Colombia

    Procuraduría tiene abiertas 35 investigaciones contra la justicia penal militar

    Procuraduría tiene abiertas 35 investigaciones contra la justicia penal militar


    Incumplir los deberes contenidos en la Constitución, retardar el despacho de asuntos a su cargo, irregularidades en la administración de justicia, demorar los fallos por más tiempo del plazo fijado, extralimitación de funciones y acoso laboral. Este...

    Incumplir los deberes contenidos en la Constitución, retardar el despacho de asuntos a su cargo, irregularidades en la administración de justicia, demorar los fallos por más tiempo del plazo fijado, extralimitación de funciones y acoso laboral. Este es el rosario de delitos por los cuales la Procuraduría tiene en la mira a 35 jueces penales militares a quienes se les realiza un proceso disciplinario por parte del órgano de control.

    La falta disciplinaria más investigada por la Procuraduría en contra de quienes hacen parte de la JPM es la de retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos o la prestación del servicio a que estén obligados. Por esta conducta hay activos 13 de los 35 procesos.

    Los jueces 17, 59, 69, 72, 89, 126 y 169, todos de instrucción penal militar, son algunos de los funcionarios que están siendo investigados por haber, presuntamente, incurrido en esta falta.

    Por irregularidades en administración de justicia, el ente disciplinario tiene en la mira a nueve funcionarios judiciales de ese régimen especial que es manejado por el Ministerio de Defensa. De esos nueve procesos hay uno que se le adelanta directamente a la Dirección Ejecutiva de la JPM por un proceso que involucra a la mayor Cristina Lombana.

    Lombana es la actual magistrada de la Corte Suprema de Justicia y quien hace unas semanas fue separada del proceso que se sigue en contra del senador Álvaro Uribe Vélez tras la recusación formulada por el también Iván Cepeda. Sin embargo, la togada aún no da su brazo a torcer e interpuso una tutela con la que busca hacer parte de esa investigación.

    En el Ministerio Público el caso que la menciona se encuentra en etapa de indagación preliminar desde enero pasado y está relacionado con una denuncia que los soldados John Pérez Castaño y Yeison Adrián Suárez Álzate formularon en su contra en julio del año pasado.

    A la Dirección Ejecutiva de la JPM también se le tiene un expediente por incumplir los deberes contenidos en las leyes que fue abierto en mayo del año pasado y que en la Delegada de la Procuraduría aún se encuentra en etapa de indagación preliminar.

    Este proceso está relacionado con la solicitud de ordenar una investigación en contra de la juez 155 de Instrucción Penal Militar, la teniente de la Policía Yolanda Isabel Castellanos.

    ACOSO EN LAS FILAS

    Por el tema de acoso laboral hay dos investigaciones en curso. Una de ellas fue abierta en junio del año pasado contra la capitana de corbeta Liliana María Flórez Bolívar, juez 110 de Instrucción Penal Militar, tras la denuncia interpuesta por la suboficial Diana María Erazo.

    Sin embargo, no es la primera vez que la capitana se enfrenta a un proceso ya que en 2013 fue vinculada una investigación penal tras la denuncia del capitán de navío, Martín Alonso Quiñones Pacheco, para ese entonces coordinador de la Justicia Penal Militar de la Armada Nacional.

    Quiñones señaló que Flórez Bolívar de ser la presunta responsable de aparentes irregularidades cometidas durante su desempeño como juez 105 de Instrucción Penal Militar, puntualmente en el proceso 2853 seguido en contra del capitán de navío Néstor Alfonso Segura Mora.

    El otro caso de acoso laboral que tiene la Procuraduría es contra la juez 126 Lorena Vivian Niebles Londoño tras queja instaurada María Isabel Arcila Castillo, conforme reposa en el informe que tiene el ente de control disciplinario. Este proceso también va a cumplir un año el próximo mes y está en etapa probatoria.

    Detenido exembajador Fernando Marín acusado de soborno

    Detenido exembajador Fernando Marín acusado de soborno


    En Barranquilla se realizarán las audiencias en contra del embajador de Colombia ante Venezuela, Fernando Marín Valencia, a quien la Fiscalía señala de ofrecer sobornos para que lo favorecieran en los procesos judiciales que se le seguían por ser el...

    En Barranquilla se realizarán las audiencias en contra del embajador de Colombia ante Venezuela, Fernando Marín Valencia, a quien la Fiscalía señala de ofrecer sobornos para que lo favorecieran en los procesos judiciales que se le seguían por ser el presunto responsable de lavado de activos.

    La orden de captura en su contra se hizo efectiva en Bogotá. De acuerdo con el ente acusador, Marín Valencia hizo parte del escándalo de corrupción conocido como ‘Carrusel de la contratación’ en la capital de la República y en marzo de este año fue imputado de lavado de activos ya que, según se dijo, fue una figura fundamental para darle carácter de legalidad a los dineros con los que se desfalcaron las finanzas capitalinas durante la administración de Samuel Moreno Rojas.

    “La investigación identificó al empresario Fernando Marín Valencia como facilitador de esta maniobra financiera y eslabón con las inversiones en el exterior, quien según las evidencias recopiladas habría tenido como papel recibir los dineros ilícitos en Colombia para posteriormente trasladarlos a través del sistema financiero hacía los Estados Unidos”, explicó la Fiscalía en febrero pasado.

    En ese expediente quedó estipulado que el hoy detenido recibió de manos de Emilio Tapia 4.723 millones de pesos, los cuales habrían sido entregados tanto en efectivo como en cheques y otros títulos valores, con el fin de adquirir propiedades en el exterior.

    Ante el estrado, el delegado del ente acusador añadió que “se detectaron operaciones de inversión en proyectos de construcción por sumas superiores a los $1.200 millones, girados a unas cuentas bancarias en Estados Unidos y retirados mediante el sistema de débito bancario”.

    Las extrañas coincidencias entre los procesos de Mattos y Odebrecht

    Las extrañas coincidencias entre los procesos de Mattos y Odebrecht


    Las conclusiones de las investigaciones adelantadas por el exfiscal ad hoc para el caso Odebrecht, Leonardo Espinosa, lo llevaron a presentar a la Corte Suprema de Justicia un revelador informe sobre las pesquisas e indagaciones que desarrolló en los...

    Las conclusiones de las investigaciones adelantadas por el exfiscal ad hoc para el caso Odebrecht, Leonardo Espinosa, lo llevaron a presentar a la Corte Suprema de Justicia un revelador informe sobre las pesquisas e indagaciones que desarrolló en los cinco meses que estuvo en el cargo, según las cuales se han descubierto serias omisiones que se concretarían en graves denuncias por las que el exfiscal Néstor Humberto Martínez deberá responder.

    Aunque Espinosa ha dicho que no es exacto que haya compulsado copias a la Corte contra el exfiscal Martínez, sí dijo que remitió la denuncia del senador Jorge Enrique Robledo a la Comisión de Acusaciones, por cuanto su despacho carece de competencias para este trámite. En lo que estuvo claro y contundente fue en reconocer que solicitó la investigación contra los dos delegados del ente acusador por las omisiones en el proceso contra el excongresista Otto Bula, los fiscales Álvaro Betancur Martínez y Daniel Ricardo Hernández Martínez.

    Informa Espinosa que, mediante comunicación dirigida al fiscal jefe de la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia Garzón, se compulsaron copias contra Hernández Martínez y Betancur Martínez, fiscales delegados ante el Tribunal Superior de Bogotá, al encontrar omisiones manifestadas en la no imputación de los delitos de lavado de activos y concierto para delinquir contra el señor Otto Nicolás Bula Bula. Para el exfiscal ad hoc la tarea consistió en revelar hechos que pueden tener algún tipo de irregularidad, sobre todo en la forma en que actuaron los funcionarios.

    Por otro lado, según sus averiguaciones en el proceso contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez se presentaron varias irregularidades, razón por la que ordenó el desarchivo del proceso. Según le informó a la Corte contra las exministras encontró nuevas pruebas, porque otras autoridades hallaron mérito para abrir investigación. Además, Espinosa encontró ilegal el archivo porque las razones aducidas por los fiscales a órdenes de Martínez Neira requerían del control previo por parte de un juez de garantías, que nunca lo tuvo.

    De acuerdo con estas informaciones la investigación estaría bastante avanzada y se espera que con la revisión final de los resultados obtenidos hasta ahora se presenten certezas para llegar a un escenario de imputación de cargos. Para Espinosa la orden de archivo se profirió por un razonamiento de atipicidad subjetiva lo cual no era procedente por estar vinculado a una causal de preclusión que debía pasar por el control judicial. Para su despacho la cooperación de la policía judicial ha llevado a nuevos elementos de convicción y se calcula que en el curso de estas averiguaciones aparezca la opción de llegar a la audiencia de imputación e incluso a que se produzcan capturas.

    Cuando se empezaron a revisar los documentos en el despacho del ad hoc se comenzaron a evidenciar ciertas demoras en el trámite de ordenes de captura, o en el registro de las mismas, en acudir a las instancias pertinentes para el tema de circulares con apoyo de Interpol, que a su juicio no tenían ninguna explicación diferente a una negligencia obstructiva. Esas circunstancias se las informaron en su momento al fiscal Martínez Neira, para que compartiera o le solicitara explicaciones a los fiscales que tenían a su cargo estas investigaciones.

    El informe de Leonardo Espinosa enviado a la Corte Suprema de Justicia contiene una relación detallada de sus actuaciones como coordinador de las investigaciones del caso Odebrecht, sobre hechos relevantes de su gestión como el impulso que le dio a la intención del exsenador Bernardo Miguel Elías Vidal de colaborarle a la justicia respecto del capítulo de los sobornos de Odebrecht que no se puede ocultar que ha salpicado a políticos y a campañas presidenciales.

    Apartes del documento de Espinosa dan cuenta de los actos de colaboración ofrecidos por Bernardo Miguel Elías Vidal y de las reuniones que se hicieron con la abogada Silvia Margarita Rugeles para agendar el cronograma de declaraciones juramentadas del conocido ‘Ñoño’ Elías, condenado por la Corte a seis años y ocho meses de prisión por cohecho y tráfico de influencias.

