, en el que el Gobierno anunció que no se meterá en el tema (por lo menos públicamente), probablemente...

    El revuelo por la cancelación de las visas gringas de tres magistrados, que llevó a un pronunciamiento ayer del canciller, Carlos Holmes Trujillo, en el que el Gobierno anunció que no se meterá en el tema (por lo menos públicamente), probablemente será solo otro capítulo de dos fenómenos que han venido ganando terreno en la situación nacional: unas relaciones exteriores complicadas con el Gobierno de Donald Trump y una distancia entre el Gobierno Duque y las Altas Cortes.

     

    Con los fantasmas de descertificación gringa planeando sobre las relaciones bilaterales y de una Asamblea Constituyente para reformar la justicia sobre las relaciones entre los poderes, el comunicado de Trujillo puede cerrar el escándalo concreto pero no las tensiones que siguen.

    De presiones, visas y videos

    El escándalo reventó porque Estados Unidos anunció a tres magistrados, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo de la Corte Constitucional, y Eyder Patiño Cabrera, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, que les revocaba sus visas.

    A pesar de que por lo menos los dos primeros ya las recuperearon y que la Embajada y el Departamento de Estado no han dicho que se trate de un mecanismo de presión y han mantenido la usual confidencialidad sobre los motivos para decidir en materia consular, en la Corte se interpretó como una presión.

    Así se lo confirmaron a La Silla Vacía cinco altas fuentes de la Corte Constitucional, entre magistrados y magistrados auxiliares, que lo sustentan en tres grandes razones.

    Una es que el Gobierno Trump ha usado el retiro de visas como mecanismo de presión (lo que técnicamente se ha llamado “diplomacia de visas”) y se ha usado en otros casos por diferentes países, anunciado públicamente, en por lo menos tres casos de alto nivel.

    El secretario de Estado, Mike Pompeo dijo en octubre que lo haría con 21 funcionarios saudíes vinculados al asesinato del periodista Jamal Khasoggi en Estambul. Junto con el congelamiento de sus activos, ha sido la política de presión para tratar de que Arabia Saudí  colabore en la investigación.

    El Departamento de Estado anunció el 1 de marzo que revocó las visas de 49 venezolanos y unos días después anunció que ya sumaban 340 visas revocadas, todo como parte de su presión al Gobierno de Nicolás Maduro.

    En marzo Pompeo anunció  que podían usar ese mismo mecanismo como retaliación contra funcionarios de la Corte Penal Internacional que investiguen a sus soldados por hechos en la invasión a Afganistán (Estados Unidos no hace parte del Tratado de Roma que crea esa Corte y le da jurisdicción, por lo que rechaza que ésta se meta con sus funcionarios).

    Hace apenas un mes largo, ejecutó esa amenaza y le revocó la visa de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien está encargada de la investigación sobre Afganistán desde noviembre de 2017.

    La segunda razón es el momento de la medida: la primera noticia de la denegación de una visa, la de Lizarazo, se dio pocos días después de que la Corte declinó una invitación a cenar con el embajador Kevin Whittaker, el 3 de abril, cuando la Corte estaba a punto de fallar sobre las objeciones de Iván Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.

    El magistrado la tramitó en privado y era un hecho hasta entonces aislado, por lo que no hubo escándalo, pero para las fuentes de la Corte muestran que la Embajada tomó decisiones justo en ese momento.

    Precisamente la tercera razón, los objetivos de las cancelaciones, tienen que ver con esa comida: El Tiempo dijo entonces que fueron Lizarazo y Fajardo quienes “inclinaron la balanza en contra de aceptar la invitación a cenar del embajador estadounidense”.

    Esa coincidencia, para una de las altas fuentes de la Corte Constitucional, muestra que “hubo una retaliación justo contra quienes, según la prensa, mostraron más independencia frente a la Embajada”.

    Además, hace un año el magistrado Patiño fue el ponente de la denegación de la extradición de un indígena acusado de narcotráfico en Estados Unidos, justo cuando ese mecanismo es el principal motivo de preocupación del Embajador frente a las objeciones.

    La sensación de que sí fue una presión es tan clara que el Consejo de Estado y la Corte Suprema respondieron defendiendo su independencia, y el Gobierno tuvo que pronunciarse hoy.

    Entre reformas y certificados

    Para el Gobierno, el escándalo de las visas es una papa caliente porque lo mete entre las dos relaciones difíciles.

    Según tres altas fuentes de Casa de Nariño, la principal angustia frente a Estados Unidos es la posibilidad de que el Gobierno Trump descertifique a Colombia en su política antidrogas, como ocurrió durante el Gobierno de Ernesto Samper.

    Ese fantasma, que viene desde 2017, ha venido creciendo y en su decisión sobre certificaciones de septiembre de 2018, Trump solo descertificó a Bolivia y Venezuela, pero dejó escrito “estoy profundamente preocupado que los cultivos ilícitos han crecido durante varios años en Colombia, México y Afganistán, y están en niveles récord (...) Heroína de México y cocaína de Colombia están produciendo miles de muertes al año en Estados Unidos.”