    LOS MISMOS FISCALES

    Por otro lado, el informe del fiscal ad hoc revela que en el caso de las coimas se evidencia que los fiscales a cargo de Néstor Humberto Martínez cometieron presuntas irregularidades al no imputar el delito de lavado de activos, que consiste en el cargo más grave, con mayor pena, que no es excarcelable y que tiene múltiples consecuencias negativas.

    Según Leonardo Espinosa, los fiscales subalternos de Martínez Neira habrían cometido serias irregularidades respecto de las órdenes de captura de los directores brasileros de Odebrecht que actuaron en los sobornos trasnacionales en Colombia. De acuerdo con sus averiguaciones, al parecer, existieron actuaciones indebidas en el trámite de las órdenes de captura contra Eder Paolo Ferracuti, Marcio Marangoni Marangoni y Amilton Hideaki Sendai.

    Estas pesquisas reflejan la relación insuficiente de hechos jurídicamente relevantes para los cargos objeto de la acusación y la remoción unilateral, y sin acudir a la figura de la preclusión, de conductas punibles que habían sido debidamente formuladas en la audiencia de imputación.

    Según este revelador informe, los investigadores a cargo de Néstor Humberto Martínez crearon radicados internos y diferentes procesos contra los brasileros con lo cual se originaba un conflicto administrativo interno que entorpecía el normal funcionamiento del ad hoc. Espinosa asegura que estas alertas se las comunicó a Martínez y a sus delegados, pero ellos nunca contestaron.

    Estas inconsistencias administrativas condujeron a aparentes irregularidades en el trámite de las órdenes de captura de los brasileros. Para Espinosa se observa “escasa o casi nula actividad investigativa” en los procesos de los brasileros, “los cuales a la fecha siguen en etapa de indagación. De esta comunicación nunca se recibió respuesta por parte del entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira”.

    En círculos de la Fiscalía se preguntan si estas actuaciones que reflejan lo que llama el senador Robledo “encubrimiento” por parte de Martínez, Betancur y Hernández fueron conducidas con el mismo rasero con que se actuó contra Carlos Mattos, ya que extrañamente son los mismos fiscales que actuaron ilegalmente en el caso Odebrecht. Incluso la defensa de Mattos había pensado en solicitar un ad hoc, porque encontraban similitudes en el tratamiento del caso, en la falta de rigor y exceso de subjetividad.

    Arrancó jornada electoral de las consultas partidistas en 12 municipios

    Arrancó jornada electoral de las consultas partidistas en 12 municipios


    El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, aseguró que la jornada electoral de las consultas interpartidistas comenzó a las ocho de la mañana con normalidad en cada una de las localidades previstas. “Las consultas interpartidistas se iniciaron en...

    El registrador nacional, Juan Carlos Galindo, aseguró que la jornada electoral de las consultas interpartidistas comenzó a las ocho de la mañana con normalidad en cada una de las localidades previstas.

    “Las consultas interpartidistas se iniciaron en forma normal en los 12 municipios, todos los puestos abrieron, los jurados concurrieron y está el material electoral listo”, indicó Galindo.

    Recordó que la votación irá hasta las cuatro de la tarde, como también que el proceso de inscripción de cédulas que está vigente en la actualidad aplicará para las elecciones de octubre 27 de 2019, más no para este momento.

    Las consultas de los partidos se realizan en 12 municipios, de 8 departamentos del país, las cuales buscan elegir los candidatos de los partidos Liberal, Conservador y Centro Democrático, que participarán en las elecciones de Autoridades Territoriales de octubre próximo.

    Las mismas se cumplen en Caicedonia, Bolívar y Yumbo (Valle); Honda y Líbano (Tolima); Nariño y Támesis (Antioquia); Santa Rosa del Sur (Bolívar); Pensilvania (Caldas); Villanueva (La Guajira); Marsella (Risaralda) y Simijaca (Cundinamarca).

    Aunque son elecciones de partidos, en las mismas podrán votar todos los colombianos mayores de edad, que residan en estos 12 municipios si están habilitados en el censo electoral.

    Para este tipo de votaciones el ciudadano no recibe el certificado electoral, porque el Estado no incentiva la participación en la consulta de un determinado partido o movimiento político, sin embargo en virtud de la Ley 1475 de 2011, es el Estado el que financia el costo correspondiente para la realización de las consultas.

    El resultado de la consulta será obligatorio para el partido o movimiento político que la solicite.

    Vinculan al comandante del Ejército con falsos positivos

    Vinculan al comandante del Ejército con falsos positivos


    Han surgido nuevas pruebas que vinculan al jefe del ejército colombiano con el supuesto encubrimiento de asesinatos de civiles hace más de una década. Las pruebas, en documentos proporcionados a The Associated Press por una persona familiarizada con...

    Han surgido nuevas pruebas que vinculan al jefe del ejército colombiano con el supuesto encubrimiento de asesinatos de civiles hace más de una década.

    Las pruebas, en documentos proporcionados a The Associated Press por una persona familiarizada con una investigación en curso sobre las ejecuciones extrajudiciales, aparecen en momentos en que el general Nicacio Martínez Espinel enfrenta una presión creciente para que renuncie a su cargo debido a las órdenes que dio a sus soldados este año para que intensificaran los ataques.

    Algunos temen que éstas podrían allanar el camino para que se vuelvan a producir violaciones graves de los derechos humanos.

    El ejército colombiano ha sido culpado de haber cometido hasta 5.000 ejecuciones extrajudiciales en el punto álgido del conflicto armado del país a mediados de la década del 2000, mientras que los soldados, sometidos a la presión de altos comandantes, inflaban el recuento de cadáveres, en algunos casos disfrazando a civiles de guerrilleros a cambio de un pago extra y otras gratificaciones.

    Lo que se conoció como el escándalo de los “falsos positivos” ha ensombrecido el historial de victorias en el campo de batalla logradas por el ejército, respaldado por Estados Unidos. Quince años después, ni un solo comandante de alta graduación ha sido responsabilizado por los asesinatos.

    En febrero, Human Rights Watch criticó duramente el nombramiento de Martínez Espinel por parte del presidente Iván Duque, señalando que era el segundo al mando de la 10ª Brigada en el noreste de Colombia durante los años en que los fiscales han iniciado investigaciones sobre 23 asesinatos ilegales. El grupo de derechos reveló que el entonces coronel Martínez Espinel certificó los pagos a un informante que dio “excelentes resultados” en una supuesta operación de combate en la que murieron una civil indígena y una niña de 13 años. Posteriormente, un tribunal condenó a dos soldados por raptarlos de su casa, asesinarlos y ponerles armas en sus cuerpos para que parecieran ser rebeldes.

    En la época en que se difundió el informe, Martínez Espinel dijo que no tenía “ni idea” de si había realizado los pagos. “Dios y mis subalternos son los que saben cómo hemos actuado”, afirmó.

    Sin embargo, nuevos documentos de la fiscalía colombiana muestran que Martínez Espinel firmó en 2005 por lo menos otros siete pagos cuestionables. Los documentos fueron proporcionados a la AP por alguien que solicitó no ser identificado porque teme sufrir represalias.

    Algunas de las gratificaciones, que nunca excedieron los 500 dólares, fueron para supuestos informantes cuyos nombres e identificaciones no coincidían. En dos casos, los investigadores judiciales descubrieron que el beneficiario real fue el soldado Oscar Alfonso Murgas, quien luego fue condenado a 40 años de cárcel por su participación en una tercera muerte de un civil no relacionado. Otro destinatario oculto fue un excomandante paramilitar condenado a 15 años por extorsión.

    En otra incongruencia, Martínez Espinel avaló en dos ocasiones información que condujo a enfrentamientos que, según los mismos documentos, se produjeron días después. Tal fue el caso de un pago realizado el 17 de mayo de 2005 a un informante anónimo y que llevaba la firma de Martínez Espinel. El pago se refería a un combate con supuestos guerrilleros el 20 de mayo _tres días después_, en el que murió un varón no identificado _”sin nombre”_ supuestamente en posesión de una granada y una pistola.

    “Hace una década, soldados en toda Colombia atrajeron a civiles a lugares remotos bajo pretextos engañosos -como promesas de trabajo-, los asesinaron, les colocaron armas en sus cuerpos sin vida y luego los reportaron como combatientes enemigos muertos en acción”, aseveró José Miguel Vivanco, director del programa para América de la organización Human Rights Watch. “Uno no puede evitar preguntarse si alguna de las escarapelas en sus uniformes, o los ascensos a lo largo de carreras ‘exitosas’, corresponde a los asesinatos de civiles inocentes cometidos hace más de una década”.

    Martínez Espinel dijo en un comunicado que no enfrenta investigaciones penales ni disciplinarias. Afirmó que corresponde a las autoridades judiciales determinar el valor de los documentos que llevan su firma, pero que durante su estancia en la 10ª brigada no tuvo injerencia ni responsabilidad alguna en las operaciones de combate, sino que desempeñó un papel puramente administrativo.

    “Siempre he estado, estoy y estaré atento a cualquier llamado de las autoridades”, afirmó.

    Vivanco dijo que no sorprende que no se investigue Martínez, dada la actitud de las autoridades de hacer la vista gorda ante la responsabilidad de los altos mandos en la ola de asesinatos. Aunque los tribunales colombianos han condenado a cientos de soldados de baja graduación por su papel en los asesinatos de “falsos positivos”, hasta ahora no se ha condenado a un solo general y sólo a un puñado de coroneles. Según el derecho internacional, los comandantes pueden ser considerados responsables de crímenes cometidos por subordinados de los que tenían conocimiento o deberían haber tenido conocimiento.

    Ahora hay informaciones de que Martínez Espinel, como jefe del ejército, está tratando de restablecer las políticas que, según los críticos, condujeron a las ejecuciones.

    El diario The New York Times informó recientemente que Martínez Espinel ordenó a sus soldados que duplicaran el número de guerrilleros izquierdistas y criminales a los que matan, capturan u obligan a rendirse en combate. Las nuevas directrices, elaboradas por escrito al inicio del mandato de Martínez Espinel como jefe del ejército en enero, suscitaron preocupación entre los oficiales no identificados citados por el Times por el mayor riesgo de que se produjeran bajas entre la población civil.