    A eso se suman sus declaraciones del 29 de marzo, cuando dijo que Duque es un buen tipo “pero hay más drogas que salen de Colombia que antes que él fuese Presidente. Así que no ha hecho nada por nosotros”

    Trump debe tomar una decisión al respecto a más tardar el 15 de septiembre, en cuatro meses, y por eso en el Gobierno hay angustia por el corto tiempo para mostrar resultados y por la posibilidad de que Trump, que tiene entre sus rasgos ser poco previsible a la vez que le ha dado mayor importancia a las drogas en las relaciones bilaterales, decida descertificar a Colombia, lo que podría llevar a recibir menos cooperación judicial, policial y militar, e incluso sanciones económicas.

    Ese fantasma sobre la relación bilateral es particularmente sensible para el Gobierno Duque porque éste, como explicó hace tres semanas la experta Arlene Tickner a La Silla Académica, ha alineado más el país con Estados Unidos, especialmente en temas como las drogas.

    Eso, justamente, lleva a que en las relaciones entre el Gobierno y las Altas Cortes esté presente el fantasma de una Asamblea Constituyente para reformar la justicia, justo cuando Duque le pidió a la Corte Constitucional permitir aspersiones con glifosato y con sus objeciones la puso en el centro del debate sobre la JEP y la extradición.

    Es decir, la Corte tiene en sus manos decisiones que pueden ser centrales en las relaciones con Estados Unidos. Y, al tiempo, el Gobierno puede terminar impulsando una reforma a la justicia que afecte a los altos tribunales.

    Para tres de las altas fuentes de la Corte, en la medida en que la Corte tenga posiciones contrarias a Duque como ya ocurrió con las objeciones, se hace más probable que se ambiente una Constituyente para reformar la justicia, como pidieron a fines del año pasado uribistas como el presidente del Congreso, Ernesto Macías o el dirigente Sergio Araújo .

    Más ahora que al fracaso de la reforma a la justicia del Gobierno se sumó la del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que Duque apoyaba.

    A diferencia de la decisión sobre descertificación, una constituyente para la Rama Judicial y la justicia no tiene fecha fija. Pero probablemente vuelva a aparecer en la agenda, como cuando estuvo en 2017 con un fallido referendo y en 2018 como propuesta de campaña de Iván Duque y Gustavo Petro.

    Por eso, aunque el escándalo de las visas quede atrás en unos días, los grandes fenómenos que lo explican y los fantasmas que le dan vida, probablemente volverán a asustar pronto.

    Gobierno DuqueJusticia Silla Nacional Silla Académica 'Con Duque hay un retorno a posiciones de mayor sumisión que con Trump son muy arriesgadas' visas de los magistradoscancelacion de las visasreforma a la justiciadescertificacionPublicar en: Silla CaribeInteractiva: 
    Yahir Acuña va por la Gobernación de Sucre en alianza con el charismo

    Yahir Acuña va por la Gobernación de Sucre en alianza con el charismo


    Vuelve y juega. Como lo habíamos anticipado en La Silla Caribe, el cuestionado exrepresentante sucreño Yahir Acuña (quien tiene una investigación abierta por parapolítica) jugará estas regionales como candidato a la Gobernación de Sucre. Lo hará...

    Vuelve y juega. Como lo habíamos anticipado en La Silla Caribe, el cuestionado exrepresentante sucreño Yahir Acuña (quien tiene una investigación abierta por parapolítica) jugará estas regionales como candidato a la Gobernación de Sucre.

    Lo hará nada menos que por firmas y en alianza con el charismo de Barranquilla.

    Acuña inscribió hoy en Sincelejo su comité promotor ‘100% por Sucre’, con el que buscará recoger las 50.000 firmas válidas que necesita para ser candidato.

    Su idea es ir en fórmula con el exsenador liberal Mario Fernández, quien aspira a la Alcaldía de Sincelejo. 

    Fernández está ahora en Cambio Radical, es el brazo del charismo en Sucre y, para más señas, es el esposo y jefe político de la senadora vargasllerista Ana María Castañeda (quien hace dos semanas figuró en los medios por no votar en el debate de las objeciones a la Jurisdicción Especial para La Paz JEP, en contra de la posición de su partido).

    No es la primera vez que el cuestionado Acuña, nacionalmente famoso por repartir whiskey y billetes a sus electores, aspira a quedarse con la Gobernación. 

    En el 2015, con el aval del viejo PIN, llevó a su esposa Milene Jarava, actual representante a la Cámara por el PIN. Jarava obtuvo 185.577 votos, y fue derrotada por el ahora gobernador Édgar Martínez de Cambio Radical.

    Esta vez Acuña quiere llegar a la Gobernación en cuerpo propio.