    Los opositores a Duque han pedido la dimisión de Martínez Espinel, señalando una serie de asesinatos y encubrimientos sospechosos por parte de soldados este año, coincidiendo con las nuevas órdenes. No obstante, hasta ahora, el mandatario conservador ha apoyado al comandante incluso mientras intentaba contener los daños.

    “La instrucción ha sido cero tolerancia con cualquier conducta que sea violatoria de la ley y de la Constitución, cero tolerancia con cualquier circunstancia que deshonre el uniforme de la patria”, afirmó Duque horas después de que el informe del Times causara conmoción en las fuerzas armadas, una de las instituciones más respetadas de Colombia.

    Mientras tanto, en respuesta al artículo del Times, las fuerzas armadas revocaron parte de la polémica política que exigía que los comandantes de campo se comprometieran por escrito a duplicar sus resultados operativos contra las bandas criminales y los rebeldes que han llenado el vacío dejado por un acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC.

    Sin embargo, no cambiaron las órdenes que ordenan a los oficiales a no “exigir perfección” de las fuentes, diciendo que los ataques a objetivos militares deben lanzarse cuando haya una “credibilidad del 60 al 70%” sobre la veracidad de la información.

    El viernes, Duque anunció la creación de un panel de expertos que evalúe todos los protocolos y manuales militares para asegurarse de que están de acuerdo con el compromiso del gobierno de respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

    Duque dice al NYT que defender la legalidad no puede ser cuestionado

    Duque dice al NYT que defender la legalidad no puede ser cuestionado


    El presidente colombiano, Iván Duque, se refirió este sábado al editorial del diario estadounidense The New York Times, aunque sin mencionarlo directamente, al asegurar que defender la legalidad para construir la paz en el país no puede ser...

    El presidente colombiano, Iván Duque, se refirió este sábado al editorial del diario estadounidense The New York Times, aunque sin mencionarlo directamente, al asegurar que defender la legalidad para construir la paz en el país no puede ser cuestionado ni señalado.

    “Sea esta la ocasión para ratificar que todos los colombianos queremos la paz de nuestro país, pero queremos una paz con verdad, justicia, reparación y con no repetición”, dijo Duque en el acto de Gobierno denominado Taller Construyendo País, que se llevó a cabo en la caribeña ciudad de Valledupar.

    Al presentar los pormenores de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, con la cual se busca cerrar la brecha social mediante inversiones en varios frentes, el mandatario enfatizó que “defender los valores de la legalidad en la construcción de la paz no puede ser desdeñado, ni señalado, ni cuestionado ni satanizado”.

    “Todos los colombianos queremos vivir en un entorno de paz pero requerimos que los que han cometido los peores crímenes en la sociedad reparen a sus víctimas, digan la verdad, tengan una justicia proporcional y, oígase bien, Colombia debe ser implacable con la justicia para los que reincidan en el camino criminal”, sostuvo Duque.

    De inmediato los medios colombianos tomaron estas afirmaciones como una respuesta al editorial del periódico neoyorquino que ayer manifestó que el Gobierno de la nación andina no está cumpliendo con algunos de los puntos del acuerdo de paz firmado en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que pone en en peligro dicho proceso.

    “Los integrantes de las FARC dejaron las armas y muchos han vuelto a la vida civil, pero el Gobierno ha ignorado en gran medida las promesas de ayuda y desarrollo rural que eran cruciales para el acuerdo”, indicó el NYT en el texto.

    El editorial menciona asimismo que Duque ha “saboteado los avances pacíficos” y que “hasta 3.000 militantes (de las FARC) han reanudado los combates”.

    Lo anterior ha hecho que el Ejército intensifique “los ataques contra militantes y presuntos criminales, lo que lleva incluso a algunos oficiales a temer que tácticas tan agresivas conduzcan a la muerte de civiles”, agregó el diario.

    Para tratar de aclarar la situación, el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, indicó que se reunirá la próxima semana con representantes del New York Times.

    “Se tendrá una reunión con la junta editorial (del NYT) para analizar a fondo, de una manera tranquila, académica si se quiere, todo el curso del debate en Colombia relacionado con el acuerdo para que haya una mejor comprensión y claridad respecto de la política que aplica el presidente Duque”, dijo Trujillo a periodistas a su llegada ayer a Valledupar.

    El pasado 18 de mayo el periódico publicó un artículo en el que afirmó que la política del Ejército colombiano para mejorar los resultados operacionales puede revivir la táctica de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como “falsos positivos”, lo que dio pie a una controversia con el Gobierno.

    Las ejecuciones fueron cometidas por miembros de la fuerza pública entre 1988 y 2014 al reclutar a jóvenes, en su mayoría desempleados e incluso discapacitados, a quienes ofrecían un trabajo que resultaba ser un anzuelo para llevarlos a diferentes partes del país en donde los ejecutaban y presentaban como guerrilleros muertos en combate para obtener beneficios.

    La Fiscalía colombiana ha investigado hasta el momento cerca de 5.000 casos de “falsos positivos” que involucran a unos 1.500 militares.

    De estos, 2.200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado y es la columna vertebral del acuerdo con las FARC.

    Frente a las denuncias del NYT, Duque creó ayer una comisión que analizará los procedimientos de las operaciones militares con el objetivo de comprobar que se respeten los derechos humanos.

    Precisamente, la portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Morgan Ortagus, dio hoy “la bienvenida a la decisión del Gobierno colombiano de establecer una comisión independiente que examine las alegaciones respecto a las Fuerzas Armadas”.

    Ortagus señaló en un comunicado que “una Colombia más fuerte, estable, que proteja los derechos humanos, sigue siendo un interés clave para EE.UU. y la región”.

    En medio de la polémica también se pronunció el expresidente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018), quien desde Bogotá le envió un mensaje al diario estadounidense.

    “Quiero decirle al periódico The New York Times que la paz es irreversible. Puede que algunos se estén insultando, unos se digan paracos (paramilitares), otros se digan sicarios, pero la base de Colombia no va a permitir que esta paz se vaya para atrás”, manifestó Santos ayer en la Universidad de Los Andes durante la graduación de 41 líderes sociales.

    A juicio de Santos, “si hay cambios que se quieren hacer para mejorar los acuerdos bienvenidos, pero tienen que ser de común acuerdo” ya que “tenemos una Corte Constitucional guardiana de los acuerdos y un Congreso que ya demostró que los acuerdos son para respetarse”.

    Expediente del caso Odebrecht es devuelto al búnker de la Fiscalía

    Expediente del caso Odebrecht es devuelto al búnker de la Fiscalía


    El voluminoso expediente del escándalo de corrupción de la firma Odebrecht retornó de nuevo a la Fiscalía tras confirmarse la desaparición de la figura del ad hoc, que durante cinco meses encarnó Leonardo Espinosa tras los impedimentos de Néstor...

    El voluminoso expediente del escándalo de corrupción de la firma Odebrecht retornó de nuevo a la Fiscalía tras confirmarse la desaparición de la figura del ad hoc, que durante cinco meses encarnó Leonardo Espinosa tras los impedimentos de Néstor Humberto Martínez y María Paulina Riveros para adelantar actuaciones sobre ese expediente.

    La entrega del inventario de folios y soportes digitales de las investigaciones fueron recibidas por funcionarios de la unidad delegada ante la Corte Suprema de Justicia y Control Interno de la Fiscalía, de acuerdo a la información divulgada este sábado por el ente acusador.

    Espinosa tenía a su cargo tres líneas de investigación del proceso y una de las actuaciones que se le conoció fue la reapertura del expediente contra las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por las presuntas anomalías en los trámites del contrato Ruta del Sol 2.

    Con respecto a la entrega del material, la Fiscalía añadió que “las diligencias se adelantaron garantizando en todo momento la protección y reserva judicial de la información, y el detalle de la misma está contenido en las actas que fueron suscritas por los funcionarios que estuvieron presentes en el procedimiento de entrega y recepción de expedientes”.

    Espinosa, quien venía de la academia, reveló esta semana una serie de irregularidades mientras estuvo encargado de la investigación por el entramado de corrupción. “Revisando algunos documentos empezamos a evidenciar que había ciertos trámites como demoras en la ordenes de captura, vimos demora en lo que respecta a situaciones de dar aviso a la Interpol para emitir circular azul. Esas circunstancias las informamos al fiscal, para que nos compartiera o solicitara a los fiscales encargados las explicaciones de las mismas”, dijo horas después de que la Corte Suprema de Justicia aceptara la renuncia de Martínez Neira, motivo por el que la función del ad hoc no tiene fundamento.

    El fantasma de los ‘falsos positivos’ volvió a asustar al país

    El fantasma de los ‘falsos positivos’ volvió a asustar al país


    Uno de los crímenes más cruentos cometidos en el conflicto armado en Colombia fueron los mal llamados ‘falsos positivos’, la expresión eufimística con la que se conoce a las ejecuciones extrajudiciales cometidas a finales de la década del 2000...

    Uno de los crímenes más cruentos cometidos en el conflicto armado en Colombia fueron los mal llamados ‘falsos positivos’, la expresión eufimística con la que se conoce a las ejecuciones extrajudiciales cometidas a finales de la década del 2000 por miembros de las Fuerzas Militares que asesinaban a jóvenes de extracción humilde para hacerlos pasar como ‘bajas’ en combate, a cambio de reconocimientos, bonificaciones e incluso permisos.

    Aunque las familias víctimas de estos miles de crímenes aún están a la espera de conocer la verdad de lo ocurrido, quienes han investigado estos hechos han atribuido a una directriz del Ministerio de Defensa de la época, durante el gobierno de Álvaro Uribe, no haber ordenado estas conductas, pero sí haberlas propiciado, al evaluar los resultados de la Fuerza Pública con base en las muertes registradas en combate. A mayores bajas del “enemigo”, más exitosa se consideraba la una unidad militar.

    El fantasma de esta época vergonzosa para las Fuerzas Militares del país volvió a rondar esta semana, por cuenta de un artículo de The New York Times, que reveló varias directrices del comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en las que ordena a sus hombres duplicar sus resultados, los cuales se calculan, según el diario, con base en la suma de bajas en combate, capturas y rendiciones del enemigo. Directrices que se asemejan peligrosamente a las dictadas en la época de los ‘falsos positivos’.

    Aunque The New York Times precisó en la carta con la que respondió a las críticas del Gobierno contra el artículo que nunca dijo que estas directrices sean contrarias a la Constitución, el problema no esta, como ocurrió en la década del 2000, en lo que se ordena en ellas, sino en el efecto que pueden generar en las tropas.

    Como lo afirman algunos analistas, la exigencia de resultados a la Fuerza Pública, si se hace a cualquier costo y sin tener en cuenta las circunstancias en las que se desarrolla el conflicto en cada región en particular, puede llevar a que algunos militares, si no están lo suficientemente comprometidos con los derechos humanos, puedan cometer excesos.

    De acuerdo con el coronel (r) Carlos Velásquez, los primeros responsables de cómo se comportan los militares son las autoridades civiles. Por eso, los gobernantes deben cuidar mucho cuál es el mensaje que transmiten a la Fuerza Pública sobre lo que esperan de ella.

    Para Velásquez, quien es ahora catedrático, las tres primeras acciones del presidente Duque fueron muy dicientes: “estuvo en San Andrés en el tema de soberanía y eso está bien, pero luego se fue para el Catatumbo (Norte de Santander) y dijo ‘tienen 180 días para dar resultados’, y en Nariño dijo ‘tienen 100 días para dar resultados y no quiero más Guacho’”.

    Según el coronel (r), ese mensaje lo reforzó el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien al posesionarse de su cargo, “habló de recobrar el impetú de los resultados”, así como miembros del Centro Democrático, como María Fernanda Cabal, que acusaron a la anterior cúpula militar de “inservible” y de “muy blandita” contra la delincuencia.

    El esfuerzo por ganarse la confianza de la ciudadanía y el apoyo a la construcción de paz después de la firma del acuerdo con las Farc, quedaron a un lado en el discurso oficial frente a la Fuerza Pública, según Velásquez.

    El Gobierno, en las respuestas que ha dado a la publicación de The New York Times, ha insistido en que la exigencia de resultados a la Fuerza Pública no es, bajo ninguna circunstancia, una invitación a cometer violaciones a los derechos humanos.

    “La Política de Seguridad y Defensa tiene como eje transversal el respeto a los derechos humanos”, manifestó el ministro Botero y aseguró que, contrario a lo dicho por el The New York Times, este gobierno ha privilegiado las desmovilizaciones sobre las capturas y las capturas sobre las muertes en operaciones militares.

    “El 97 % de resultados operacionales se refieren a desmovilizaciones y capturas”, manifestó el ministro, que agregó que incluso en este gobierno se han dado menos bajas en combate que los anteriores.

    Para despejar el fantasma de las violaciones a los derechos humanos, el presidente Duque anunció este viernes la creación de una comisión que deberá encargarse de analizar las órdenes, manuales y documentos de las Fuerzas Militares, con el fin de evaluar si los protocolos de estas se adaptan a las normas internacionales en materia de derechos humanos.

    La Comisión, que será integrada por Hernando Yepes, Mauricio González y Alfonso Gómez Méndez, tendrá la responsabilidad de evitar que la tragedia de los ‘falsos positivos’ vuelva a presentarse en el país.

    ¿Será suficiente esta comisión para conjurar el fantasma de los ‘falsos positivos’? ¿Está o estuvo el país ante un riesgo real de que volvieran estas conductas?

    El analista Jairo Libreros asegura que hasta la fecha no hay registros conocidos de que en los últimos meses se hayan cometido ejecuciones extrajudiciales como resultado de las directrices reveladas por el New York Times.

    Sí hay un caso concreto, la muerte de Dimar Torres, el excombatiente de las Farc asesinado en Convención, Norte de Santander, por la cual ya hay investigaciones contra miembros de la Fuerza Pública, pero aún no hay claridad para determinar si se trató de un caso particular o si tuvo alguna relación con la exigencia de resultados.

    Para Libreros, la Comisión anunciada por el presidente Duque debe ser efectiva y no puede haber lugar para que los casos de ‘falsos positivos’ lleguen a ocurrir, pues estamos bajo la lupa de la comunidad internacional y en especial de Estados Unidos.

    Así lo demostró un comunicado emitido este viernes por la embajada de ese país, en la que señaló que “es del interés de Estados Unidos una Colombia más fuerte y estable que proteja los derechos humanos”.

    “Si (la comisión) se creó como cortina de humo está llamada a fracasar y nos pone en situación de descertificación en derechos humanos de parte de los Estados Unidos”, aseguró Libreros.

    Como lo han advertido varios analistas, si bien la publicación del New York Times generó un enorme revuelo en el país, es preferible que el tema se haya planteado en este momento y no, como ocurrió en la década del 2000, cuando ya había miles de muertes qué lamentar.

    Presidente Iván Duque ya sancionó la ley del Plan Nacional de Desarrollo

    Presidente Iván Duque ya sancionó la ley del Plan Nacional de Desarrollo


    Pidiendo dejar atrás los sesgos ideológicos y la “ponzoña” para apostar por el fracaso, este sábado el presidente de la República, Iván Duque, sancionó en Valledupar, Cesar, el Plan Nacional de Desarrollo, denominado “Pacto por Colombia,...

    Pidiendo dejar atrás los sesgos ideológicos y la “ponzoña” para apostar por el fracaso, este sábado el presidente de la República, Iván Duque, sancionó en Valledupar, Cesar, el Plan Nacional de Desarrollo, denominado “Pacto por Colombia, Pacto la Equidad”, el cual le permitirá sacar adelante sus principales propuestas de gobierno.

    Duque aprovechó el marco del Taller Construyendo País para hacer la puesta en marcha de la llama ‘Hoja de ruta’ de su gobierno, pero lo hizo, de forma insistente, con un mensaje del llamado a la unidad y dejar de lado las voces de división.

    Sostuvo que hay “que dejar atrás esos sesgos ideológicos, la ponzoña para apostar al fracaso del prójimo” y destacó que por el contrario “estamos jalonando para el mismo lado”.

    Resaltó los distintos aspectos del plan de desarrollo, el cual estará vigente hasta el año 2022, y destacó capítulos como el de las mujeres, los discapacitados y el de etnias y afrocolombianos, entre otros.

    Insistió en que este plan fue preparado en las regiones, los talleres y la amplia discusión que se dio en el Congreso de la República, en donde se debatió por cerca de tres meses.

    El jefe del Estado sostuvo que “este país no está polarizado, algunos que quieren estar en el ejercicio de la segregación, Colombia piensa en las soluciones”. Para el mandatario hay una “minoría que quiere llamar a la protesta, una minoría que pretende siempre destruir, este es un país que está compuesto por una ciudadanía que quiere construir”.

    Frente al tema de la paz, el presidente Duque insistió que “por años nos quisieron dividir entre amigos y enemigos, todos los colombianos queremos la paz, una paz con verdad, justicia, reparación y no repetición”.

    Indicó que “el llamado es que nos pongamos de acuerdo en las agendas del legislativo y seguir trabajando de la mano con el gobierno que quiere expedir los decretos... no nos dejemos llevar a los debates de la pequeña política”.

    EL PLAN

    La ley del PND tiene 336 artículos, se fundamentó en los pilares de legalidad, emprendimiento y equidad. El valor se estima en 1.096 billones de pesos a precios de 2018. El 47 por ciento, 510 billones de pesos, serán orientados al Pacto por la Equidad.

    El plan espera aumentar el PIB potencial del 3,3 al 4,1 por ciento; crear 1,6 millones de empleos adicionales; sacar a casi 3 millones de colombianos de la pobreza, a 1,5 de personas de pobreza extrema y a 2,5 millones de personas de pobreza multidimensional; alcanzar una mayor productividad (pasar del 0,65 al 1,1 por ciento) y una mayor inversión (pasar del 22 al 26,1 por ciento).

    OTRAS METAS

    - Pasar de 1,2 a 2 millones de niños beneficiados con educación inicial, en el marco de la atención integral para la primera infancia.

    - Duplicar el número de estudiantes en jornada única, de 900 mil a 1,8 millones.

    - Beneficiar a 320 mil jóvenes con un avance gradual en gratuidad de los sectores más vulnerables de la población.

    - Llegar a 500 mil jóvenes colombianos con el programa ‘Jóvenes en Acción’ y programas de formación tecnológica.

    PACTOS REGIONALES

    Pacto Región Pacífico (Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca): diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo sostenible.

    Región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre): una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad.

    Seaflower Region (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina): una región insular próspera, segura y sostenible.

    Región Central (Bogotá, D.C., Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima): centro de innovación y nodo logístico de integración productiva nacional e internacional.

    Región Santanderes (Norte de Santander y Santander): eje logístico para la competitividad y sostenibilidad.

    Región Amazonía (Amazonas, Putumayo, Guainía, Caquetá, Guaviare y Vaupés): desarrollo sostenible por una Amazonía viva.

    Región Eje Cafetero y Antioquia (Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda): Conectar para la competitividad y el desarrollo logístico sostenible.

    Región Llanos - Orinoquía (Arauca, Casanare, Vichada y Meta): conectar y potenciar la despensa sostenible de la región con el país y el mundo.

    Región Océanos: Colombia potencia bioceánica.

    Violencia sexual en el conflicto armado ha afectado a 26.534 mujeres

    Violencia sexual en el conflicto armado ha afectado a 26.534 mujeres


    La violencia sexual utilizada como arma de guerra en Colombia ha dejado desde el 1 de enero de 1985 la dolorosa cifra de al menos 26.534 mujeres afectadas, según cifras reveladas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.A...

    La violencia sexual utilizada como arma de guerra en Colombia ha dejado desde el 1 de enero de 1985 la dolorosa cifra de al menos 26.534 mujeres afectadas, según cifras reveladas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas.

    A propósito de la conmemoración este sábado del Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual, el Gobierno colombiano indicó en un informe que entre 2012 y el 30 de abril de 2019 han sido incluidas en el Registro Único de Víctimas (RUV) 26.534 afectadas por ese flagelo en el marco del conflicto armado.