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    #LeyComidaChatarra: derrota en el Congreso, pero victoria en las redes

    #LeyComidaChatarra: derrota en el Congreso, pero victoria en las redes


    https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-innovacion/leycomidachatarra-derr... Opinión En medio de un relativo desinterés, la discusión fue cooptada por los poderes fácticos en el Congreso, pero fue asumida con entusiasmo por los ciudadanos en...

    https://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-innovacion/leycomidachatarra-derr... Opinión En medio de un relativo desinterés, la discusión fue cooptada por los poderes fácticos en el Congreso, pero fue asumida con entusiasmo por los ciudadanos en las redes sociales.

    La Ñoñomanía ya tiene candidato para intentar arañar poder en Sahagún


    Red CaribeResumen: Hoy, en La Silla Caribe, les contamos estas historias: Items boletin: La Ñoñomanía ya tiene candidato para intentar arañar poder en SahagúnInfiltración de disidencias en universidades no es tan clara como dice el FiscalDuque...

    Red CaribeResumen: 

    Hoy, en La Silla Caribe, les contamos estas historias:

    Items boletin: La Ñoñomanía ya tiene candidato para intentar arañar poder en SahagúnInfiltración de disidencias en universidades no es tan clara como dice el FiscalDuque abrió la puerta
    La Ñoñomanía ya tiene candidato para intentar arañar poder en Sahagún

    La Ñoñomanía ya tiene candidato para intentar arañar poder en Sahagún


    Justo en los días en los que -por una columna de Vicky Dávila- vuelve a ponerse sobre la mesa el papel que jugó para garantizar la reelección santista, el exsenador de La U, Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, ratificó a la que será su carta en estas...

    Justo en los días en los que -por una columna de Vicky Dávila- vuelve a ponerse sobre la mesa el papel que jugó para garantizar la reelección santista, el exsenador de La U, Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, ratificó a la que será su carta en estas regionales de octubre para intentar mantener el poder en su pueblo natal, Sahagún.

    Se trata del diputado, también de La U, José Hugo Restán, quien será el candidato que el grupo del otrora superpoderoso senador cordobés llevará a las locales para apostarle a reemplazar al actual mandatario municipal, Baldomero Villadiego, también de su cuerda.

    Esto es importante porque Sahagún es el corazón de la Ñoñomanía (como bautizó el Ñoño a su movimiento), el exsenador controla esa Alcaldía hace ya casi 12 años, ahí invirtió el grueso de la mermelada que le dio el expresidente Juan Manuel Santos y es prácticamente lo último que le queda en política al Ñoño.

    Tras ser capturado, y posteriormente condenado por cohecho y tráfico de influencias - sigue pendiente de las acusaciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos- dentro del escándalo de las coimas que pagó en el país la corrupta multinacional Odebrecht, Elías fracasó el año pasado en su intento por mantenerse en cuerpo ajeno en el Congreso.

    A esas legislativas llevó a su hermano Julio Elías a la Cámara y a su socio político, Joche Tous, al Senado, y ambos se quemaron.

    Además, la Ñoñomanía también terminó golpeada con la caída del exgobernador cordobés Edwin Besaile, quien fue destituido en enero pasado por la Procuraduría dentro de un caso de robo a la salud de Córdoba, pues ese grupo lo había ayudado a llegar y ha tenido burocracia en la Gobernación.

    Ahora, quieren al menos mantener Sahagún con Restán, cuyo nombre fue ratificado hace unos días por el propio Ñoño desde la cárcel La Picota, según nos contaron por aparte dos personas que conocen el movimiento por dentro.

    Eso se debió a que, de manera inesperada, de dentro de la misma Ñoñomanía salió otra aspirante a la Alcaldía de Sahagún en los últimos días.

    Ella es Lucía Patricia Tous de la Ossa, hermana de Joche Tous y, para más señas, exesposa de Carlos Elías, primo del Ñoño que fue alcalde de Sahagún entre 2011 y 2015, los años en que por gestión del entonces senador se invirtieron en el pueblo 51 mil millones de pesos de un convenio interadministrativo con Fonade. Esa era la mermelada del Ñoño, como lo contamos en La Silla Caribe.

    Durante esa época, Lucía Tous fungió de primera dama y estuvo en todas las inauguraciones de las obras con su esposo alcalde y ahora se quiere lanzar por su cuenta, lo que, según un político local, tiene a varios de los líderes del grupo pensando para qué lado irse.

    Sin embargo, un dirigente de la Ñoñomanía nos aseguró que, por ahora, toda su dirigencia sahagunense “acompañará a José Hugo Restán” porque es ‘el que dice el Ñoño’.

    En estas regionales, el Ñoño también aspira a acompañar al candidato que la casa Besaile (que lidera su socio político, el también detenido exsenador de La U Musa Besaile, quien reconoció haber pagado una plata para que le pararan un proceso por parapolítica en la Corte Suprema) ponga a la Gobernación de Córdoba.

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