    La cifra de las mujeres que fueron objeto de los delitos contra la libertad y la integridad sexual incluye hechos ocurridos desde el 1 de enero de 1985, según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

    El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, afirmó que “en los últimos años 7.494 mujeres han recibido indemnización administrativa y 2.712 han participado en la estrategia de reparación”.

    Con esta acción, el Gobierno pretende “reconocer la valentía, trabajo y resistencia de miles de mujeres víctimas de violencia sexual, reivindicar su dignidad y rechazar este delito”.

    Como mecanismo preventivo de dicha violencia se han desarrollado acciones para generar condiciones de estabilidad socioeconómica a través de la promoción de acceso a educación, vivienda, identificación, seguridad alimentaria, salud, reunificación familiar y generación de ingresos.

    Otras estrategias dirigidas a las víctimas del conflicto, que benefician también a las afectadas por las agresiones sexuales, son la “Estrategia de Recuperación Emocional Individual”, que brinda acompañamiento psicosocial y en la que han participado hasta abril de este año 1.115 mujeres, y la “Estrategia de Recuperación Emocional Grupal”, a la que han accedido 3.450 personas.

    El procurador general colombiano, Fernando Carrillo, denunció este sábado en un acto público que “los delitos sexuales siguen en aumento desproporcionado a nivel nacional”.

    Según Carrillo, “esas conductas tienen casi en un 90 % como víctimas a las mujeres”, por lo que se necesita “sacar los casos de la oscuridad y ponerlos en la mitad de las preocupaciones de la agencia pública”.

    Precisamente, la periodista Jineth Bedoya Lima, secuestrada y agredida sexualmente el 25 de mayo de 2000 cuando realizaba una investigación sobre el tráfico de armas al interior de la Cárcel La Modelo de Bogotá, que involucraba a miembros de las ahora desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), este sábado de nuevo alzó la voz contra el delito que padeció.

    “Por las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual ni un solo día dejaremos de trabajar para reivindicar sus derechos, su dignidad, su justicia y su vida”, indicó la comunicadora en Twitter.

    Desde 2009, Bedoya comenzó la campaña “No es hora de callar” para incentivar a las víctimas a denunciar y, finalmente, mediante el decreto 1480 de 2014 el Gobierno nacional estableció el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual.

    “Las víctimas de violencia sexual en Colombia han roto el silencio con valentía. A pesar de la historia de violencia y guerra en el país han utilizado su experiencia como sobrevivientes dando un ejemplo de esperanza al mundo”, dijo a su turno la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en un comunicado.

    El organismo, que resaltó en el texto la labor de Bedoya, sostuvo que “la violencia sexual en los conflictos es una expresión extrema de la discriminación y violencia contra las mujeres, niños y niñas y una amenaza para la seguridad colectiva” ya que “sus efectos pueden transmitirse de generación en generación”.

    Admiten primeras cinco demandas contra los congresistas ‘más vagos’

    Admiten primeras cinco demandas contra los congresistas ‘más vagos’


    El Consejo de Estado admitió las primeras cinco demandas interpuestas por le veeduría ciudadana ‘Trabajen Vagos’, en contra de igual número de congresistas que habrían cobrado su salario normal, pese a que se ausentaron injustificadamente en...

    El Consejo de Estado admitió las primeras cinco demandas interpuestas por le veeduría ciudadana ‘Trabajen Vagos’, en contra de igual número de congresistas que habrían cobrado su salario normal, pese a que se ausentaron injustificadamente en varias sesiones de plenarias entre 2014 y 2018.

    “¡Por fin! admitidas las 5 primeras demandas de Trabajen Vagos contra los 5 primeros congresistas de nuestro ranking. Queremos transformar la cultura del ausentismo en el Congreso y daremos la pelea ante el Consejo de Estado con el apoyo de todos los colombianos”, publicó en su cuenta de Twitter Catherine Juvinao, representante de la veeduría ciudadana.

    Los congresista demandados por ‘Trabajen Vagos’ fueron David Barguil, Luis Eduardo Díaz-Granados, Cristóbal Rodríguez, Alfredo Ape y Jaime Felipe Lozada.

    “Es una acción de pérdida de investidura que es una acción Constitucional, contra esos congresistas por los que votaron los colombianos y que no son dignos, porque no están cumpliendo con su deber constitucional fundamental que es representar nuestros intereses en el proceso de diseño de las leyes, en el diseño de la Constitución y en las funciones legislativas”, explicó Juvinao.

    En las próximas semanas la veeduría ciudadana espera interponer nuevas demandas en contra de los demás congresistas ausentistas en el país.

    Así va el país tras un año de aceptación en la OCDE

    Así va el país tras un año de aceptación en la OCDE


    Se cumple un año desde que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) hizo oficial el ingreso de Colombia al que se considera es el club de buenas prácticas financieras. Tras cinco años de proceso de adhesión el país...

    Se cumple un año desde que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) hizo oficial el ingreso de Colombia al que se considera es el club de buenas prácticas financieras. Tras cinco años de proceso de adhesión el país logró sortear los 23 comités en los que el organismo pedía políticas y planes de ejecución acordes con los estándares internacionales en materia de trabajo, medicamentos, propiedad intelectual, chatarrización, medioambiente, entre otros.

    El proceso para el país no fue fácil, fueron varios los palos que se pusieron en la rueda. Uno de los obstáculos más complicados de sortear apareció en abril del año pasado, a poco más de un mes de la aceptación definitiva de la Ocde. En ese momento los pendientes en temas concernientes a propiedad intelectual se evidenciaron luego de que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos pusiera a Colombia en la categoría más baja sobre derechos de autor.

    “Cuando llegamos había grandes desafíos: el cumplimiento de los acuerdos posacceso, que empezó el Gobierno anterior, además de oficializar el ingreso. En ese sentido, la Ocde está muy satisfecha, a principios de este año José Ángel Gurría (secretario general de la Ocde) emitió un comunicado de prensa en el que se hacía referencia a la tranquilidad del organismo frente a los compromisos plasmados en el PND”, afirmó Lucas Gómez, director de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas en el Departamento Nacional de Planeación, encargado de la secretaría técnica de la Ocde.

    Precisamente esas exigencias que hizo el organismo al momento de avalar la adhesión de Colombia suponían la implementación de una serie de políticas gubernamentales que empezarían a cambiarle la cara a Colombia, con la idea de contar con procesos más eficientes, políticas de gestión económica y planes que fueran en pro del mejoramiento de aspectos fundamentales como el medioambiente.

    ¿En qué estamos?

    Colombia, desde el Gobierno de Juan Manuel Santos, viene haciendo esfuerzos para cumplir con las exigencias del organismo. Desde contar con un plan que agilice trámites empresariales, hasta la ejecución de iniciativas de chatarrización para vehículos obsoletos han pasado a ser parte, entre otros, del Plan Nacional de Desarrollo (PND), aprobado recientemente por el Congreso.

    “Cumplir esos temas de posacceso era lo fundamental, y si se mira nuestro Plan Nacional de Desarrollo se incluyeron las grandes apuestas que tienen los sectores que quedaron con compromisos frente a la Ocde. En temas de químicos, medioambientales, transporte y transparencia, por ejemplo”, agregó Gómez.

    En ese sentido, el Plan autorizó la creación de un Fondo Nacional de Modernización del Parque Automotor de Carga, liderado por el Ministerio de Transporte, además de incentivos financieros a aquellas compañías que generen o utilicen energías renovables para su funcionamiento. Sumado a esto, y en temas laborales (uno de los comités más exigentes de la Ocde) se empezarán a hacer esfuerzos para que las plataformas digitales cuenten con condiciones para la prestación de servicios y seguridad social que se generen del uso de plataformas como Uber o Rappi.

    Punto sobre el que tanto la misma Ocde como la Cepal han ido más allá y han llamado la atención en países como México, con la idea de que se generen cargas impositivas al ejercicio de estas plataformas con el fin de formalizar su uso laboral, pero también para aumentar el recaudo fiscal.

    “Todavía hay mucho por trabajar, el ingreso no ha sido prenda de garantía para que el país cuente con los mecanismos sancionatorios que se necesitan para temas relacionados a delitos financieros. Problema número uno que debemos atacar, pero que en realidad no se está cumpliendo”, puntualizó José Roberto Acosta, profesor experto en empresas y miembro de la Red por la Justicia Tributaria.

    Lo que viene

    Además de los avances que se han tenido en el PND, el país sigue pendiente de confirmar su adhesión a la organización. En primer lugar se necesitó el visto bueno desde el Congreso. En ese punto fueron dos los convenios aprobados: el de adhesión que sancionó el presidente el pasado 8 de enero, además del convenio de privilegio e inmunidades.

    “Una vez inició la legislatura este año y en medio del PND logramos moverlo. Ese convenio de privilegios e inmunidades es un acuerdo de marco general, y estamos pendientes de que el Congreso haga el envío oficial a Presidencia, que el presidente sancione y pase a revisión de constitucionalidad”, recordó Gómez (ver Paréntesis).

    Lo que falta entonces es que la Corte Constitucional lleve a cabo los estudios necesarios para que en los documentos no exista algún tipo de inconstitucionalidad. En ese sentido, según la Secretaría Técnica de la Ocde, la línea de tiempo que se ha trazado para oficializar ese ingreso es septiembre-octubre de este año: “respetando los tiempos de la Corte Constitucional, pero también esperando que el trámite se dé lo más pronto posible”.

    José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, dijo que espera en dos semanas empezar las reuniones microministeriales en la Ocde para trabajar temas concernientes a la cartera. “Le vamos a sacar provecho; estar en ese club nos va a ayudar, por ejemplo, a generar mayor inversión extranjera”.

    Una vez surtidos los procesos de revisión en la Corte Constitucional, Vivian Morales, embajadora de Colombia en Francia (sede de la Ocde), entregará la documentación necesaria, y al país le quedará pagar la membresía por 3,6 millones de euros (4 millones de dólares), durante los primeros tres años de estadía; después serán 2,6 millones de euros (es decir, 2,9 millones de dólares) que se pagarán una vez al año.

    Los 11 nombres que estarán detrás de la nueva junta directiva de Avianca

    Los 11 nombres que estarán detrás de la nueva junta directiva de Avianca


    Los Accionistas de Avianca Holdings S.A. tuvieron una reunión extraordinaria en la que adoptaron una enmienda al Pacto Social de la Compañía.Dentro de los artículos que se aprobaron, se estipuló que desde ahora “la Junta estará compuesta por no...

    Los Accionistas de Avianca Holdings S.A. tuvieron una reunión extraordinaria en la que adoptaron una enmienda al Pacto Social de la Compañía.

    Dentro de los artículos que se aprobaron, se estipuló que desde ahora “la Junta estará compuesta por no menos de 11 y no más de 14 directores” y agregan que en la enmienda que “la mayoría de estos directores deberá estar constituida en todo momento por individuos que califiquen como “independientes” de acuerdo con las reglas y normas de la Bolsa de Valores de Nueva York”.

    De esta manera, Kingsland Holdings Limited también tomó la decisión de cambiar la Junta Directiva de la compañía. Por lo que ahora estará presidida por Roberto Kriete y conformada por Richard Schifter, Sergio Michelsen, Fabio Villegas, Álvaro Jaramillo, Óscar Darío Morales, James Leshaw, Juan Emilio Posada, Jairo Burgos, Rodrigo Salcedo y Roberto Zamora.

    Cabe resaltar que esta nueva junta cuenta con la presencia de tres ex presidentes de Avianca y varios expertos globales en el sector aeronáutico, por lo que ha sido calificada por la compañía como de “primer nivel”.

    Además, Kriete aseguró que ven “un futuro muy positivo para todos los colaboradores, acreedores, proveedores, accionistas y especialmente para los clientes de Avianca. Mi función es impulsar un equipo y una Junta Directiva muy capaz, que tenga las habilidades necesarias para liderar realmente la transformación de Avianca. Tenemos muchas oportunidades a futuro y trabajando juntos, estaremos a la altura de este desafío”.

    Por su parte, Renato Covelo, CEO encargado de la compañía, dijo que el cambio es positivo para el gobierno corporativo de la compañía, pues “es una clara muestra de la confianza de los accionistas en la aerolínea y en el plan de transformación que hoy está en marcha. Nuestro foco sigue en buscar un modelo rentable con eficiencia operacional y brindando el mejor servicio a nuestros clientes”.

    Siguen las afectaciones a Avianca por cuenta del paro de pilotos

    Pasados dos años del paro de pilotos, que fue la punta de lanza de la crisis que enfrenta Avianca actualmente, ayer se conoció que Renato Covelo, el CEO encargado de Avianca, podría enfrentarse a una condena de cinco días de cárcel, por incumplir un fallo de tutela. Esta orden fue impuesta por el juzgado 21 de conocimiento de Bogotá después de estudiar el recurso que presentó el piloto Julián Gustavo Pinzón Saavedra y encontrar que la aerolínea había violado el derecho al debido proceso cuando despidió al piloto después del fin de la huelga de 2017.

    Duque pidió apoyo al Consejo Gremial para revisar acuerdos de paz

    Duque pidió apoyo al Consejo Gremial para revisar acuerdos de paz


    El presidente de la República, Iván Duque Márquez, le pidió apoyo al Consejo Gremial en la discusión que abrió esta semana para buscar un acuerdo nacional alrededor de la revisión de los acuerdos de paz con las Farc.“El presidente abrió la...

    El presidente de la República, Iván Duque Márquez, le pidió apoyo al Consejo Gremial en la discusión que abrió esta semana para buscar un acuerdo nacional alrededor de la revisión de los acuerdos de paz con las Farc.

    “El presidente abrió la puerta para empezar esa discusión del gran acuerdo que quiere buscar en la revisión de cuáles son las cosas que en materia de verdad, justicia y reparación pueden llegar a mejorar, para que el país no tenga impunidad”, dijo el presidente la Sociedad Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya.

    En la reunión, también se habló de la necesidad de articular los compromisos con el sector privado, para encontrar las medidas para fortalecer la seguridad social y el desarrollo económico.

    El presidente les socializó la creación de una comisión independiente para que analice las órdenes, manuales y documentos de las Fuerzas Militares, con el fin de evaluar si los protocolos de estas se adaptan a las normas internacionales en materia de derechos humanos.

    Fiscalía revela detalles del asesinato de Yuliana Samboní en el juicio a los Noguera

    Fiscalía revela detalles del asesinato de Yuliana Samboní en el juicio a los Noguera


    En audiencia pública que se lleva a cabo en este momento en el Complejo Judicial de Paloquemao en contra de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera, la Fiscalía reveló un video nunca antes visto en el que se evidencia la posible participación...

    En audiencia pública que se lleva a cabo en este momento en el Complejo Judicial de Paloquemao en contra de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera, la Fiscalía reveló un video nunca antes visto en el que se evidencia la posible participación de los hermanos como cómplices en el homicidio de la pequeña Yuliana Samboní, quien murió en manos de Rafael Uribe Noguera, hoy condenado.

    El delegado del ente investigador aseguró que además de alterar la escena del crimen, los hermanos Uribe Noguera estuvieron en el edificio Equus 64, incluso cuando ya se conocía la denuncia de desaparición de la pequeña.

    El material fílmico que fue revelado en medio del juicio que se adelanta a los hermanos deja en evidencia el ingreso de Catalina y Francisco a la edificación.

    De acuerdo con la Fiscalía, el ingreso de Catalina ocurrió, supuestamente a las 3:32 de la tarde. Pasan 10 minutos y su hermano Francisco también llega al lugar e ingresa por la recepción.

    Veinte minutos más tarde, en una cámara externa del edificio, exactamente, en la terraza se ve a Francisco tratando de trepar por uno de los muros para poder ingresar al apartamento 603 que fue donde ocurrió el crimen de la menor.

    Según la Fiscalía, transcurre unos 40 minutos más cuando a las 5:27 de la tarde salen del edificio Francisco, Catalina y Rafael Uribe Noguera. Posterior a ello, el delegado de la Fiscalía aseguró que Rafael habría sido llevado al centro asistencial donde fue atendido y posteriormente capturado por el crimen de la pequeña.

    En la diligencia, también fueron llamados a rendir testimonio dos investigadores quienes verificaron lo más de 200 videos de las cámaras de seguridad que se encontraban en la zona, así como también verificaron uno a uno los mensajes que salieron desde los teléfonos móviles que hoy están en cadena de custodia y fueron usados por los hermanos.

    En audiencia pública, uno de los testimonios promovido por los investigadores da cuenta que los hermanos Uribe Noguera borraron más de 25 mensajes de texto que habían sido enviados entre sí posterior a la muerte de la pequeña.

    LO QUE PASÓ EL 4 DE DICIEMBRE

    Los hechos que tienen a Uribe Noguera en la cárcel y a sus hermanos ante los estrados judiciales ocurrieron el 4 de diciembre de 2016 cuando la pequeña fue raptada por Rafael en una camioneta, en hechos que sucedieron frente a su casa en el barrio Bosque Calderón (Chapinero). En varios vídeos quedó registrado el automóvil en el que fue secuestrada la menor y el trayecto recorrido por Uribe Noguera hasta llegar al edificio en el que asesinó a la niña.

    Horas después, la Policía encontró el cuerpo de la pequeña en el edificio Equus 66, en un apartamento a nombre del arquitecto Uribe Noguera, en el barrio Nueva Granada. Sin embargo, el hombre no fue encontrado allí, dado que estaba recluido en la Clínica Navarra.

    Según la Fiscalía, Rafael Uribe Noguera habría consumido una alta cantidad de drogas y alcohol, al parecer, tras cometer el asesinato y con el fin de ser internado en un centro clínico, para no ser llevado ante las autoridades.

    Entre las más de 100 pruebas que fueron expuestas en el juicio contra el arquitecto, se encuentra un análisis adelantado por Medicina Legal en el que quedó constatado que Rafael Uribe Noguera sí abusó sexualmente de la menor, conclusión que fue obtenida luego de que un juez de Bogotá ordenará a Uribe entregar muestras biológicas a las autoridades.

    En el lugar de los hechos, las autoridades también establecieron que el cuerpo de la menor fue bañado y rociado con lo que se ha dicho era aceite de cocina.

    “No podemos ‘Santrichizar’ el proceso de paz: Procurador

    “No podemos ‘Santrichizar’ el proceso de paz: Procurador


    El procurador general Fernando Carrillo, le solicitó a la Sala de Apelaciones de la JEP que le ordene a la Fiscalía General entregar todas las pruebas que tiene en contra de ‘Jesús Santrich’ para que se revoque la garantía de no extradición. De...

    El procurador general Fernando Carrillo, le solicitó a la Sala de Apelaciones de la JEP que le ordene a la Fiscalía General entregar todas las pruebas que tiene en contra de ‘Jesús Santrich’ para que se revoque la garantía de no extradición.

    De acuerdo con Carrillo Flórez, la Procuraduría radicó la sustentación de apelación para que se revoque en su integridad la decisión de la primera instancia. En este caso, aclaró el procurador que tuvo en cuenta 10 argumentos que fueron presentados ante la Sala de la JEP.

    El jefe del Ministerio Público consideró que “las condiciones para la paz se precisaron en el acuerdo y en las normas adoptadas para su desarrollo por ende la interpretación de las mismas debe ceñirse estrictamente al orden jurídico y no admite extensiones, ni flexibilizaciones. Pretender aumentar el régimen de condiciones benéficas para quienes se acogieron al acuerdo de paz no es procedente, y pone en riesgo la sostenibilidad de la paz”.

    En el segundo argumento, el procurador señaló que la garantía no extradición no es un derecho fundamental o absoluto de aplicación inmediata, es simplemente un beneficio procesal que está sujeto a las condiciones establecidas por la ley, que a su juicio, no puede sobreponerse a la misma. “No sobredimensionemos esa garantía”, sostuvo.

    Por otro lado, el jefe del Ministerio Público aseguró que tal garantía no puede pasar por alto la vigencia y la efectividad en los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de extradición que llevan a garantizar la cooperación entre Colombia y la comunidad internacional.

    “Todos sabemos que la extradición en las últimas décadas ha sido una de las herramientas más importantes en la lucha contra el crimen organizado a nivel global”, dijo Carrillo.

    El procurador también trajo a colación el indictment del excombatiente de las Farc, “la resolución de acusación escrita por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Hernández Solarte constituye claramente una decisión de la justicia del territorio estadounidense que está sustentada en una actividad probatoria en el ámbito de un ordenamiento penal. No es simplemente como lo estableció la sección de revisión, un acto simple de trámite”.

    Para Carrillo Flórez la acusación “no es un papelito de un funcionario de tercera del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Es un documento formal que tiene fuerza y cuya legalidad estamos defendiendo”.

    Según el jefe del Ministerio Público en esta acusación se asegura con certeza que los hechos por lo cuales la justicia norteamericana requiere al excombatiente de las Farc son posteriores al acuerdo de paz, es decir, 1 de diciembre de 2016.

    “Para la Procuraduría la Sección de Revisión de la JEP, tenía potestad exclusivamente para verificar solo la temporalidad de los hechos y no para extender su análisis sobre la materialidad de la conducta, ni mucho menos sobre la responsabilidad penal que de ella se derive”, argmuentó.

    Carrillo Flórez, aseguró que en este caso no existe ningún vacío entre las normas, ni duda sobre que las conductas delictivas del excombatiente se cometieron posterior a la firma final del acuerdo de paz. Prueba de ello, según el procurador, son las pruebas con las que cuenta la Fiscalía que confirman la realización.

    Por esta razón, la Procuraduría aportó certificación de la Fiscalía en la que se consigna que se asignó noticia criminal para investigar una posible organización delincuencial que estaba dedicada al tráfico de droga.

    El procurador recordó que la Fiscalía con base en la declaración de Marlon Marín Marín excombatiente de las Farc e investigaciones extranjeras, dijo “en la ciudad de Bogotá desde aproximadamente el mes de junio de 2017 y hasta abril de 2018 el señor Seuxis Pausias (sic)

    Hernández Solarte Y Armando Gomez España, Fabio Younes Arboleda, Marlon Marin Marin, entre otros, se concertaron con el fin de cometer la conducta de tráfico de estupefacientes en diversas cantidades, desde 1.500 hasta 10.000 kilos”.

    Por último, argumentó que el proceso de paz vale mucho más que episodios individuales como este que, puede que haya sido el primero, pero no va a ser el último. “Debemos ser capaces de ‘desantrichizar’ el Proceso de Paz”, indicó.

    Adujo que “si no queremos que se nos desmorone la paz entre las manos, cumplamos con las reglas de juego establecidas en el acuerdo y no sigamos en la flexibilización de los escenarios de una justicia que no puede desnaturalizarse”.

    Se creará comisión que verifique cumplimiento de DD.HH. en las Fuerzas Militares

    Se creará comisión que verifique cumplimiento de DD.HH. en las Fuerzas Militares


    El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció la creación una comisión independiente para que analice las órdenes, manuales y documentos de las Fuerzas Militares, con el fin de evaluar si los protocoles de estas se adaptan las...

    El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció la creación una comisión independiente para que analice las órdenes, manuales y documentos de las Fuerzas Militares, con el fin de evaluar si los protocoles de estas se adaptan las normas internacionales en materia de derechos humanos.

    Dicha comisión se creará, según el presidente, debido al escándalo que se desató en relación al Ejército Nacional, debido a un artículo del periódico estadounidense The New York Times, en el que se alertó de una directriz que iría en la misma línea que habría dado origen a los llamados falsos positivos, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe.

    “Se ha generado dudas por parte algunos sectores con respecto a la forma con la que se conducen las operaciones. La Fuerza Pública ha venido respondiendo a las inquietudes que se han planteado, pero es muy importante que para el pueblo colombiano no haya la más mínima duda de la excelencia operacional de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, dijo el presidente.

    Según el mandatario de los colombianos el país siempre ha defendido la protección de los derechos humanos al interior de las Fuerzas Militares y por esa razón también le pidió a dicha comisión hacer las recomendaciones que considere necesarias para que Colombia siga avanzando en la excelencia de la Fuerza Pública.

    Duque añadió que para evitar que se sigan haciendo cuestionamientos en la Fuerza Pública, la comisión será conformada por personalidades de larga experiencia como el exmagistardo de la Corte Suprema de Justicia, Hernando Yepes; Mauricio González, expresidente de la Corte Constitucional; y Alfonso Gómez Méndez, exprocurador General de la Nación, quienes trabajarán con la presidencia de la República para evaluar dichos documentos.

    Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, tras conocer la decisión, señaló que aplaude el establecimiento de una comisión independiente para analizar las denuncias formuladas en un artículo del New York Times.

    “Es del interés de Estados Unidos una Colombia más fuerte y estable que proteja los derechos humanos. Es importante que el gobierno colombiano continúe dando prioridad a los derechos humanos, incluyendo avances en algunos casos importantes. Nuestros dos gobiernos trabajan juntos en derechos humanos a través de una variedad de enfoques, que incluyen programas, el compromiso diplomático habitual y los diálogos bilaterales de alto nivel. También interactuamos regularmente con la sociedad civil en estos temas para comprender sus preocupaciones”, agregó la Embajada.

    RESPUESTA DEL GOBIENRO AL NYT

    En relación al editorial del periódico estadounidense The New York Times en el que cuestionó al presidente Iván Duque por el manejo que su Gobierno le ha venido dando a la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, aseguró dichas afirmaciones no son verdaderas.

    “Las actuaciones del Gobierno han venido fortaleciendo el proceso de implementación en cada una de las aristas, en la recuperación de los municipios más afectados por la violencia, en el apoyo a los excombatientes en la gestión de lo que se conocía como la reforma rural integral”, dijo Archila.

    El consejero invitó al medio de comunicación a que en ´honor a su prestigio´ se tome el trabajo de venir a Colombia a que mire las cifras. “Los resultados los tenemos públicos en español y en inglés, así es que debería ser fácil para ellos llegar a las verdaderas conclusiones”, agregó.

    United Airlines tumba a Efromovich de Avianca y da el poder al accionista minoritario Roberto Kriete

    United Airlines tumba a Efromovich de Avianca y da el poder al accionista minoritario Roberto Kriete


    United Airlines, una compañía estadounidense de más de 90 años, inició formalmente los trámites para quedarse con las acciones de la colombiana Avianca Holdings, que en la actualidad pertenece en un 51% al BRW Aviation, del grupo Sinergy, propiedad...

    United Airlines, una compañía estadounidense de más de 90 años, inició formalmente los trámites para quedarse con las acciones de la colombiana Avianca Holdings, que en la actualidad pertenece en un 51% al BRW Aviation, del grupo Sinergy, propiedad del empresario Germán Efromovich. Estas se manejarán a través de un tercero independiente que en este caso será Kingsland, empresa que dirige el salvadoreño Roberto Kriete, y que tenía el 14,4% de las acciones de Avianca Holdings.

    Esta movida sería uno de los mayores cambios de la industria aérea local desde la misma llegada de Efromovich a Colombia en 2004, cuando con cerca de US$64 millones recuperó a Avianca que estaba en el capítulo 11 de la Ley de Quiebras. La inversión se redobló ese mismo año y la segunda aerolínea más antigua del mundo empezó a crecer al punto que el año pasado cerró con 190 aeronaves y transportó a más de 30 millones de pasajeros; lo que le otorgó el segundo puesto en la región.

    La historia de esta jugada de United empezó con la difícil situación por la que estaban pasando las aerolíneas del empresario en Brasil y Argentina, OceanAir y Avian Líneas Aéreas, que operan bajo el nombre de Avianca Brasil y Argentina gracias a un acuerdo de préstamo de la marca, y algunos negocios fallidos en energía del grupo Sinergy, que tenían a Efromovich contra las cuerdas por un préstamo que había pedido a Elliot Management Group, y que posiblemente iba a incumplir.

    Sin embargo, en ese momento (noviembre de 2018) cuando Avianca Holdings (compañía independiente de las otras aerolíneas de la región) firmó un acuerdo comercial con Copa y United se conoció otra carta que tenía Efromovich para solventar la situación financiera. United le prestó a Sinergy US$456 millones, para cumplir con sus otras obligaciones, sin embargo, como garantía de este préstamo estaban las acciones que el Grupo Sinergy, a través de BRW Aviation, tiene en Avianca Holdings, es decir 51,5% de la empresa domiciliada en Barranquilla.

    Hasta ahí todo parecía que iba a funcionar, aunque sea por unos años, ya que la empresa de Efromovich tenía que empezar a pagar el préstamo a partir de noviembre de 2021, sin embargo, en el acuerdo también se incluían algunas condiciones financieras que la empresa cuyas acciones están en garantía debe cumplir, situación que no sé logró como señaló en abril el revisor fiscal como nota a los estados financieros de la empresa.

    Según explicaron algunas fuentes, el concepto por el que hubo un incumplimiento engloba factores como el valor de la acción, índice de ingresos, market share, nivel de liquidez y endeudamiento. Acá Avianca se vio fuertemente afectada por la baja en el precio de sus acciones lo que ha provocado que su capitalización de mercado bajara en cerca de US$510 millones a fines de 2018.

    Con estas condiciones, y este incumplimiento de una cobertura colateral del acuerdo, United empezará un proceso para ejercer sus derechos contractuales y quedarse con las acciones de la garantía.

    Sobre esta operación, y la difícil situación financiera de Avianca Holdings, que tiene préstamos que suman casi US$1.500 millones, United y Kingsland han indicado que “estarían dispuestos a ofrecer un nuevo financiamiento a Avianca, si lo requiere y lo solicita, de hasta US$250 millones, siempre que ciertos compromisos sean asumidos por parte de otras partes interesadas”.

    Kingsland, que era la dueña de Grupo Taca y es dirigida por Roberto Kriete, salvadoreño que está en la junta directiva de Avianca “fue nombrado como tercero independiente en el proceso y obtuvo el derecho de voto que tienen las acciones de BRW en Avianca Holdings”, señaló el comunicado, que agrega que “la labor de Kingsland, accionista de Avianca Holdings, con 40 años de experiencia en la aviación, será alinear todos los esfuerzos con una nueva junta directiva de primer nivel, para apoyar al equipo gerencial de Avianca y así desarrollar su capacidad con el fin de tener éxito en su plan de recuperación”.

    En este sentido hoy se posesionó la nueva junta con Richard Schifter, Sergio Michelsen, Fabio Villegas, Álvaro Jaramillo, Óscar Darío Morales, James Leshaw, Juan Emilio Posada, Jairo Burgos, Rodrigo Salcedo, Roberto Zamora y Roberto Kriete como miembros.

    “Avianca se ha caracterizado por su excelente servicio, calidad y trayectoria en Colombia y la región. Desde Kingsland seguiremos trabajando para apoyar sobre lo que se ha construido. Nuestra experiencia de más de 40 años en la aviación servirá para potenciar a la compañía bajo un buen gobierno corporativo, transparente, que asegure la estabilidad y sostenibilidad financiera de Avianca en el largo plazo en beneficio de los colaboradores, pasajeros y demás partes interesadas, y para generar un ambiente de trabajo enfocado en las personas”, expresó Roberto Kriete, presidente de Kingsland.

    Como reacción a la noticia en el mercado de Estados Unidos la acción sube 22% a US$3,76 y en el mercado local sube 14% a $1.420.

    Plan de desarrollo será sancionado mañana

    Plan de desarrollo será sancionado mañana


    Mañana sábado 25 de mayo, durante el taller Construyendo País en Valledupar, el presidente, Iván Duque, sancionará la ley del Plan Nacional de Desarrollo, cuya inversión está aforada en $1.096 billones. La directora del Departamento de Planeación...

    Mañana sábado 25 de mayo, durante el taller Construyendo País en Valledupar, el presidente, Iván Duque, sancionará la ley del Plan Nacional de Desarrollo, cuya inversión está aforada en $1.096 billones.

    La directora del Departamento de Planeación Nacional, Gloria Alonso, aseguró que “es un Plan de Desarrollo absolutamente pluralista porque todas las bancadas del Congreso contribuyeron con ideas, iniciativas y proposiciones a enriquecer la propuesta que presentó el Gobierno”.

    De acuerdo con la distribución de esos recursos, al pacto por la equidad se destinan $510,1 billones, al pacto por la legalidad $132,7 billones y al pacto por el emprendimiento $27,1 billones.

    Las metas sociales que proyecta el Gobierno Nacional son: sacar a 1.5 millones de personas de la pobreza, sacar a 2,9 millones de colombianos de la pobreza monetaria. que 2,5 millones de personas salgan de la pobreza multidimensional y la Implementación del Sisbén IV en 2020 para focalizar de manera más eficiente los recursos del Estado que se entregan a través de subsidios a la población más vulnerable.

    En materia educativa el PND busca pasar de 1,2 a 2 millones de niños con educación inicial, que el Programa de alimentación Escolar pase de acoger 5,3 millones de niños a 7 millones, implantar la jornada única en colegios públicos a 900.000 niños, aumentar la cobertura en educación superior de 53% a 60% y reducir los tiempos de convalidación de títulos en educación superior para agilizar, simplificar y hacer cada vez más expedito el trámite.

    En salud se buscará saldar la deuda de recobros del régimen contributivo de salud a 31 diciembre del 2019, fortalecer las competencias de inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Salud respecto de la composición de capital o del patrimonio de las EPS y avanzar en la implementación de proyectos de telesalud dirigida a poblaciones apartadas del país.

    Para la vivienda del país el Gobierno quiere que 600.000 hogares sean beneficiados con el mejoramiento de vivienda , otorgar subsidios de arrendamiento para ahorrar y adquirir vivienda nueva a 200.000 hogares.

    En servicios públicos, como uno de los puntos más polémicos durante el debate en el Congreso se mantendrán los subsidios de energía para los estratos 1 (60%), 2 (50%) y 3 (15%), así mismo se quiere que 100.000 nuevos hogares cuenten con servicio de electricidad, un millón de nuevos hogares tengan servicio de gas, proveer a 3 millones de colombianos nuevos agua potable y manejo de aguas residuales y 150.000 hogares beneficiados con programas de sustitución de electrodomésticos de mayor eficiencia energética.

    Como fuerza del crecimiento, en trabajo se crearían 1,6 millones de empleos, aumentar la formalidad a 41,2%, hoy la tasa está en 37%; generar 2 millones de colocaciones de personas a través del Servicio Público de Empleo y la consolidación del Subsistema Nacional de Formación para el trabajo con el fin de mejorar las capacidades de los trabajadores y facilitar su inserción al mercado laboral.

    Para el sector de agrícola se prestará asistencia técnica a 550.000 productores, con la meta al terminar el segundo semestre de 2019, 20.000 productores, beneficiar a 300.000 productores con agricultura por contrato, hasta la fecha, con el programa de ‘Coseche y Venda a la Fija’ se han firmado 5.746 contratos entre agricultores y compradores.

    The New York Times: la paz en Colombia se estaría desintegrando

    The New York Times: la paz en Colombia se estaría desintegrando


    El principal diario estodunidense, The New York Times, en un duro editorial de este viernes cuestionó al presidente de Colombia, Iván Duque, por el manejo que su gobierno viene dando a la paz, lo cual ahondó las diferencias entre el gobierno y ese...

    El principal diario estodunidense, The New York Times, en un duro editorial de este viernes cuestionó al presidente de Colombia, Iván Duque, por el manejo que su gobierno viene dando a la paz, lo cual ahondó las diferencias entre el gobierno y ese periódico.

    El editorial se da luego de que los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Holmes Trujillo y Defensa, Guillermo Botero, le enviaran una carta a ese periódico en donde le reclamaban mayor imparcialidad política en las publicaciones referentes a Colombia, esto luego de un polémico artículo en el cual para el gobierno se estaba diciendo que los falsos positivos habían vuelto como una orden para el Ejército.

    En uno de los apartes del editorial, el Times indica que “hoy, casi tres años después, y con la nación liderada por oponentes de los acuerdos, la paz se estaría desintegrando, lo cual sería un desastre para el país, para la región y para la causa de la democracia”.

    Para el diario estadounidense pese a que el acuerdo de paz llegó a ser considerado como un milagro después de 50 años de guerra, el mismo desde antes de firmarse ya tenía algunos enemigos para que se cumpliera.

    En otro de sus párrafos el artículo indica que “aunque las Farc se ha desarmado y muchos de sus soldados han regresado a la vida civil, el gobierno ha ignorado en gran parte sus promesas que eran vitales para el acuerdo como llevar ayuda y desarrollo a las zonas rurales”.

    Para The New York Times, “el gobierno de Duque y sus aliados de derecha han saboteado un progreso pacífico bajo el acuerdo en el que los guerrilleros debían trabajar con el gobierno en la sustitución de cultivos de coca”, además que advierte que se recortó el presupuesto para tales programas, mientras los cultivos de coca siguen creciendo y los paramilitares y grupos criminales han entrado a controlar las zonas que antes dominaba las Farc.

    Un tema que relaciona la publicación es la relación entre ambos países, y señala que aunque Estados Unidos ha invertido más de 10.000 millones de dólares en Colombia a lo largo de casi 20 años, debería estar empeñado en mantener los acuerdos de paz vivos.

    “Un momento riesgos como este podría ser el ideal para un enfoque empresarial como el que Trump por lo general favorece. Trabajando de la mano con países de la región para asegurarse que Duque se adhiera a los acuerdos, incluyendo la justicia transicional, podría motivar la inversión extranjera en el abandonado campo colombiano. Un tipo de desarrollo que es vital para cualquier esperanza de una paz duradera”, expresa el editorial.

    Tras la publicación del editorial en Colombia varios dirigentes de la izquierda, como los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino, se han expresado resaltando la advertencia de este periódico sobre el futuro que prevé tendrá el cumplimiento de la paz en el país.

    Activan planes de contingencia en La Mojana ante nueva alerta de Hidroituango

    Activan planes de contingencia en La Mojana ante nueva alerta de Hidroituango


    El Gobierno Departamental de Sucre anunció que están siendo activados los planes de contingencia en La Mojana sucreña, por la alerta naranja que emitió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ante el cierre de las compuertas de...

    El Gobierno Departamental de Sucre anunció que están siendo activados los planes de contingencia en La Mojana sucreña, por la alerta naranja que emitió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, ante el cierre de las compuertas de las aducciones 1 y 2 del sistema de casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico Ituango en Antioquía.

    En Sucre, la alerta está vigente para los municipios de Guaranda, San Marcos, Sucre, Caimito, San Benito Abad y Majagual, como consecuencia del evento antrópico generado por la construcción del proyecto Hidroituango, en ejecución por las Empresas Públicas de Medellín (EPM), que ha generado una amenaza por el aumento de caudal del río Cauca.

    “Hemos solicitado el apoyo técnico de la empresa EPM y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para convocar una reunión de carácter urgente en la zona, teniendo en cuenta la alerta que preocupa la región, si se tiene en cuenta que en la anterior ocasión se generaron problemas psicológicos y económicos en la población”, dijo José Nicolás Vega, coordinador de Gestión del Riesgo en Sucre.

    Es así como están participando a través de videoconferencias con el puesto de mando unificado de Hidroituango, en donde están representados los organismos de Gestión del Riesgo y autoridades sucreñas.

    La alerta permite estar preparados en caso de que se de una situación en donde tengan que evacuar a la población, “se trata de activar los planes de contingencia que en la anterior ocasión habíamos preparado, retomarlos con nuevas medidas y recursos, con los alcaldes que están al tanto de esta situación”, dijo Vega Lastre.

    El Gobierno Departamental informó que ya hay personal capacitado previamente y se han señalizado unas rutas de evacuación en los diferentes municipios de La Mojana y coordinan otras acciones con las autoridades muncipales.

    En los municipios de La Mojana están siendo activados los protocolos de emergencia. // MANUEL SANTIAGO PÉREZ

    José Nicolás Vega, coordinador de Gestión del Riesgo en Sucre. // MANUEL SANTIAGO PÉREZ